El despido de unos 800 miembros de la Policía Judicial Federal tiene aspectos reprobables; la política de comunicación de la PGR fue balbuceante e incoherente, y es obvio que los tiempos estuvieron dictados por consideraciones políticas. Pero es tanto lo que está en juego para el país y tan grandes los riesgos que están tomando el Procurador y su equipo, que la actitud más razonable y sensata es la de concederles el beneficio de la duda.

El estado de las corporaciones policiacas mexicanas es otro de los desastres que deja como herencia la familia revolucionaria. Mal pagados, pésimamente capacitados y maltratados por sus ``comandantes'', los policías mexicanos se convirtieron en azote de la ciudadanía a la que extorsionan y maltratan sabiéndose impunes. En ese pacto no escrito los gobernantes sólo les exigían lealtad absoluta en la defensa del orden establecido.

El prototipo de esa relación de complicidad entre gobernante y policía es la que establecieron José López Portillo y Arturo el Negro Durazo: un presidente que se creía filósofo mientras despilfarraba las riquezas nacionales, y un jefe de la policía del Distrito Federal que se construía palacetes inspirados en Grecia (la cuna de la filosofía) mientras alentaba la delincuencia y la corrupción.

Esa normalidad (consagrada en aquellas parodias del gendarme hechas por Resortes y Cantinflas) perdió funcionalidad durante los años 80. La impunidad y la falta de control fueron como tapetes rojos puestos para recibir a los narcotraficantes. Y los cárteles colombianos, mexicanos y estadunidenses se metieron a las corporaciones policiacas de todo el país, en donde empezaron a poner y a disponer mientras los Procuradores repetían que no había problema, que México no era como Colombia porque, como declaraba el señor Presidente, nuestras instituciones eran fuertes.

La verdad era muy diferente y empezó a aceptarse a partir del asesinato de un agente de la DEA en Guadalajara (febrero de 1985). Fue entonces cuando las máximas autoridades reconocieron la fusión entre corporaciones policiacas y narcotraficantes. Obligado por las circunstancias y por las presiones estadunidenses, Miguel de la Madrid desbandó en 1985 al cuerpo de élite del gobierno (a la Dirección Federal de Seguridad), que se desparramó por todo el país, creando un sinnúmero de problemas.

Al entenderse la magnitud del problema, la Policía Judicial Federal quedó en el centro de la polémica. En la última década todos los Procuradores han prometido campañas para educar a los judiciales y programas de reestructuración, sazonados con despidos y consignaciones de algunos agentes. Uno de los momentos dramáticos de esta historia se dio en marzo de 1993 cuando el entonces Procurador Jorge Carpizo presentó un diagnóstico espeluznante y terrible sobre la PGR. Carpizo incorporó a gente independiente y combativa (Teresa Jardí y Eduardo Valle, entre otros) y algo hicieron, pero sin lograr corregir a tal Procuraduría.

Ningún Procurador había tenido la audacia que ha mostrado Antonio Lozano Gracia al despedir a unos 800 judiciales. La forma en que lo hizo incluye aspectos inaceptables. Uno de los más chocantes fue justificar el cese con frases ambiguas propias de regímenes autoritarios: no ``tener el perfil ético que la sociedad y la institución requieren'' (el sindicato de la CTM en la Ford de Cuautitlán también negó el registro a una planilla independiente con frases genéricas).

Otro aspecto inquietante son los indicios de que se actuó apresuradamente. Esa impresión tal vez se deba a problemas de comunicación, porque fue hasta el lunes que empezaron a salir de la PGR explicaciones más coherentes sobre el significado que tenía la medida. Aun así, persiste la suspicacia porque es inevitable pensar que lo espectacular de la acción se debe a una maniobra para distraer la atención ante tantos fiascos y tropiezos que ha tenido una Procuraduría panista.

Los motivos que tuvo la acción los iremos conociendo en los próximos meses. Por ahora, lo cierto es que el país necesita una Policía Judicial decente y eficiente, y que el Procurador y su equipo están tomando riesgos sin precedente y parecieran estar dispuestos a modificar la complicidad entre gobernante y policía.

Creo que debe concedérseles el beneficio de la duda porque México, el país, tiene que frenar el avance de la delincuencia organizada. Ojalá y sus motivos sean los que dicen y tengan algo de éxito, porque sería lamentable y triste que el espectacular cese terminara siendo la maniobra de otro político ambicioso y mediocre.