Temen reacción de cesados en la PGR

Critican Conchello, Ruffo y Alamilla la decisión de Lozano

El senador del PAN José Angel Conchello manifestó ayer su desacuerdo con la forma en que fueron cesados más de 700 agentes y comandantes de la Policía Judicial Federal (PJF), pues dijo que esto puede crear una ``reacción colectiva'' en contra de la sociedad.

En Chihuahua, el gobernador panista Francisco Barrio Terrazas dijo que se esperan a corto plazo ``repercusiones fuertes'' de parte de los más de 700 miembros de la PJF despedidos por su presunta relación con el hampa organizada.

La medida tomada por la PGR, dijo, es radical y se tendrá que pagar un precio, a corto plazo, cuando los despedidos ``realicen acciones''.

El obispo emérito de Papantla, Genaro Alamilla, opinó que el cese de judiciales se reflejará en un incremento de los niveles delictivos y de la inseguridad en el país.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ``Todos los derechos para todos'', demandó que la PGR haga un seguimiento de los 737 agentes y comandantes despedidos, a fin de evitar que éstos ingresen a otras corporaciones policiacas y aprovechen su experiencia para cometer delitos.

Rocío Culebro Bahena, secretaria técnica de la red, propuso la formación de una comisión de legisladores, juristas y organismos civiles que vigile el proceso de depuración en la PGR y en otros cuerpos policiacos del país.

El despido de agentes y comandantes de la Policía Judicial Federal no tendrá un impacto positivo en la seguridad pública mientras la PGR no haga una restructuración integral de la institución, dijo.

Culebro Bahena expresó que este pudo ser un golpe efectivo para ``mejorar'' la imagen del procurador Antonio Lozano Gracia, pero consideró que los efectos para la ciudadanía podrían ser negativos: la militarización de la seguridad pública, judiciales desempleados dedicados a la delincuencia y el incremento de la inseguridad.

José Angel Conchello, senador panista por el Distrito Federal, declaró estar de acuerdo en que la PGR y su policía sean depuradas, pero se manifestó en contra de la forma como las autoridades actuaron, es decir, despedir en un sólo acto a más de 700 agentes y comandantes.

``Fue una decisión tan drástica, que esperamos no tenga un efecto negativo en contra de la sociedad'', dijo.

Genaro Alamilla, a su vez, consideró que con este golpe el procurador Lozano Gracia trata de ``lavar'' su deteriorada imagen, ganar credibilidad y desviar la atención de la ciudadanía de homicidios sin resolver, como el de Luis Donaldo Colosio, Juan Jesús Posadas Ocampo y José Francisco Ruiz Massieu.

Entrevistado vía telefónica, el obispo señaló que los efectos de esta medida se verán en el corto plazo, a través de un incremento de robos a casas habitación, asaltos a mano armada y secuestros, entre otros, porque ``la gente tiene que vivir y satisfacer sus necesidades como sea.

``No es que los justifique -aclaró-, pero debemos entender que si las autoridades no les dan una oportunidad o les quitan las que tienen, buscarán allegarse el pan de cada día aun poniendo en peligro sus vidas y la de los demás''.

Ante este panorama, dijo, la militarización de la seguridad pública no será la solución más apropiada, sino el impulsar una restructuración a fondo de las corporaciones policiacas, con el propósito de que la gente confíe en sus representantes y acuda en su ayuda.

Precisó que otra medida que debería adoptar el gobierno es la de generar más empleos y cuidar las fuentes existentes, ya que esta ``situación de incertidumbre y zozobra que tenemos al salir a las calles es resultado de la falta de oportunidades; si las tuviéramos, las cosas cambiarían''.

Repercusiones en los estados

El gobernador de Chihuahua, el panista Francisco Barrio Terrazas, informó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solicitó a la PGR copias de los expedientes de los agentes cesados, con domicilio permanente en la entidad, para vigilarlos y evitar que se involucren en actividades ilícitas.

En Durango, el vocero de la delegación de la PGR, Arturo Sen, informó que en esta entidad fueron dados de baja cuatro integrantes de la PJF que no reunieron los requisitos en el examen practicado por la dependencia. A su vez, el diputado local Sergio Carrillo Arciniega solicitó el arraigo de agentes judiciales y del delegado de la PGR implicados en la muerte del joven Tomás Carfiel Soto, presuntamente torturado.

En Nayarit, como parte de la renovación anunciada por la PGR, el subdelegado de la PJF, Eduardo Osorno Lara, fue relevado del cargo y se dio de baja a seis agentes de la corporación. En el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD) se informó que el comandante encargado de esta dependencia, Arturo Salcedo Rodríguez, fue reemplazado por José Sánchez Alvarez, además de que se despidieron a cuatro agentes.

José Luis Reyes Vázquez, delegado de la PGR en Guanajuato, informó que en esta entidad se dio de baja a cinco agentes de la Policía Judicial Federal por no cubrir el perfil ético para desempeñarse como auxiliares del Ministerio Público. La depuración aquí es constante, indicó, porque se trata de un ``estado piloto'' del Programa Nacional de Evaluación de la Procuraduría.

En Veracruz, el delegado de la PGR, Manuel Villegas Reachi, dijo que la ``purga'' alcanzó aquí a 15 agentes de la PJF, pero descartó que la medida tenga que ver con vínculos de éstos con el narcotráfico.

Gilberto Vargas Muñoz, delegado en Toluca, estado de México, confirmó el cese del subdelegado Jorge Contreras Ortiz, del comandante Guillermo Robles Liceaga y seis agentes judiciales.

El panista Juan de Dios Castro, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, declaró en Torreón, Coahuila, que la responsabilidad por los aciertos o fallas en la PGR no son únicamente del procurador Antonio Lozano Gracia, sino del jefe del Ejecutivo, quien fue el que designó titular en esa dependencia. (Ismael Romero, Laura Gómez y Claudia Herrera, y Rubén Villalpando, Emmanuel Salazar, Jesús Narváez, Manuel Carrillo, Luis Velázquez, Jorge Torres y Gloria Pérez, corresponsales)