Hay de pantomimas a pantomimas; pero lo que no es una pantomima, es la militarización. Si el EPR es una ``pantomima'', según Chuayffet, ¿por qué se militariza realmente el país con este pretexto?

En el último año no ha sido la sociedad civil la emergente, sino el Ejército junto con la Iglesia, los que han tomado un lugar preponderante en el poder. La nueva presencia del Ejército, desarrollada a partir de la insurrección en Chiapas, juega un papel en relación al manejo de la seguridad interna del país, legalizada ahora por medio de las últimas reformas realizadas por el Congreso mediante la aprobación de la Coordinación de Seguridad Nacional y la apertura para que el Ejército participe en tareas que antes eran sólo conferidas a la autoridad civil. El protagonismo del Ejército, se dice que es para garantizar la estabilidad financiera, virtualmente en defensa de la Bolsa y las inversiones especulativas, a partir del efecto que Chiapas y el EZLN (según la versión caótica hecha por Oppenheimer para Wall Street) causaron a la Bolsa y las reservas del Banco de México.

Tras la aprobación de las nuevas facultades conferidas al Ejército, éstas necesitaban ser legitimadas en los hechos. El mejor pretexto fue la persecución del narcotráfico (¿quién se puede oponer a la persecución de narcos?) y en dos acciones directas, grandemente publicitadas en Tijuana y Guadalajara vimos al Ejército en las calles en su nuevo papel de policía antinarcóticos.

Pero ese no era el objetivo. A principios de año, el proceso de militarización en el estado de Guerrero tenía serias dificultades pues el crimen de Aguas Blancas mantenía desde junio de 1995 un serio cuestionamiento de las fuerzas de seguridad del gobierno incluyendo a los militares. El rumor de la existencia de la guerrilla en Guerrero, no bastaba para legitimar la presencia pública del Ejército, pues no era lo mismo combatir al narcotráfico que legitimar acciones contra zonas tradicionalmente empobrecidas y reprimidas por la política y la violencia gubernamental. La aparición del EPR en Aguas Blancas desencadenó lo que ya estaba preparado legalmente y puso al Ejército en una posición ofensiva sin mayores resistencias, ya que el nuevo brote armado, esperado y muy anunciado, logró que todas las denuncias sobre el proceso de militarización se replegaran.

La presencia del Ejército se extendió a todas las regiones sospechosas de reunir la mezcla indígenas-pobreza que hoy son consideradas como zonas de alto riesgo para incubar organizaciones armadas, y ahora todos los días nos enfrentamos a las noticias del avance de la militarización en el país. La policía del Distrito Federal la dirigen militares; la presencia del Ejército se ha extendido a todas las regiones de Oaxaca; Veracruz, Tabasco y la zona del sureste están ya militarizados; en la Huasteca hidalguense y sierra de Puebla, toda organización campesina es vista como un brazo o base de grupo armado del EPR. En la Secretaría de Gobernación, militares hacen aparición pública, en evidente acción de propaganda, y el análisis político y periodístico se ha convertido en objeto de la inteligencia militar.

Cada declaración del secretario de Gobernación acerca del EPR, es un lanzamiento de fuerzas militares del gobierno hacia nuevas regiones del país, las más recientes a Puebla, sierra de Chihuahua y ahora las ciudades y organizaciones campesinas. Una sola conferencia de prensa del EPR en la Huasteca consolidó la implantación del Ejército en el territorio, anuncios de más militarización y medidas. ¿Cuándo una ``pantomima'' había sido tan eficaz para legitimar la militarización? ¿Cuál es el objetivo, el EPR o los movimientos campesinos e indígenas que están efectivamente en un estado de alta disposición para resistir a las políticas de hambre, violencia, cacicazgos e injusticias neoliberales?

La política interna, hoy está depositada peligrosamente en una acción de ``persuasión'' militar. El nuevo crecimiento del PIB en el trimestre (7.2 por ciento) se considera ya un triunfo más que económico militar, que conlleva un nuevo modelo de control social y continuación de la misma política económica. Para este esquema es estratégico deslegitimar las formas de protesta y movilización, convirtiendo todo descontento en una sospecha de acción ilegal y armada. El discurso de la indulgencia gubernamental ``para que se integren a la vida civil'' los grupos armados, está dirigido a todas las organizaciones populares, campesinas e indígenas a fin de someterse a las condiciones de la política económica y social gubernamental. Ese es el sentido del militarismo. En la ciudad de México ya son muchos los síntomas que anuncian futuras provocaciones para acabar con las manifestaciones y endurecer el discurso gubernamental contra las protestas. Un caracazo, explosión social sin dirección, les caería perfecto para estos fines.

La militarización está directamente ligada a la defensa del modelo económico. La invención de un ``caos'' en la sociedad, es el pretexto para asegurar el poder ahora mediante medidas de fuerza, para imponer ``el orden''.