Cateos y arraigos a cesados de la PGR

Juan Manuel Venegas y Roberto Garduño E. No habían pasado ni 24 horas del despido masivo de 737 agentes y comandantes de la Policía Judicial Federal (PJF), cuando los grupos de agentes especiales que permanecen en la Procuraduría General de la República entregaron a Antonio Lozano Gracia pruebas de los actos de corrupción en los que los cesados están inmiscuidos.

La vigilancia que ordenó el procurador a los más de 700 agentes, subcomandantes y comandantes despedidos arrojó entre la noche del viernes y las primeras horas del sábado, los siguientes decomisos: 20 mil dólares en efectivo; diez automóviles robados y un número ``indeterminado'' de procedencia extranjera, cuyos datos se están verificando con las autoridades hacendarias; drogas, principalmente cocaína y mariguana, y armas de grueso calibre, fusiles de 9 milímetros y cuernos de chivo.

En el informe inicial sobre la investigación que se sigue a los agentes y comandantes federales cesados por el procurador Antonio Lozano Gracia, destaca la detención de nueve ex oficiales de la corporación.

El proceso de cese masivo del personal de la PJF comenzó la noche del jueves pasado, cuando todos los elementos de la corporación, tanto en el Distrito Federal como en las 31 entidades, recibieron un oficio en el que se indicaba que debían presentarse, a partir de las siete de la mañana, en su respectiva plaza para iniciar el proceso de recredencialización que se les anunciaba.

En el caso de los 32 subdelegados (comandantes) estatales fueron requeridos para concentrarse en la sede de la PJF, en Reforma y Jaime Nunó, en la ciudad de México.

A los agentes y subcomandantes destacamentados en la capital del país, los dividieron en tres puntos, con el objetivo de pasar a una revisión rutinaria de sus armas y de sus documentos de identificación.

En el Campo Militar Número Uno se presentaron 200 agentes y subcomandantes; a la sede del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD) llegaron otros 150, y el resto se concentró en las oficinas de Jaime Nunó y Reforma.

Los 4 mil 200 elementos del cuerpo policiaco fueron citados con el argumento de que recibirían una nueva credencial.

Sin embargo, desde las oficinas de la Subprocuraduría General de la República ya se habían boletinado las listas con los nombres de los 737 agentes, subcomandantes y comandantes que serían cesados por no reunir el perfil ético que la PGR requiere.

De la sorpresa al encabronamiento

Los federales, uno a uno, pasaron lista. Los que se salvaron de la ``purga'' efectivamente recibieron y firmaron su nueva identificación y reportaron el tipo de arma que portan.

Algunos preguntaron: ``¿Y la charola?''.

La explicación fue sencilla: ``A partir de este día ya no habrá huevos (como también se les conoce a las charolas por su forma ovalada, semejante en tamaño a un huevo)''.

Los despedidos, incrédulos exigían más explicaciones. No las hubo, simplemente se les informó de su separación de la PJF, unos por ``corruptos'', otros porque son investigados por presuntas ligas con la delincuencia, y los más por ``poco profesionalismo y escasa capacitación''. En el acto, sin mediar más preguntas ni explicaciones, entregaron armas y charolas.

Otros recibían claramente la señal: debían permanecer en sus domicilios porque estaban siendo investigados. Y a los comandantes de la PJF, quizás por su investidura, se les llegó a informar que habría cateos en sus domicilios.

--``Eso sí me encabrona, a mí me demuestran de lo que me acusan o se chingan'', vociferó uno de esos comandantes.

``A la chingada con su disciplina, yo no vivo de esto'', y dejó en el escritorio de una de las oficinas de la PJF, arma e identificación.

Ganaban 7 mil pesos... conducían autos de lujo

Los comandantes de la PJF tienen un sueldo nominal de 7 mil pesos, y un agente no percibe más de 3 mil 800 pesos mensuales. Ese es el sueldo, y ahí empieza la regla de este oficio: bajos salarios, arriesgando la vida. Pero mas allá de esta regla, queda perfectamente claro que ``no viven de esto''.

Los reportes oficiales indican que se les ha decomisado autos robados que manejaban por la ciudad amparados en su charola; los agentes traían también autos extranjeros, si no de modelo reciente, sí de lujo. Algunos en sus casas, que ya han sido cateadas, escondían cocaína o mariguana.

En tanto, a sus jefes se les ha descubierto bienes inmuebles nunca declarados, joyas, vehículos último modelo, drogas, y armas.

Empezó el coyotaje

Desde temprana hora del sábado la sede de la PJF se vio rodeada por supuestos abogados o ayudantes de despachos jurídicos que, sabedores del despido masivo, ofrecieron sus servicios a los agentes separados.

