En el marco de la abusiva aplicación extra-territorial de la ley Helms-Burton, varios ejecutivos del consorcio mexicano Domos enfrentan represalias del gobierno estadunidense. Se espera, en concreto, que el Departamento de Estado les notifique de un momento a otro la cancelación de sus visas para ingresar a territorio de Estados Unidos, medida que podría hacerse extensiva a sus parientes cercanos.

En forma atinada, el gobierno mexicano ha respondido con una nota de protesta firmada por las secretarías de Relaciones Exteriores y de Comercio, enviada ayer a Washington. Según lo anunció el titular de la segunda, Herminio Blanco, nuestro país llevará el caso al mecanismo de solución de controversias previsto en el Tratado de Libre Comercio.

Pero la medida oficial más importante que puede adoptarse para reaccionar ante este intento de injerencia en los asuntos internos y las decisiones económicas públicas y privadas que sólo deben ser tomadas por los mexicanos es, sin duda, la promulgación de una "ley antídoto" en la cual se establezcan sanciones recíprocas contra empresas de Estados Unidos. En esta perspectiva, la única virtud de las sanciones migratorias contra los ejecutivos de Domos es que han descartado las dudas que aún pudiera haber en algunos sectores de nuestro país sobre la pertinencia y la necesidad de que México enfrente la aplicación de la Helms-Burton con medidas legislativas análogas, las cuales serán previsiblemente aprobadas en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

Ciertamente, en este conflicto que le está siendo impuesto a nuestro país, tanto su economía como la Estados Unidos van a salir perdiendo. Pero sería mucho mayor la pérdida si se permitiera la sumisión de empresas y entidades mexicanas a unas leyes extranjeras que pretenden normarles su comportamiento, sus relaciones comerciales y sus inversiones internacionales.

La respuesta mexicana a las represalias derivadas de la Helms-Burton debe ir, por supuesto, mucho más allá de los ámbitos diplomático y legislativo, en la medida en que las intromisiones que de ella se derivan pueden afectar a todos los sectores del país. Es así que, junto con las protestas diplomáticas, las negociaciones en el marco del TLC y la adopción de un ``antídoto'' legal contra la injerencia estadunidense, la sociedad en su conjunto debe manifestar su activo respaldo a toda medida oficial orientada a frenar las ofensivas represalias y a toda empresa mexicana que --como ocurre hoy con Domos-- resulte afectada en cualquier grado por las arbitrarias e ilegales sanciones de Washington.

Es preciso tener en mente que en este episodio no es sólo la inversión mexicana en Cuba lo que está en juego, sino, sobre todo, nuestra autodeterminación, nuestra soberanía y nuestra libertad.