Al acercarse el Segundo Informe presidencial, otra vez surgen las demandas de la oposición para que se cambien los mecanismos de esa comparecencia del jefe del Ejecutivo ante el Congreso de la Unión. Es posible que la nueva realidad del país imponga cambios en esa ceremonia, pero desde ahora puede anticiparse que este año no habrá ninguna modificación, porque la ley no lo permite.

En efecto, el artículo 8 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión establece:

``El primero de septiembre de cada año, a la apertura de las sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe de conformidad con el artículo 69 de la Constitución.

``Antes del arribo del Presidente de la República hará uso de la palabra un legislador federal por cada uno de los partidos políticos que concurran, representados en el Congreso. Estas intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del número de diputados de cada grupo partidista y cada una de ellas no excederá de quince minutos.

``El presidente del Congreso contestará el informe en términos concisos y generales, con las formalidades que correspondan al acto. Esta sesión no tendrá más objeto que celebrar la apertura del periodo de sesiones y que el Presidente de la República presente su informe; en tal virtud, durante ella no procederán intervenciones o interrupciones por parte de los legisladores''.

Hasta los menos interiorizados en cuestiones de derecho saben que una ley tiene una jerarquía que está por encima de un convenio entre individuos, así sean éstos legisladores federales. Con más razón, estas cuestiones de jerarquía en materia de leyes deben estar presentes en quienes las elaboran, los diputados y los senadores. En consecuencia, cualquier acuerdo entre los coordinadores de las fracciones parlamentarias para modificar la mecánica del Informe presidencial resultaría ilegal, porque estaría en contra de lo que dispone la Ley Orgánica que regula precisamente la vida interna de las dos cámaras que integran el Congreso de la Unión. Si los legisladores federales en verdad desean modificar esa ceremonia protocolaria y convertirla en una verdadera toma de cuentas por parte del Legislativo al Ejecutivo, entonces tendrán que esperar a su inminente periodo ordinario de sesiones para hacer las modificaciones correspondientes como parte de lo que resta de la reforma del Estado y que entre otros aspectos implica precisamente el dar mayores facultades de control al Legislativo sobre las acciones del Ejecutivo.

Cambios sin cambiar

Primera asamblea estatal del PRI preparatoria de la XVII Asamblea Nacional de ese partido y primer revés para su comité ejecutivo nacional. La mencionada reunión preparatoria se realizó el pasado fin de semana en Saltillo, Coahuila, con dos semanas de anticipación a las que se realizarán en el resto de las entidades federativas, debido a que están muy cercanas las elecciones locales en ese estado. Los comicios están programados para el 29 de septiembre y en ellos se elegirá a los presidentes de 38 municipios, así como a 32 diputados locales, 20 de mayoría y el resto de representación proporcional. Como ese evento se puede considerar muestra de lo que puede ocurrir en otras reuniones estatales, es de suponer que todavía no se puede señalar cuáles serán los cambios de fondo que sufra la estructura del PRI ni sus mecanismos internos de selección de dirigentes y candidatos. Los priístas de Coahuila se manifestaron en contra de los propuestos cambios en la estructura de mando del partido y a las nuevas condiciones que deben reunir los aspirantes a cargos de elección popular y, en particular, quienes pretendan la nominación a la Presidencia de la República.

Para la fase final de análisis interno, que culminará en septiembre venidero con una reunión de delegados de todo el país en esta capital, el comité ejecutivo nacional (CEN) del PRI, que encabeza el ex secretario del Trabajo Santiago Oñate Laborde, preparó con base en anteriores encuentros de los priístas de todo el país un documento sujeto a discusión en el cual se propone cambiar la estructura del CEN con la creación de una vicepresidencia y otros cambios en las secretarías que integran ese cuerpo directivo y, además, establecer como condición para los candidatos a la primera magistratura del país que antes hubiesen desempeñado cargos de elección popular o puestos directivos dentro del partido.

En principio tales propuestas recibieron un respaldo que parecía casi unánime. Pero, por lo ocurrido en Coahuila la semana anterior, se puede apreciar que no fue así.

Los priístas de ese estado norteño se manifestaron, en concreto, contra la posibilidad de que se cree una vicepresidencia en el CEN porque esa posición resulta contraria ``a la tradición del partido'' y además propusieron ``flexibilizar'' los requisitos para ser candidato a un cargo de elección popular, ``eliminando la propuesta de que para ser candidato a la Presidencia de la República se requiera haber ocupado algún cargo de elección popular o de dirección partidista''.

De acuerdo con las antiguas prácticas del partido en el gobierno, se podría suponer que estas propuestas fueron ``sugeridas'' por el gobernador Rogelio Montemayor Seguy, un destacado miembro del grupo de economistas que llegó al poder desde el sexenio del ex presidente Miguel de la Madrid. Pero el actual proceso de cambio en que se supone que no hay ``línea'', habrá que esperar a conocer si los priístas de otras partes de la república imponen otros criterios y mantienen las limitantes que dejan fuera de la carrera presidencial a quienes no tienen trabajo partidista previo.

La cosecha

De ser cierto, puede resultar un importante avance en la lucha por contener el alza de los precios: el presidente de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), José Bonilla Robles, anunció un programa de abaratamiento de los productos del campo, con reducciones de hasta 40 por ciento. El proyecto comprende la instalación de ``bancos de alimentos'' en lugares estratégicos de las grandes ciudades, en los cuales los productores vendan directamente al consumidor, eliminando intermediarios... El gobierno de Tabasco dio a conocer una lista de cambios de funcionarios de segundo y tercer nivel con los cuales concluye el proceso de reorganización del equipo de gobierno que se inició el pasado día 8, con el relevo del procurador de Justicia, Andrés Madrigal Sánchez, quien fue designado coordinador del Programa de Desarrollo Administrativo Integral del Sector Público y fue reemplazado en su anterior responsabilidad por Patricia Pedrero Ituarte. El que fuera director de Comunicación Social, Florizel Medina Péreznieto, pasó a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y en su relevo entró Carlos Manuel Pérez Priego... La CNDH informó que envió una recomendación al gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, porque la Contraloría General del gobierno estatal no actuó ``con diligencia e imparcialidad'' al sancionar a agentes de la Policía Judicial del estado comandados por Enrique Guerrero García que fueron acusados de torturar a dos personas para que se declararan culpables de un secuestro... Las transformaciones político-sociales que experimenta nuestro país obligan a construir un sindicalismo democrático, autónomo, corresponsable y propositivo, afirmó el director del Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América (IEESA), en la sesión de esta semana del seminario ``El sindicalismo mexicano de cara al siglo XXI'', convocado por una organización internacional de profesores que preside la ex secretaria general del SNTE, Elba Esther Gordillo.