En la JLCA, ni una sola prueba de corrupción: Isabel Moles

Judith Calderón Gómez/I Isabel Moles y Escobar, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), encargada de impartir justicia laboral en la ciudad más grande del mundo, afirma que en esa dependencia ``no hay una sola queja de corrupción comprobada'', y que ``en las resoluciones jamás se pactan acuerdos contrarios a los derechos de los trabajadores''.

En entrevista exclusiva, la licenciada en derecho y primera mujer que ocupa ese cargo -responsable de garantizar justicia para 2 millones de trabajadores, al año, y que sólo en l995 recibió l37 mil expedientes- aceptó hablar de las impugnaciones que tienen en su contra asalariados de la JLCA y de las publicaciones que se han hecho en un diario capitalino.

Las quejas de trabajadores de la JLCA han proliferado durante los últimos diez meses. Comenzaron con la huelga de hambre de una abogada, Juana Aguirre, que logró su reinstalación en octubre de l995.

Siguieron con las denuncias de actuarios que afirmaron que están bajo ``una política carcelaria''. Aseguran que fueron despedidos el 21 de junio y exigieron el respeto de sus derechos laborales.

Durante este año actuarios, abogados y funcionarios han coincidido en sus denuncias de corrupción y nepotismo en contra de Isabel Moles y otros cuatro funcionarios de ese organismo.

Rogelio y Rodolfo Hernández, actuarios que aseguran fueron despedidos, documentaron la falsificación de cédula profesional de quien fungiera como presidente de la Junta Especial 7, Fernando Díaz Fernández, el cual fue removido después de las protestas. En el caso de Rosalinda Cruz, titular en la Junta 4, expusieron que ésta no cumplió con los requisitos. Ella fue cambiada a Conflictos Colectivos a inicios de este mes y en su lugar asignaron a Marta Laura García Ramírez.

El tema rebasó esa instancia. Los asalariados -entre ellos varios dictaminadores- turnaron el asunto a otros niveles: al presidente Ernesto Zedillo, al regente Oscar Espinosa Villarreal, al secretario de la Contraloría general de la Federación, Arsenio Farell Cubillas.

Enérgica, la licenciada en derecho asegura que en la Junta que preside ``no hay una sola queja de corrupción comprobada''. Sin responsabilizar a alguien en particular, comenta: ``No sé si es una campaña o algo orquestado''.

Refiriéndose a las protestas y volantes en su contra, dice que ``hay un odio terrible''. Relata que el 21 de agosto dos actuarios que laboraron en la JLCA encabezaron una protesta en su contra a las puertas de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF), junto con un grupo de personas.

``Me patearon la camioneta, le sacaron el aire a las llantas'', y agrega: ``Esa campaña de agresión tiene que tener un origen... quizás entre tantos asuntos que se resuelven, alguien que se siente afectado, que siente que se afectaron sus intereses''.

Pero considera que es imposible precisar de dónde viene la supuesta campaña: ``Hemos visto 625 mil 903 expedientes en lo que llevo en este cargo''.

Se refiere a los dictaminadores Rogelio Hernández Bata y Rodolfo Hernández García, que encabezaron la queja de 23 funcionarios de esa instancia ante Arsenio Farell Cubillas, en contra de Isabel Moles y otros funcionarios. Acusaron a la titular de nepotismo y corrupción.

Quien fuera jefa del departamento de actividades culturales y deportivas en el Reclusorio Preventivo Oriente, en l976, sostiene -refiriéndose a los dictaminadores inconformes- que ``no están despedidos, fueron puestos a disposición de personal y dependerá del DDF asignarles plaza''.

Sin embargo, las quejas contra su proceder no sólo se dan entre los 692 asalariados de la JLCA. Rebasan esa esfera. Litigantes y trabajadores aseguran que no se imparte justicia conforme a derecho, afectándose a millones de asalariados de la capital