Las autoridades del DDF han reconocido (La Jornada, 16-VIII-96) lo que es obvio para los analistas y los ciudadanos: que la capital (no sólo el DF) está hundida en una crisis hidráulica cuyas manifestaciones superficiales son: la carencia de redes domiciliarias de agua potable en numerosas colonias populares, el deficiente servicio en otras que las tienen, la mala calidad del agua suministrada, una enorme pérdida de líquido por fugas en el sistema y el costo creciente del aprovisionamiento por el alejamiento de las fuentes. Y en la otra cara, la ausencia de drenaje en las mismas colonias que no tienen agua y otras muchas más, la insuficiencia del sistema para evacuar las aguas de lluvia en verano y las inundaciones resultantes, el bajo porcentaje de agua negra tratada y reciclada, el enorme costo de la evacuación de aguas negras fuera del valle y la creciente contaminación de la cuenca hidráulica de evacuación.

Pero este reconocimiento lleva a una falsa solución, estrechamente neoliberal: establecer precios ``realistas'' para el servicio, eliminando el ``populismo'' mediante la supresión del subsidio estatal; y ampliar la participación del capital privado en la dotación del servicio, su administración y el tratamiento y reciclaje de aguas negras. Por razones de espacio, no abordamos la compleja trama de causas y posibles soluciones de este problema estructural en la capital, bien conocidas por los técnicos; sólo afirmamos que la planteada es una ``solución'' parcial, insuficiente y, sobre todo, anticiudadana, antipopular.

El agua potable y su correlato, el drenaje, son una necesidad esencial de subsistencia que debe garantizarse a todo ser humano, independientemente de su situación económica o su productividad; son derechos humanos universales, aunque se violen en todas partes. Tales derechos no pueden ser garantizados por el mercado privado, pues por su naturaleza excluye a millones de seres que en nuestra sociedad en permanente crisis, carecen de empleo estable e ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas; tiene que ser resuelto por el Estado, como supuesta institución colectiva, mediante el uso de la tributación social. El que los ciudadanos de la capital paguemos impuestos nos da derecho a una retribución que no puede ser otra que la dotación de servicios suficientes y de buena calidad, al menos para los sectores hundidos en la exclusión social y la pobreza extrema. Por ello, calificar de ``populismo'' al subsidio estatal y eliminarlo, es atentar contra los derechos ciudadanos.

Los ``precios realistas'', en este y otros servicios públicos, son un mito. Si se cobraran los enormes costos reales de la instalación y operación de la red hidráulica, muchos de ellos invaluables como los costos ambientales, el DDF y el estado de México tendrían que negar el servicio a sectores enteros de la ciudad y su población, con costos humanos y de salud que pagarían todos los ciudadanos, aun los de la clase opulenta. Por eso el Estado capitalista, empezando por el de los países hoy hegemónicos, asumió hace casi dos siglos el control del servicio. No estamos en contra de que quienes puedan pagar el servicio lo hagan, para que el Estado transfiera esos fondos al subsidio necesario a los sectores que no pueden pagarlo. Ello llevaría a tarifas diferenciadas y crecientes en función de la magnitud del patrimonio inmobiliario poseído, del consumo real de líquido y drenaje, de los ingresos familiares de los usuarios y, finalmente, del destino del bien, para la simple reproducción biológica o para la obtención de ganancias privadas. Así podrían instalarse los servicios y excluirse del pago o subsidiar significativamente a los sectores populares hundidos en la pobreza y territorialmente excluidos.

La ``ventaja'' de que el capital privado invierta en este y otros servicios públicos es puramente aparente; introduce más distorsiones al sistema que las que resuelve. Aunque el usuario no pueda pagar el precio de mercado, el servicio no puede ser cortado a los ciudadanos, por los riesgos sociales y políticos; por ello, la empresa privada no operará en condiciones de mercado real y el Estado tendrá que intervenir siempre para garantizar su ganancia capitalista, la cual no tendría que cubrir si lo maneja directamente. Los problemas de ineficiencia y corrupción burocráticas tienen otras soluciones.

Por último, pedimos a los neoliberales que dejen de usar el término ``populista'' para exorcizar y condenar a quienes defendemos el imperativo de una política social popular del Estado; su uso es totalmente errático conceptualmente; y no nos asusta en lo más mínimo que se nos denomine así, con intención descalificatoria.