Alto a abusos en la Junta Local de Conciliación del DF: trabajadores

Andrea Becerril En el marco de la nueva cultura laboral recién pactada, personal jurídico y administrativo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) del Distrito Federal, demandó la intervención directa del presidente Ernesto Zedillo con el fin de acabar con la corrupción, los abusos de autoridad, el tráfico de influencias y otras muchas anomalías en ese tribunal laboral.

Un grupo de abogados, actuarios, dictaminadores y mecanógrafas de la JLCA advirtieron que insistirán hasta que el primer mandatario los reciba -aun a pesar de que un día antes fueron desalojados por la fuerza de Los Pinos- pues sus denuncias formuladas desde principios de año no han sido atendidas.

Rodolfo Hernández García y Rogelio Hernández Bata, profesores universitarios en derecho laboral, quienes se desempeñaban como dictaminadores en la JLCA, fueron despedidos por haber llevado la denuncia a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.

``Y es que el titular de esa dependencia, Arsenio Farell, de manera absurda remitió nuestra queja a la propia presidenta de la JLCA, Isabel Moles Escobar, quien integró una comisión para investigar supuestamente la denuncia. Se convirtió en juez y parte y luego de un proceso inquisitorial, en que mandó llamar a cada uno de los 13 demandantes, amenazándolos para que desistieran, determinaron que era improcedente''.

Ambos abogados agregan que sólo ellos ratificaron la denuncia y presentaron luego un amparo directo, pero el mismo día que lo hicieron, el pasado 21 de junio, fueron despedidos por instrucciones de Moles Escobar.

Hicieron notar que en los fundamentos de la nueva cultura laboral se insiste en la necesidad de profesionalizar a quienes imparten justicia y se resalta que es prioritario implantar la carrera judicial en todos los tribunales del trabajo.

Sin embargo, en la JLCA capitalina, buena parte de los funcionarios no reúne siquiera los requisitos mínimos, y ha llegado a dirigir las juntas por ser amigos o familiares del grupo que ``junto con Isabel Moles tiene el control del tribunal desde el inicio del sexenio salinista''.

Entre las prácticas de nepotismo y de tráfico de influencias que han venido denunciando, dijeron, está el caso de Fernando Díaz Fernández, quien durante 1995 fue presidente de la Junta Especial 7-bis y, de 1996 hasta hace unas semanas, como presidente de la Junta Especial 3.

Díaz Fernández desapareció una vez que los abogados hicieron público que no cuenta con título profesional para poder ejercer como licenciado en derecho y que inclusive presentó un documento falsificado para ingresar a la JLCA.

Denunciaron que Rosalinda Cruz Gutiérrez, presidenta de la Junta Especial 4 desde 1995, no cumplía con el requisito de un desempeño por cinco años como abogada luego de su titulación. Unicamente fue cambiada de puesto y ahora está en Conflictos Colectivos de la JLCA, ``pese a haber incurrido en usurpación de funciones públicas'', precisaron. ``Todo el sexenio salinista, Isabel Moles mantuvo en la nómina a su hermana Emilia, en un cargo de dictaminadora en que nunca laboró''.

Asimismo, precisaron que la titular de la JLCA otorgó la concesión para el servicio de cafetería y limpieza en ese tribunal, ``a su amigo Roberto Hurtado''.

Desde hace ocho años en que tiene a su cargo la JLCA, Isabel Moles Escobar ``la maneja como su patrimonio personal'', conjuntamente con el secretario general de Acuerdos, Ranulfo Castillo Mendoza. Este, precisaron, nombró a su cuñada, Esther Flores Irene, jefa de la Unidad Departamental de Recursos Humanos, y a sus sobrinos Alex Sahagún Castillo y Ernesto Castillo Arroyo, secretarios de acuerdos.

En tanto, ``las condiciones laborales para el personal jurídico y administrativo son pésimas'': los 40 dictaminadores, encargados de analizar los conflictos y proponer el proyecto de resolución, no tienen ni lugar fijo para realizar sus labores. ``La mayoría escribimos a mano los documentos; no hay secretarias y a veces pagamos de nuestros magros salarios de 5 mil pesos al mes, para que sean mecanografiados''.

Aunque el pasado viernes fueron desalojados de Los Pinos en forma violenta, advirtieron que insistirán para que el presidente Ernesto Zedillo los escuche.