Justicia trunca a víctimas de delitos: PGJDF

Ricardo Olayo Históricamente, los delincuentes han recibido mayor atención del gobierno y del marco legal para preservar sus garantías constitucionales aun por encima de la que tienen sus víctimas, indicó ayer el procurador de Justicia del DF, José Antonio González Fernández.

Por tal razón, quien sufre un hecho criminal requiere ayuda íntegra y la reparación del daño, incluso mediante el embargo precautorio de los bienes del inculpado, afirmó.

En múltiples ocasiones los derechos de la víctima han tenido una desprotección crónica, a diferencia de la atención para hacer respetar los derechos de presuntos delincuentes, aseveró.

La víctima es la que sufre ``los peores estragos del crimen y la violencia'' y durante décadas su atención ``fue sesgada e insuficiente'', dijo al inaugurar la primera reunión nacional de Asistencia a víctimas del delito, en coordinación con varias ONG.

González Fernández dijo que a nivel nacional no está coordinada la estructura de atención a las víctimas, por lo que es necesario crear una red de información, consulta y estadística que las apoye en forma especializada.

En el DF, subrayó, la iniciativa de la sociedad ha servido para actualizar este renglón, pero aún se requiere conjuntar voluntades y crear una cultura de la seguridad en donde valores como la solidaridad y el espíritu de ayuda sustituyan el egoísmo y la indiferencia social.

Al margen de los esfuerzos oficiales, ``la lucha contra las vejaciones de las víctimas'' estriba en privilegiar la educación y el desarrollo del país en todos sus ámbito.

En el auditorio del Instituto de Formación Profesional (IFP) de la PGJDF, dijo que se debe acabar con la sensación que hay en la gente de que ``el delincuente siempre tendrá mecanismos para evadir sus responsabilidades, particularmente con las víctimas''.

La autoridad está obligada ``legal y moralmente'' a respetar los derechos de la víctima y, por ello, la Procuraduría fortalece los mecanismos para que la víctima sea restituida en el goce de sus derechos durante la integración de la averiguación previa, además de que propone que antes de la sentencia del juez se embargen los bienes del detenido.

Ante representantes del gobierno federal y de algunos gobiernos estatales, dijo que las víctimas sufren el drama de la violencia urbana, que a veces se convierte en un trastorno psicológico o moral tras una violación, un robo o el homicidio de un familiar.

Patricia Olamendi, directora de Atención a Víctimas del Delito de la PGJDF, mencionó que otro de los problemas para hacer valer sus derechos es la dilación en las investigaciones, la insensibilidad de algunos servidores y la nula atención a la víctima, lo que ha creado ambientes de desconfianza entre los ciudadanos.

Surgida de una ONG, Olamendi ligó directamente este asunto a la democracia y a la práctica del gobierno para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos. Resaltó la participación dela sociedad civil en esta materia y pidió acciones concretas, como la creación de un patronato para lograr la reparación del daño.

No ingresarán los policías de la PGR

El procurador dijo que ninguno de los judiciales cesados en la PGR ingresará a la Procuraduría capitalina y comentó que en la dependencia a su cargo la depuración ha sido paulatina. En entrevista, indicó que los ex policías pueden hacer del delito su forma de vida, por lo que urge concluir el Registro Nacional Policiaco para evitar su reingreso a alguna corporación.

Indicó que en la Procuraduría General de Justicia del DF han sido dados de baja mil 200 agentes desde 1995 y subrayó que las instituciones tienen la obligación de acabar con la impunidad en sus cuerpos policiales.

Informó también que el miércoles fue privado de su libertad y asaltado un familiar político de un hermano del presidente Ernesto Zedillo, por un grupo delictivo del cual ya se capturó a un persona.

Pide la PGJDF 36 millones de dólares para los 18 helicópteros

Por la tarde, el procurador recibió a los asambleístas en su nueva oficina de Fray Servando 32, donde mostró los avances tecnológicos para monitorear patrullas. Ahí, pidió dos millones de dólares por cada uno de los 18 helicópteros que se propone comprar la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública para vigilar la ciudad.

De acuerdo con la versión de Dolores Padierna, coordinadora del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea de Representantes del DF, González Fernández dijo que los aparatos servirán sobre todo para combatir el robo a bancos. En respuesta, la perredista le indicó que se deben buscar esquemas de participación de banqueros, a pesar de que ni siquiera han accedido a pagar su vigilancia en las oficinas.

Además, Dolores Padierna dijo que la ciudadanía no podría soportar un presupuesto que incluya la compra de los helicópteros, además de que a pesar de los cuantiosos recursos destinados, el índice delictivo sigue en aumento en los últimos dos años.