Durante décadas, los jefes policiacos y, en general, los agentes de policía preventiva y judicial, han sido una pieza de la corrupción del sistema. Al cabo del tiempo y al volver la cara atrás, el poder escandalizado de sí mismo se encuentra con cuerpos policiacos completamente corrompidos al tamaño del Estado que los formó.

Miles de agentes policiacos han sido lanzados a la calle durante los últimos años. Las operaciones depuratorias han sido generalmente arbitrarias pero finalmente justas, pues no se requiere gran ciencia para tener la certeza de que los policías son, al mismo tiempo, ladrones.

Lo que han dicho durante décadas los críticos del sistema político mexicano, es decir, del sistema priísta de poder, resulta rigurosamente cierto. El Estado mexicano es históricamente corrupto y el poder de poderes en México se encuentra encarnado en el Presidente de la República. En lo fundamental, esta situación no ha cambiado.

Así como el Estado mexicano, los cuerpos de policía deben ser refundados, pero ¿cómo lograr esto sin aquéllo? o, en otras palabras, ¿cómo fundar una nueva policía bajo el mismo sistema corrupto que reproduce incesantemente su propia corrupción? En principio, la cuestión parece irresoluble en sus términos, sin embargo, es posible realizar algunas operaciones para atenuar el carácter delincuencial de los cuerpos policiacos. De hecho, las comisiones de derechos humanos y las persistentes denuncias públicas de atropellos y arbitrariedades policiacas han reducido las agresiones de los policías contra los ciudadanos.

El problema de la policía judicial es más complicado, especialmente cuando se trata de relaciones entre el narcotráfico y los agentes federales. Mucho dinero ha corrido entre los comandantes y demás jefes, así como entre innumerables agentes convertidos en socios de las actividades de tráfico de drogas en el país. Pero mucho más dinero ha subido hacia las escalas jerárquicas gubernamentales, y el Ejército mexicano no ha salido tampoco limpio de la producción y tráfico de estupefacientes.

Pero no se trata solamente de las drogas, sino también de los asaltos a mano armada y de los secuestros, muchos de los cuales han sido protegidos o directamente ejecutados por agentes de policía.

El cese de más de 700 agentes judiciales parece más una respuesta del procurador Lozano Gracia a sus fracasos como jefe de los investigadores de los crímenes políticos, que una respuesta meticulosa al inmenso problema de la corrupción policiaca. Pero no lo es por la cantidad de agentes cesados, sino por la forma del cese. En realidad, hay que remover a todos los policías, pero no tiene que ser a través de espectaculares anuncios para desviar la atención de la opinión pública.

En el terreno de los paliativos y a la espera de soluciones radicales para dejar atrás el Estado corrupto, cada cuerpo policiaco mexicano requiere de su propia policía, la que en realidad no existe en ningún caso. Esa policía de la policía debe ser preparada meticulosamente y dotada con recursos técnicos y personal especializado, incluso secreto. Esto es necesario debido a que, por más cambios que se realicen en la policía judicial federal y en sus similares de los estados, el soborno no podrá evitarse. Si la policía de la policía es también sobornada, no lo será por los narcotraficantes, secuestradores y asaltantes sino por los mismos agentes, lo cual es mucho más sencillo prevenir.

El gobierno mexicano se ha negado a crear la policía de la policía debido a que no cree en la efectividad de dicha medida, pero especialmente porque los cuerpos policiacos se oponen. Sin embargo, el procurador Lozano contrató a diversas personas y empresas para averiguar la personalidad y algunas actividades de miles de agentes policiacos. Es decir, que la PGR tuvo que improvisar una especie de policía de sus propios agentes, pero ésta no culminó su trabajo con la presentación de cargos contra los despedidos, función que le correspondería a un órgano policiaco paralelo a la Procuraduría.

Hace algunos años, miles de agentes de la policía de Nueva York tomaron la alcaldía de la ciudad y bloquearon el puente de Brooklin para protestar contra la creación de un cuerpo de control de las actividades policiacas, independiente del departamento de policía. Para los iracundos guardianes de la ley, la vigilancia de sus actividades debía ser realizada sólo por una oficina de la policía misma. Por más que los agentes paristas llamaron neeger al jefe del gobierno municipal y le acusaron de perseguidor de servidores públicos, éste se mantuvo en su decisión con el apoyo de la ciudadanía.

En México, las autoridades no recurren al apoyo ciudadano mediante proyectos bien armados de lucha contra la corrupción. El cese de los 700 agentes judiciales se hizo bajo el argumento de que no reunían el perfil ético, eufemismo usado ante la incapacidad de perseguir los delitos cometidos por los cesados.

Nuestro país parece víctima de una maldición con la que todo acto anticorrupción resulta aislado, flaco, demagógico, estéril. Lo que más parece preocupar ahora es lo que harán los policías removidos, pues nadie espera la continuidad de un programa vigoroso para acabar con las actividades ilícitas de los cuerpos policiacos. En el fondo nadie cree en el gradualismo, y con razón.