Entre el Manifiesto de Aguas Blancas, dado a conocer el pasado 28 de junio en Guerrero, y el Manifiesto de la Sierra Madre Oriental, hecho público este 7 de agosto en las Huastecas, mucho ha cambiado para el Ejército Popular Revolucionario (EPR). En escasas cinco semanas su presencia política ha provocado una conmoción que crece con el paso del tiempo.

Después de su aparición pública en Aguas Blancas, el EPR desató una lluvia de plomo contra el Ejército federal. Aunque aún no existe una declaración formal de guerra contra el gobierno, según la nueva guerrilla en este lapso le infligieron a las fuerzas castrenses cerca de 50 bajas en distintos operativos efectuados en el estado de Guerrero, con el objetivo de responder a la represión gubernamental.

Por su parte, el gobierno intensificó la militarización en diversas regiones del país. La presencia del Ejército federal en comunidades rurales implica desde cortes de pelo gratis hasta interrogatorios, amenazas y detenciones al margen de cualquier procedimiento legal. Simultáneamente, diversos dirigentes políticos y sociales de Guerrero han sido encarcelados acusados de pertenecer al EPR. La misma suerte han corrido, en Veracruz, militantes del FDOMEZ y la OPE-Ver, señalados como presuntos responsables de la muerte de Gladys de los Angeles, esposa de un cacique de las Huastecas.

Según el secretario de Gobernación, el EPR no tiene una estructura militar, sino que se trata de dos o tres organizaciones ``conocidas'' que tienen como objetivo crear un clima de inseguridad. Por ello, insistió, ``constituye una pantomima''. Este diagnóstico no parece tener mucho sustento.

Obviamente, detrás del EPR se encuentran fuerzas políticas. Ellos mismos reivindican su pertenencia a un partido político clandestino, nacido de un proceso de fusión de 14 de ellas, el Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), y plantean el impulso de todo tipo de formas de lucha. Han ejecutado acciones militares que muestran preparación, conocimiento del terreno y capacidad de ejecución. Y parecen estar bien armados.

Han construido, además, un aparato militar a lo largo de varios años. Tan sólo a la región de la Costa Grande regresaron desde 1988 y han sorteado con éxito diversas incursiones militares en su contra. Una parte de las organizaciones sociales presumiblemente asociadas a su proyecto cuentan, también desde hace mucho tiempo, con dirigencias desconocidas para la opinión pública.

Sus nexos con una capa de movimientos populares en varias regiones del país son evidentes. Estos están formados por sectores duramente castigados por la pobreza, la marginación y la represión. Actúan en una parte del México profundo inexistente en la propaganda oficial. Los luchadores sociales asesinados en las dos regiones donde el EPR ha aparecido llenan largas listas. Tan sólo en la Costa Grande hay una lista de más de 400 desaparecidos desde 1974. Sus viudas y sus huérfanos esperan aún una explicación oficial de dónde están. Distan pues de ser un foco guerrillero que busca implantarse por medio de acciones militares. Sin embargo, con alguna frecuencia, en los pueblos y comunidades donde operan, existen fuertes contradicciones internas con los grupos de poder locales que se ``resuelven'' por métodos violentos.

Las dificultades del EPR parecen estar en otra parte. Y éstas son, básicamente, dos. Primero, provienen de que el PROCUP, una de las fuerzas que le dieron origen, y, presumiblemente una de las más relevantes en la nueva estructura, no disfruta de buena repetición en amplios sectores de la izquierda y del campo democrático. La gota que ``derramó el vaso'' fue el absurdo asesinato de dos vigilantres del periódico La Jornada a manos de militantes suyos. Y aún antes de este incidente, esta fuerza era vista con recelo y desconfianza por el sectarismo y la intolerancia que algunos de sus activistas desplegaban en los movimientos populares. Y, aunque nadie está para dar certificados, la influencia moral es, según Sun Tzu, el primero de los factores para ganar la guerra.

Y, segundo: aunque su aparición es vista por amplios sectores de la población como una revancha ante hechos ominosos como la exoneración de Rubén Figueroa, la falta de respuesta a demandas populares elementales y la ausencia de espacios políticos reales, el discurso descarnadamente vanguardista y militar del nuevo destacamento guerrillero provoca recelo entre quienes están empeñados en la lucha cívica y en la transición pacífica hacia la democracia. Y estas fuerzas son claves para la lucha de todo aquello por lo que el EPR dice estar a favor.

De cualquier manera, la respuesta gubernamental ante el EPR --más militarización y descalificación verbal-- son completamente desafortunadas. El EPR representa --más allá de su proyecto-- el retorno de todo aquello que no ha sido solucionado durante años por el gobierno mexicano: la pobreza, la exclusión, la falta de democracia. Sólo que, como sucede con todo lo que no se resuelve en su momento, agravado. La escalada represiva en su contra no hará sino hacer peor las cosas.