Cierran militares el paso a 75 mil cocaleros en Florencia, Colombia

Ips, Efe, Afp y Ansa, Santafé de Bogotá, 17 de agosto El gobierno de Colombia ratificó este sábado que no aceptará la propuesta de erradicación gradual de los cultivos de hoja de coca en las negociaciones que llevan a cabo con representantes de los campesinos, que este sábado mantienen rodeada Florencia, la capital de Caquetá.

Retenes militares obstaculizan las principales vías de acceso a Florencia para evitar la entrada de unos 75 mil campesinos que reclaman el cese de los programas de erradicación forzosa de cultivos ilícitos por parte del gobierno.

La situación se está volviendo difícil, particularmente en las poblaciones aledañas a esa ciudad, en donde las concentraciones campesinas han comenzado a crear problemas de salud y escasez de alimentos y medicamentos, señaló Asdrubal Zapata, director del hospital local.

Zapata manifestó su temor de que el hacinamiento facilite un brote de epidemias, y se mostró alarmado por el aumento de casos de paludismo, que ya llegan a 20, y las infecciones respiratorias afectan a 300 personas, en especial a las que se han apostado en el puente San Pedro, donde se ubica la concentración más importante.

Los gobernadores de los siete estados del sur de Colombia, Amazonas, Guaviare, Putumayo, Guanía, Vaupés, Caquetá y Vichada solicitaron al presidente Ernesto Samper actuar antes de que sea tarde en la sustitución de los cultivos ilícitos por otros que sean rentables para esas regiones, y terminar con las protestas de los cocaleros.

Reunidos en asamblea este fin de semana, los gobernadores demandaron hacer más eficaz el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo o sustituirlo por otro más positivo, para que los campesinos tengan la oportunidad de mejorar su condiciones de vida.

Indicaron que el problema, aunque se ha querido marginar del contexto nacional, no únicamente atañe a esta vasta región, rica por su ecología, sino que involucra al país entero.

En tanto, las negociaciones que siguen los representantes de los campesinos y la comisión del gobierno en Florencia fueron suspendidas al no llegarse a ningún acuerdo. Los cocaleros exigen el pago de 4 mil dólares por cada hectárea de cultivos ilícitos erradicada, en tanto que el gobierno ofrece 375 y un préstamo de 750 adicionales.

Igualmente, los campesinos reclaman un receso de seis meses en los programas de erradicación de esos cultivos, detener las fumigaciones indiscriminadas que atenten contra los cultivos legales y la atención a sus necesidades básicas de salud, educación, vivienda, así como a sus denuncias sobre violaciones a sus derechos.

El viceministro de Agricultura, Gabriel Echeverry, afirmó que el gobierno rechazó el pedido de remplazo de destrucción gradual de los cultivos de hoja coca y amapola, e indicó que el objetivo del gobierno, que se ha comprometido a erradicar 25 mil de las 40 mil hectáreas sembradas, es acabar inmediatamente con las plantaciones ilegales.

Mientras, el presunto líder guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Juan Rincón, a quien se le responsabiliza de la organización del paro de los campesinos, fue capturado por militares en una zona rural del departamento de Meta. De acuerdo con el general Néstor Mejía Ramírez, comandante del ejército, las FARC reciben un millón de dólares semanales por la venta de hoja de coca, y su labor es proteger los sembradíos ilegales.

En tanto, el presidente del opositor Partido Conservador, Jaime Arias, insistió en que el presidente Samper debe renunciar tras acusarlo de no decir la verdad sobre la realidad política y económica que vive Colombia. Aseguró que la investigación en el Congreso sobre el presunto ingreso de dinero del narcotráfico en la campaña del mandatario en 1994, se hizo de manera sesgada en favor del acusado y bajo presiones del Ejecutivo.

En otro orden, la comisión de Conciliación Nacional, pidió este sábado convocar a una misión de observadores internacionales para avalar el eventual diálogo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y garantizar y velar por los derechos humanos.