En la Historia del Reynado efímero de D. Agustín de Iturbide y Arámburu llamado Emperador de México, que redactara Carlos María Bustamante en el tomo 2 de su célebre Diario, anotó un epígrafe tomado del Manifiesto de las Cortes de España, de 1821, en el que se expresa lo siguiente: ``La experiencia ha enseñado a mucha costa que cuando una reforma ha llegado a hacerse necesaria, el resistirla es transformarla en destrucción de quienes la resisten...'', y esto viene a cuento porque deseamos subrayar acontecimientos muy recientes que agudizan la urgencia de eliminar los obstáculos que están poniendo en peligro las instituciones y la existencia misma de la nación.

En nuestra historia emergen dos estrujantes escenarios en que gobierno y crimen parecen entremezclarse en los sitios donde se toman las decisiones públicas. Entre 1920 y 1934, durante la era obregonista-callista, el homicidio transformaríase en un instrumento de dominio y exclusión de la divergencia. Luego del asesinato de Venustiano Carranza en Tlacalantongo, cuyo origen es bien conocido, las cosas desataríanse de manera aterradora en forma de espantosas masacres --Topilejo y Huitzilac, por ejemplo-- y de persecuciones, encarcelamientos, tormentos o desapariciones de grupos o personas consideradas riesgosas para el régimen prevaleciente --Lucio Blanco, Francisco Villa, De la Huerta y el senador Field Jurado, entre otros muchos--; escenario funesto que llegaría a un punto final cuando el presidente Cárdenas hizo expulsar de México a Plutarco Elías Calles sin que el derrumbe del Maximato se viese manchado por hechos de sangre.

El de nuestro tiempo es el segundo escenario. Los misterios y secretos no desvelados, las sofisticadas e inconclusas investigaciones acompañadas de promesas incumplidas, y las sombras que encubren los magnicidios y no magnicidios --casos Colosio, Ruiz Massieu, Uscanga y Aguas Blancas, para no citar más--, muestran que hay algo profundo y enigmático que posiblemente no se desea esclarecer atrás de esos condenables delitos. Pero las cosas se oscurecen aún más si se observa el modus operandi de la procuración de justicia en la tragedia de Lomas Taurinas. Las designaciones de procuradores especiales parece conducirla a un laberinto sin salida, designaciones que por otro lado se disfrazan con extrañas ideas de lo que en México es el Ministerio Público; recuérdese que esta institución es parte del poder Ejecutivo desde que la sancionó el constituyente de 1917 al suprimir en el transitorio artículo 14 de la Carta Magna, la preexistente Secretaría de Justicia.

Es, entonces, evidente que la persecución de los delitos es una responsabilidad no divisible ni delegable de la Presidencia de la República; y precisamente aquellos misterios son los que contribuyen a gestar hipótesis como la que consta en el editorial de Nuevo Criterio, el cual imputa la muerte de Luis Donaldo Colosio a los ``más altos círculos del poder'', expresión que sin ser oficial de la Arquidiócesis de México recoge la ``convicción de muchos mexicanos, que cada vez se afirma con más fuerza en los distintos medios'', de acuerdo con el obispo auxiliar Alvarado Alcántara (La Jornada, No. 4296).

Para extrañar esas y otras muchas especulaciones deben hallarse las verdades escondidas; mientras esto no se haga modificando cuanto haya que modificarse, el señalado epígrafe elegido por Bustamante vale en toda su plenitud para nuestro no optimista tiempo.

La otra truculencia nos viene del exterior. La arbitraria ley Helms-Burton está por aplicarse a negociantes mexicanos que dentro de nuestro marco legal han hecho inversiones en Cuba; no sólo pueden perder sus visas para entrar a Estados Unidos, sino también sufrir represalias que el enorme peso económico norteamericano es capaz de imponer a nuestros débiles mercaderes. Las palabras escritas por Tocqueville hace más de 150 años están vigentes; los norteamericanos, aseveró, ``en todo tiempo rondan los beneficios que no les pertenecen'', y esto es lo que los lleva al extremo de cañonear con su fuerza a la razón, de la misma manera que en el pasado reciente lo hicieran los adalides del totalitarismo. Este implica la purga de todo lo ajeno al dogma, o sea el sacricio absoluto de la libertad, el triunfo de lo animal sobre lo humano como asalto y derrota del hombre.

Nadie lo duda en el mundo: la ley Helms-Burton es uno de los instrumentos que ahora han puesto en juego las élites estadunidenses para no rondar más y tomarse para sí ``los beneficios que no les pertenecen''. México no puede callar ante semejante injuria; es necesario acudir a los tribunales internacionales para rechazar las pretensiones del Tío Sam y hacer manifiestas, con dignidad y sin tapujos, las protestas del pueblo mexicano. Otra vez la opinión pública está pendiente y nuestros gobernantes tienen la palabra.