Uno de los problemas más importantes que padece el país es el de la corrupción. No sólo se trata de una vieja moda o de un mal reciente, sino de una dimensión central del sistema político mexicano. Además del origen del fenómeno también es importante, sin duda, su estado actual: ¿estamos igual, peor o mejor que hace unos años? De acuerdo con la percepción ciudadana se puede observar que el problema ha empeorado, casi al ritmo en el que se han deteriorado áreas muy importantes de la vida del país en los últimos tiempos, como por ejemplo, la seguridad pública.

Dichos famosos como el de ``un político pobre es un pobre político'', la ``corrupción somos todos'' y ahora de forma más reciente el destape de la cloaca salinista, simbolizada en los turbios negocios de Raúl Salinas, no son otra cosa que expresiones de un problema sistémico que se repite y que sólo cambia de máscara al paso de los sexenios. Al inicio de cada administración salen a la luz pública ciertos negocios turbios y en consecuencia van a la cárcel algunos importantes funcionarios; con estas purgas se lograba recuperar algo de credibilidad para gobernar. Tal vez, la diferencia sea que hoy en día el problema ha crecido de forma importante, a tal grado que ya se han roto los mecanismos para reproducir la credibilidad. Sin duda, una parte importante de los reclamos democráticos de la ciudadanía tiene que ver con el deseo de que la corrupción disminuya y sea combatida.

Uno de los casos recientes que mejor muestra el carácter global del problema es el de la investigación que realiza la comisión de diputados sobre la Conasupo. Con los primeros resultados que se han dado a conocer se ve que: el manejo sobre las subsistencias populares fue invadido por un grupo que se dedicó a hacer ``buenos negocios'' porque el sistema de controles no ha funcionado. Los nombres de la corrupción en este caso son varios y de acuerdo con los primeros resultados de las audito-rías privadas son: números rojos, ineficiencia, falta de controles, complicidad, sobrepagos (La Jornada, 16/VIII/96). Cada una de estas distorsiones llevan al mismo lugar, es decir, a un sistema de partido casi único, en el que la obligación de rendir cuentas era prácticamente inexistente por la falta de contrapesos y de competencia política; en este sistema se generan dinámicas en las cuales lo importante no es sólo robar del erario, sino que también alcance para tapar las huellas.

Hoy las cosas empiezan a cambiar, pero no sólo porque la crisis ha recortado los recursos y las posibilidades de ``hacer buenos negocios'', sino, sobre todo, porque la competencia está en aumento y propicia que el poder se tenga que ganar o perder en las urnas con el apoyo de los ciudadanos y no sea un bien ilimitado que se hereda y por lo tanto se puede despilfarrar. La oposición ya forma contrapesos, no sólo en los estados que hoy gobierna, sino en el mismo Congreso, como la comisión de diputados que investiga a la Conasupo, en la cual ha sido notable el impulso de los diputados Víctor Quintana y Adolfo Aguilar Zinzer.

Me llamó la atención una encuesta que se hizo en 17 estados del país y el Distrito Federal en la cual se mide las principales preocupaciones de la ciudadanía; después del problema de la crisis económica y de su expresión más grave, el desempleo, la gente está preocupada por la corrupción y por la seguridad pública. En estos datos se pueden destacar tres dimensiones: en primer lugar, el caso que se considera en peor situación es el de la capital del país, curiosamente un territorio en donde el poder viene de una designación y no de una elección; en segundo lugar, las respuestas más altas sobre una disminución del problema se localizan en tres de los cuatro estados en los cuales existe alternancia, Jalisco 38 por ciento, Guanajuato 22 por ciento y Chihuahua 46 por ciento, se trata de regiones con alta competitividad; en tercer lugar, el caso contrario al anterior, es decir, donde la ciudadanía considera que la corrupción más ha aumentado se localiza en cinco estados gobernados por el PRI: Sonora, Tabasco, Chiapas, Yucatán y el estado de México (Reforma, 16/VIII/96).

Está información es coherente con otras encuestas en el DF en las cuales se pide que la principal característica de los próximos gobernantes de la capital sea la honestidad. No se necesita hacer cálculos muy complicados para ver que este reclamo no se le concede al actual partido gobernante, ya que varias de las mediciones de opinión sobre la intención del voto para 1997 se inclinan por la oposición.

Sería un error hacer malos y buenos, corruptos y honestos, lo cual puede ser una dimensión significativa, pero lo importante en este contexto es ubicar las ventajas de la lógica democrática y las preferencias de una ciudadanía que empieza a participar con sus opiniones y su voto.

En este caso y con los datos anteriores, se puede observar que la teoría sí funciona y que su lógica puede ser eficiente para hacerle frente al problema: la democracia genera competencia y la competencia posibilita la alternancia, con el cambio de partido en el poder se necesita gobernar de cara al electorado y rendirle cuentas, y con esta forma de manejar los recursos públicos se puede empezar a disminuir la corrupción.