Clamor priísta: expulsen a Salinas.

Los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (CEN del PRI) están sorprendidos, y diríase que hasta preocupados, por el creciente rechazo hacia el ex presidente.

Las manifestaciones contra Carlos Salinas de Gortari se han recibido en cientos de reuniones para analizar los anteproyectos de estatutos, programa de acción y pronunciamientos que se aprobarán en la 17 Asamblea Nacional.

Ante tantas expresiones de la militancia, la cúpula del partido piensa que la presión obligará a tocar el tema en los trabajos y que será necesario asumir una postura con el voto de los más de 5 mil delegados.

Las críticas abarcan al neoliberalismo que instrumentó, la forma en que se manejó al partido en el sexenio 1988-1994, la crisis agudizada tras el error de diciembre y el desprestigio agravado con la riqueza escandalosa de Raúl Salinas de Gortari.

Expulsión de corruptos y de los críticos internos

Carlos Salinas de Gortari no acapara las críticas. En general hay censuras para los actos de corrupción y los malos gobernantes. Para éstos se piden medidas disciplinarias y que la vigilancia del partido se adelante a las acciones del aparato judicial.

En el concentrado de datos no figuran muchos nombres de personas cuya expulsión se reclama. En su mayoría son gente con desprestigio local y con resonancia nacional sólo hay dos: el ex gobernador neoleonés Sócrates Rizzo García y el diputado federal Alejandro Rojas Díaz-Durán.

A Sócrates se le achacan un sin fin de errores -corrupción, nepotismo, ejercicio caprichoso del poder, endeudamiento desmedido- que al decir de los priístas puede llevar a la pérdida de la gubernatura de Nuevo León en 1997.

Del legislador capitalino Rojas Díaz-Durán se critica su protagonismo constante, su oposición a ultranza a las prácticas priístas y su cercanía legislativa y política al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Para Carlos Salinas también hay cargos de deslealtad. Sus críticos expresan desconcierto porque la Comisión de Honor y Justicia del PRI no emitió un fallo de expulsión similar al que luego acató el Consejo Político Nacional para Raúl Salinas.

El dictamen del 21 de diciembre de 1995 fue consecuencia de la petición firmada por más de 80 diputados federales. La comisión, presidida por Mario Vargas Saldaña, decidió analizar individualmente cada caso y acordó tres acciones contra Raúl Salinas:

``a) La suspensión inmediata en sus derechos y prerrogativas como militante de nuestro partido.

``b) Debe expulsarse del Partido Revolucionario Institucional al ingeniero Raúl Salinas de Gortari.

``c) Debe señalarse que esta recomendación al Consejo Político Nacional no prejuzga los hechos y aspectos jurídicos que corresponden sólo a las autoridades responsables de la administración de justicia su resolución''.

En el texto de tres cuartillas y un párrafo hay poca literatura dedicada al ex mandatario:

``Quinto. Por lo que toca al licenciado Carlos Salinas de Gortari, la comisión precisa el siguiente procedimiento:

``a) La comisión en este momento estima que el licenciado Salinas de Gortari no está en el supuesto que nos lleva a formular la recomendación anterior referida a Raúl Salinas de Gortari.

``b) La comisión proseguirá el análisis de la información documental correspondiente, para que en su oportunidad proponga lo conducente en este sentido''.

De Almoloya a las Lomas: Raúl ve cerca su libertad

Los abogados de Raúl Salinas, en cuyo equipo figuran personas tan conocidas como Eduardo Luengo Creel, su cuñado Fernando Gómez Mont y un Juan Velázquez menos participativo, aparecen confiados como nunca antes.

Sus cálculos, edificados sobre los voluminosos expedientes que concentran multiplicidad de cargos y procesos, les indican que su cliente está muy cerca de alcanzar la libertad. Han fijado inclusive un plazo tentativo: el primer trimestre de 1997.

El razonamiento, o la estrategia, tiene su lógica. Como en el caso de Othón Cortés, el Ministerio Público no ha presentado pruebas y testimonios que acrediten la participación intelectual del indiciado en el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.

El eslabón Manuel Muñoz Rocha anda perdido y sin su confesión la Procuraduría General de la República (PGR) está virtualmente imposibilitada para probar la autoría material. Ello hace previsible que el juez declare inocente al hermano mayor del ex presidente.

Luego de esa circunstancia, presumen los defensores, los cargos contra Raúl Salinas disminuirán. Quedarían falsificación de documentos oficiales y enriquecimiento que la PGR llama ilícito pero cuyo origen no ha podido demostrar fehacientemente.

Estos cargos, frente al homicidio, resultan menores y podrían sancionarse con el pago de una parte de la suma de la fortuna comprobable y una pena corporal que luego podría ignorarse porque para entonces ya tendría más de dos años en Almoloya.

Bajo el supuesto que resulte la estrategia, quedarían en ridículo muchos. Desde el procurador Lozano Gracia y el fiscal Pablo Chapa Bezanilla, hasta el Partido Revolucionario Institucional, que ya lo sancionó.