La PGR informó que la recontratación está totalmente descartada, e insistió en que no habrá marcha atrás en la decisión del procurador por depurar la institución.

Los abogados, sin embargo, se acercaron a cuanto agente distinguieron en la explanada de la PJF. Incluso a uno de éstos, despedido porque portaba tres charolas, lo alentaron: ``No te preocupes, si ese es el motivo de tu despido, te puedes amparar''.

Dirigentes del PRD consideraron que el cese de más de 700 empleados judiciales ``es una medida desesperada para pretender lavar la imagen de inoperancia de los políticos panistas'' que están al frente de la PGR, luego ``de los últimos fracasos'' en el caso Colosio; mientras que para el dirigente nacional del PAN, Felipe Calderón, y para jerarcas católicos la decisión es ``valiente'' y permitirá avanzar contra la corrupción.

Samuel del Villar, asesor principal de la presidencia perredista, indicó ayer que el desplazamiento de cientos de empleados ``amerita una explicación pública, convincente, de parte del procurador Antonio Lozano Gracia, de los delitos o responsabilidades de los que se hicieron acreedores''.

El perredista René Bejarano sostuvo que la decisión del despido masivo de judiciales ``está fuertemente influida por el fracaso del caso Colosio, el deslinde que el PRD hizo sobre el nombramiento del fiscal y la denuncia de corrupción del agente Ontiveros''.

Dijo que ``se trata de un acto espectacular que busca recobrar credibilidad de Ernesto Zedillo y Lozano Gracia, y no lo van a lograr con esas medidas, porque después de dos años no han logrado encontrar responsables en el caso Colosio''.

Por su parte, el diputado del Partido de la Revolución Democrática, César Chávez, advirtió que ``en todo el mundo ocurre que los ex policías, al no tener trabajo, pasan a engrosar las filas de la delincuencia, pues manejar armas es la única cosa que saben hacer'', mientras que Del Villar criticó la ausencia del servicio público de carrera en la PGR y pidió a la Secretaría de la Contraloría deslinde responsabilidades de los implicados.

Entrevistado en Tlaxcala, el diputado federal, Adolfo Aguilar Zínser, señaló que ``no se puede simplemente cortar a los policías de tajo sin un proyecto de readaptación, para evitar que pasen a ser delincuentes de tiempo completo''. Aguilar Zínser apuntó que son decisiones ``aisladas'' del procurador, que obedecen más a los intereses inmediatos de los funcionarios involucrados que a una visión de cómo depurar a los policías.

Shock radical en la PGR: Calderón

Por su parte, el dirigente nacional del blanquiazul, Felipe Calderón Hinojosa, calificó de ``shock radical'' la ``purga'' realizada por la PGR, y señaló que era público que la corrupción había penetrado ya a la Policía Judicial Federal.

Añadió, al ser entrevistado en Querétaro, que la acción emprendida por Lozano Gracia fue ``decidida y valiente e implicará riesgos incalculables'' para la propia persona del funcionario. Sobre el particular, el dirigente panista hizo un llamado para reconocer ``sin regateo'' la trascendencia de esa acción para terminar con la corrupción acumulada por tantas décadas en la PGR.

Por otro lado, el arzobispo de Hermosillo, Carlos Quintero Arce, y el obispo de Zacatecas, Javier Lozano Barragán, consideraron que la ``purga'' de agentes corruptos o ineficaces en la PGR representa un avance importante en contra de la impunidad, corrupción, mentira e injusticia.

Lozano Barragán, por su parte, recordó que en una reunión que sostuvieron los miembros de la Conferencia del Episcopado Mexicano con el procurador, éste reconoció que 80 por ciento de su personal estaba involucrado en casos de corrupción.

Quintero Arce precisó, a su vez, que si en el despido de agentes federales influyeron razones políticas o de tipo personal, entonces la acción sería criticable.

En Chihuahua elementos de la Quinta Región Militar se hicieron cargo durante 24 horas de la vigilancia en las carreteras y los puntos de revisión, durante el lapso en que los 131 agentes y seis comandantes de la PJF fueron concentrados en la capital.

Situación similar se presentó en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde soldados del Ejército instalaron un retén militar en el kilómetro 26 de la carretera nacional, el cual sustituye al punto de revisión carretero que estaba a cargo de la PGR. Con este puesto se pretende endurecer las acciones contra el narcotráfico y el tráfico de armas (Rosa Icela Rodríguez y Jesús Aranda; Alberto Espinosa, Víctor Hernández, Rubén Villalpando, Alejandro Romero y Carlos Figueroa, corresponsales)