José Blanco Mejía, ex director de la Facultad de Economía y actual integrante del Consejo Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se incorporará pronto a la lista de candidatos a rector de la máxima casa de estudios y, de entrada, su presencia cambiará el panorama en el proceso de encontrar al sucesor de José Sarukhán Kermez.

El cambio derivado de la casi segura postulación de Blanco Mejía se debe a que aumenta la presencia de representantes del área de ciencias sociales de la Universidad, ya que la mayoría de los candidatos hasta ahora conocidos se ubican dentro de las ciencias aplicadas.

En el área considerada técnica están, por ejemplo, Francisco Bolívar Zapata, director del Instituto de Biotecnología; Miguel José Yacamán, titular del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares; Francisco Barnés de Castro, director del Instituto Mexicano del Petróleo; y el actual secretario general de la Universidad, Jaime Martuschelli.

Como representantes del área de ciencias sociales sólo aparecían hasta ahora el director de la Facultad de Derecho, Máximo Carvajal, a quien desde ahora se le conceden escasas posibilidades de ser elegido rector, y José Luis Soberanes, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

A esta relación se debe agregar, además, el nombre del actual secretario de Salud, Ramón de la Fuente Ramírez, sobre quien pesan dos problemas: uno, el ser funcionario gubernamental, aunque desde su designación quedó bien claro que no es militante del partido del gobierno, y segundo, y tal vez más grave --aunque por el otro lado debe ser un honor-- que su madre, Beatriz Ramírez de de la Fuente, es integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM.

Aprender de los errores

Por cierto, De la Fuente tendrá hoy una oportunidad de lucimiento a nivel nacional, cuando presente el programa de descentralización de la secretaría a su cargo, en una ceremonia que encabezará hoy el presidente Ernesto Zedillo, con asistencia de todos los gobernadores de los estados.

La idea es aprovechar las experiencias, buenas y malas, que se obtuvieron de la descentralización educativa. Ahora se pretende que la entrega de los hospitales, clínicas y consultorios a los gobiernos de los estados no se traduzca en nuevas manifestaciones, marchas y plantones en la ciudad de México, como las que generaron las protestas de los trabajadores de la educación hace menos de dos meses.

Por ello, el programa de descentralización tiene como finalidad que las funciones de atención médica que ahora realiza la Secretaría de Salud queden bajo el control de los gobiernos estatales, pero sobre la base de tres puntos fundamentales que permitan evitar la repetición de problemas como los del sistema educativo:

En primer lugar, aunque parezca contradictorio, las negociaciones salariales entre trabajadores del sector salud y las autoridades del ramo seguirán, como hasta ahora, centralizadas entre la Secretaría de Salud y su respectivo sindicato. De esta manera se evitará que los gobiernos estatales se conviertan en pararrayos cuando el presupuesto federal sea insuficiente para satisfacer las aspiraciones de los trabajadores.

En segundo término, y en consonancia con lo anterior, se homologarán salarios y prestaciones de los trabajadores de los sistemas estatales de salud con los dependientes del sistema federal. Como se pudo apreciar con las protestas del magisterio, las mejoras salariales a los trabajadores dependientes de la Federación se traducen en presiones extraordinarias para los gobiernos de las entidades federativas, cuyos escasos recursos no siempre son suficientes para nivelar a los trabajadores locales.

En tercer lugar, la operación y administración de todas las instalaciones médicas dependerán de un organismo de nueva creación, de carácter descentralizado, el cual quedará bajo la responsabilidad de los gobiernos de los estados, los que nombrarán a los funcionarios encargados. Así se evitarán el burocratismo y las demoras que ocasionaba el tener que depender de las decisiones de funcionarios ubicados a cientos o miles de kilómetros de distancia y desconocedores de las necesidades locales.

Hay lugar para uno

En los últimos días se ha puesto de moda hablar de los posibles candidatos de los distintos partidos al gobierno del Distrito Federal, en particular de los probables postulados por el PRI, que es todavía el mayoritario en esta capital.

En los dos principales partidos de oposición, las figuras destacadas son dos por cada uno. Del lado del PAN los más mencionados son el ex presidente de ese partido Carlos Castillo Peraza y el ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos. En las filas del PRD las figuras sobresalientes para tratar de conquistar el gobierno del Distrito Federal, coincidentemente, han desempeñado los mismos papeles dentro del partido del sol azteca. Ellos son el también ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y el ex dirigente nacional del partido, Porfirio Muñoz Ledo.

En las filas del PRI la lista de los posibles candidatos es muy larga y se confecciona casi al gusto. No menos de una docena de políticos de primera línea se mencionan entre los que tienen posibilidades de abanderar al tricolor en esta que se supone será una difícil contienda.

En la relación priísta aparecen lo mismo el líder del Senado, Fernando Ortiz Arana --a pesar de que ya explícitamente declaró que prefiere ser postulado candidato a gobernador de su estado--, que los senadores María de los Angeles Moreno y Fernando Solana Morales; el coordinador de la mayoría en la Asamblea de Representantes, Manuel Jiménez Guzmán; el presidente del PRI en la capital, diputado Roberto Campa Cifrián, y hasta el presidente nacional del tricolor, Santiago Oñate Laborde. También se ha incorporado en algunas listas al actual procurador general de Justicia del Distrito Federal y asambleísta con licencia, José Antonio González Fernández, y al secretario general de Gobierno del DDF, Jesús Salazar Toledano, a pesar de que oportunamente expresó que no aspira a tal nominación.

Al final de esta somera revisión --porque la relación completa es más amplia-- dejamos los nombres de dos experimentados políticos que en su momento llegaron a ser considerados precandidatos presidenciales: el actual embajador de México en Washington, Jesús Silva Herzog, y el director del Infonavit y ex gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo González.

El hecho de dejarlos al último no implica que sean los que tienen menores posibilidades. Al contrario, según quienes se dicen enterados, Silva Herzog y del Mazo son precisamente quienes mayores posibilidades tienen de convertirse en candidatos a primer jefe del gobierno capitalino electo por voto universal y directo.

Razones hay muchas y van lo mismo desde sus personalidades, que generan simpatía en el resto de la sociedad, particularmente en el sector femenino, que es el más numeroso y el que más participa en las elecciones, hasta su prolongada experiencia administrativa.

Y, si se tratara de escoger entre los dos, la mejor apuesta sería en favor del titular del Infonavit y ex secretario de Energía, Alfredo del Mazo, ya que para Silva Herzog existe otra posibilidad: convertirse en candidato a gobernador de San Luis Potosí, ya que si bien nació en el Distrito Federal, la Constitución potosina le confiere el derecho por la vía de su padre, el emérito profesor universitario del mismo nombre.