Ciertamente el dictamen de la Comisión de Honor y Justicia aclara que no se prejuzgan ``hechos y aspectos jurídicos'', pero se dan por verídicos los cargos hechos a Raúl Salinas por la PGR y la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam).

Dice el texto de la expulsión:

``... obran en poder de la comisión constancias fidedignas de que el menconado ingeniero Salinas de Gortai está sujeto a proceso penal por el delito de homicidio en contra de quien fuera secretario general de nuestro partido, José Francisco Ruiz Massieu, y además la evidencia del procedimiento administrativo instaurado por la Secodam, donde se asegura el mal uso de recursos públicos en beneficio del propio ingeniero Salinas, lo que violenta de manera flagrante la fracción IX del artículo 176 de nuestros estatutos''.

Citarán de nuevo a los socios de Raúl Salinas

Mañana, en Mazatlán, el presidente Ernesto Zedillo inaugurará la reunión nacional de funcionarios fiscales. Por su naturaleza, parecería un evento ordinario, pero las circunstancias actuales pueden convertirlo en extraordinario.

Por ahí pueden surgir denuncias de evasores y reclamos de adecuaciones jurídicas para sancionarlos. Asunto actual porque antecederá a nuevas acciones que prepara la PGR contra Raúl Salinas y socios con quienes hizo, o hace, negocios.

Es decir, serán llamados a declarar nuevamente, ahora con riesgo de sufrir persecuciones penales por delitos fiscales, quienes en el sexenio pasado tuvieron nexos económicos y hasta entregaron dinero sin mayores requisitos pero sin declararlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Así que frente al escritorio del Ministerio Público Federal desfilarán de nuevo banqueros tan conocidos como Adrián Sada Fernández y Roberto González, El Maseco; Carlos Peralta, el primer concesionario de la telefonía celular, y el beneficiario de la desincorporación del Instituto Mexicano de la Televisión (Imevisión), Ricardo Salinas Pliego.

No son todos, pero saben mucho y, sobre todo, necesitan justificar la entrega de sumas millonarias en dólares para supuestos proyectos inexistentes. Una pregunta que no han contestado es por qué no reclamaron su dinero una vez encarcelado Raúl Salinas el 28 de febrero de 1995 si, como declararon Salinas Pliego y Sada Fernández, era para un fondo de inversión, trunco con la captura de su administrador.

Además, en la mayoría de los casos la cesión de capital no está antecedida por autorizaciones de consejos de administración y se hizo sin dejar huella en los negocios propios, mucho menos ante las autoridades fiscales. Por ahí viene la ofensiva.

Por esta vía se intenta demostrar el lavado de dinero y retener a Raúl Salinas de Gortari por mucho tiempo en la cárcel. Más vale que Lozano Gracia tenga éxito esta vez, pues la liberación del calificado como hermano incómodo puede perturbar la imagen política del gobierno de Zedillo, al que pertenece el procurador.

La cosecha

Durante casi dos semanas se discutieron los cambios que podrían hacerse al ritual el día del informe presidencial. Lo sustancial está decidido: Ernesto Zedillo entregará por escrito detalles y anexos relativos a la administración pública, y él leerá su mensaje político en acaso hora y media. De manera relativamente breve explicará qué pasó, cómo se recupera el país desde la óptica oficial y hacia dónde va. Está en estudio el resto de actividades con fuerzas armadas, gobernadores y otros actores de la vida política nacional... En algún lugar de la administración pública se menciona a Pedro Ojeda Paullada como posible nuevo fiscal para el caso Colosio. Ciertamente tiene conocimientos jurídicos, fue procurador general de la República durante el sexenio de Luis Echeverría y cuenta con una larga carrera política, pero no parece tan sólida su designación... Desde hacía tiempo que el procurador Lozano Gracia y su partido, Acción Nacional (PAN), analizaban la sustitución de Pablo Chapa Bezanilla. Su candidato natural era Fernando Gómez Mont, asesor de Lozano y consejero en oficinas de Los Pinos. El desprestigio de Gómez Mont lo inhabilitó antes del relevo, tras su entrevista en Nueva York con Carlos Salinas. Otro prospecto, Luis de la Barreda, parecía tener el apoyo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), hasta que Andrés Manuel López Obrador negó la participación de sus legisladores en una decisión que por derecho constitucional corresponde al Poder Ejecutivo... Dos asuntos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): 1) los registros indican que sólo faltan 23 mil 417 empleos para recuperar el índice de ocupación que tenía el país hasta la crisis que se desencadenó tras el error de diciembre de 1994. Lo lamentable es que la gente ocupada de nuevo tiene ingresos muy inferiores a los que percibía antes de irse al desempleo. 2) El director Genaro Borrego Estrada ya comenzó pláticas informales con representantes del sindicato con miras a la revisión del contrato colectivo de trabajo, que debe estar firmado a más tardar en octubre próximo. El aumento salarial de emergencia del 12 por ciento ha quedado atrás, aunque lo más probable es que la gente de Antonio Rosado lo sume a su demanda contractual.