En el gobierno de Jalisco, ni proyecto ni coordinación: opositores y críticos

Jesús Aranda, enviado, y Gerardo Rico, corresponsal /I, Guadalajara, Jal., 17 de agosto En 1995 los jaliscienses apostaron en favor de un cambio. Sin embargo, después de 17 meses de administración panista la esperanza se ha visto afectada por el recrudecimiento de la inseguridad pública y una crisis política que va hacia la ingobernabilidad.

De acuerdo con dirigentes priístas y perredistas, así como analistas políticos locales, la crisis en Jalisco parte de una falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y entre los más cercanos colaboradores del gobernador Alberto Cárdenas Jiménez, y de la ausencia de un proyecto gubernamental definido.

El inesperado triunfo panista en los comicios del año pasado propició el nombramiento de empresarios exitosos en puestos clave del gobierno, pero su falta de experiencia en cargos públicos se ha traducido en ineficiencia, así como en la toma de decisiones equivocadas en materia de seguridad y de la administración pública en general.

Esta situación va aparejada con el desastroso estado de corrupción que dejaron las pasadas gestiones priístas y con el endeudamiento de unos 3 mil 300 millones de pesos que heredaron los ex gobernadores Guillermo Cosío Vidaurri y Carlos Rivera Aceves, señalan políticos panistas.

Quienes critican la gestión de Cárdenas Jiménez acusan a los funcionarios del Partido Acción Nacional de una total carencia de autocrítica y de falta de capacidad para impulsar un programa de gobierno.

En tanto, Rafael Vázquez de la Torre, ex dirigente local y reconocido panista de línea tradicional, acepta que los miembros de su partido no esperaban un triunfo en las elecciones para gobernador, Congreso y presidencias municipales: ``Nos faltó gente y se tomó lo que se tenía''.

El ex coordinador de la bancada panista en el Congreso y actual secretario adjunto del CEN del PAN, Tarcisio Rodríguez, afirma que la etapa de ``aprendizaje'' de los panistas en el poder quedó superada y las expectativas económicas y políticas son favorables para la administración blanquiazul.

Sin embargo, el coordinador priísta en el Congreso local, Gabriel Alfaro Anguiano; el líder perredista en Jalisco, Gilberto Parra, y la investigadora de la Universidad de Guadalajara, María Marbán, coinciden en que los panistas llegaron al poder sin tener un proyecto definido de gobierno, situación que aún no ha sido superada.

Agrega Parra que ``en Jalisco no podemos hablar de ingobernabilidad, pero sí estamos próximos a ello'' debido a la falta de consenso e incapacidad para unificar a la sociedad en torno de un proyecto común.

Explica que independientemente de los errores priístas, ``cualquier administración que se encontrara en el poder se habría topado con una situación similar''.

Añade que ``fue tan desastrosa la gestión de Guillermo Cosío Vidaurri y de Carlos Rivera Aceves, y tan graves los problemas que heredaron --por ejemplo, una deuda superior a los 3 mil 300 millones de pesos--, que ``ni el mejor equipo de gobierno hubiera evitado que le estallaran los problemas en sus manos''.

Según cálculos del equipo de Cárdenas Jiménez, la deuda heredada significó en su momento una erogación diaria cercana al millón de pesos.

El gobierno de Jalisco se queja particularmente del endeudamiento ``incontrolable'' que significó la construcción del Tren Ligero --actualmente subutilizado-- y las obras del sistema de alcantarillado, que lo colocaron al borde de la insolvencia.

Baste decir que el gobierno federal otorgó recientemente 500 millones de pesos --Jalisco deberá aportar otros 500 millones-- para reducir el monto de la deuda y los intereses, lo que permitirá equilibrar en parte las finanzas locales.

Como parte del problema de ingobernabilidad, Gilberto Parra advierte que las 49 personas ejecutadas en la zona metropolitana de Guadalajara en 1996, cuyas muertes se relacionan con el narcotráfico --no se ha capturado a los responsables--, y la inseguridad pública pueden ahuyentar el capital nacional y extranjero, además de generar desórdenes sociales.

Para Alberto Cárdenas y su equipo, el hecho de que sus principales colaboradores provengan de la iniciativa privada refleja la pluralidad de su gobierno. Tal es el caso del secretario de Finanzas, José de Jesús Levy García --ex presidente del Centro Empresarial Jalisco (1989-1991) y del Grupo Proficency--; Carlos Petersen Biester, secretario de Desarrollo Urbano --ex presidente estatal de la Unión de Padres de Familia y socio administrador de la Constructora Prys--, y Francisco Javier Mayorga Castañeda, secretario de Desarrollo Rural --ex presidente del Consejo Estatal Agropecuario--, entre otros.

Además, la administración panista destaca la recuperación de 50 mil empleos, la reactivación del campo y el paulatino fortalecimiento de la economía. Desestima, en cambio, críticas como las que originó la participación del gobierno de Jalisco en el mercado de futuro de granos, donde por falta de previsión el fideicomiso creado ex profeso (Fiderur) perdió 10 millones de pesos cuando se pretendió ``proteger'' el trigo de exportación.

La llegada masiva de empresarios a los altos puestos es severamente criticada por representantes priístas y perredistas y por académicos locales, quienes consideran que los efectos negativos superan los alcances positivos de la gestión. Se dice en broma que el gobierno de Cárdenas se parece a las Chivas, porque ``todos se creen estrellas y cada quien jala por su lado''.

Los problemas en el interior del gobierno se agudizaron a partir del 19 de febrero de 1995, cuando policías judiciales estatales intervenieron en el rescate de la joven Elva Rosa Frank, pues en una desafortunada intervención los propios uniformados balearon a la joven y ésta falleció en el operativo.

El incidente evidenció la falta de coordinación entre la Procuraduría General de Justicia de Jalisco, que encabeza Jorge López Vergara, y el entonces director de Seguridad Pública del estado, el capitán Horacio Montenegro.

Todo culminó con la renuncia del militar a su cargo --acusado por la autoridad estatal de haberse equivocado en el operativo--, pero éste aprovechó para acusar a López Vergara de obstruir la labor de la justicia y de permitir la libertad de los narcotraficantes con argucias legaloides.

Narcotráfico e inseguridad pública

La seguridad pública en Jalisco se encuentra seriamente deteriorada. El propio procurador López Vergara reconoció en entrevista que el creciente número de ejecuciones y el aumento del índice delictivo en la zona metropolitana de Guadalajara está relacionado con el narcotráfico.

En los últimos dos meses 49 personas han sido ejecutadas en la zona conurbada de la capital jalisciense, lo cual ha sembrado inquietud entre los tapatíos porque ``su casa'' se ha convertido en un escenario en el que las diferentes bandas se disputan el control del tráfico, del mercado de la droga y particularmente (según la delegación de la PGR en la entidad) del control del lavado de dinero.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial en el estado, Arturo Márquez, reconoce la gravedad de la inseguridad, pero niega que Jalisco sea un lugar propicio para lavar dinero.

Para los actores políticos locales salta a la vista el boom económico que vivió la zona conurbada de Guadalajara, particularmente en Zapopan a partir de 1985, y muchos asocian la creación de plazas comerciales, la intensa actividad inmobiliaria y el crecimiento de empresas de bienes y servicios en esta entidad que se ha convertido en el segundo centro financiero del país.

La investigadora Marbán comenta que, según comentarios de los jaliscienses, la crisis de 1987 ``no se sintió'', y esto se atribuye al dinero ``fresco'' que llegaba en aquel entonces.