La prensa norteamericana fue artífice de la buena imagen del presidente Carlos Salinas. Hoy señala que la corrupción que padeció el país en su sexenio no ha sido castigada y puede poner en peligro la ambiciosa reforma política del presidente Zedillo. Un interesante artículo de Tim Padgett (Newsweek, 26 de agosto) pone de relieve la voluntad del gobierno para limpiar de ``esqueletos sus clósets'', y critica su incapacidad para resolver los casos de asesinatos políticos y para investigar los vínculos de la familia Salinas con los jefes de las corporaciones clave en el país.

Aguilar Zinzer sostiene que aunque la corrupción tiene entre nosotros profundas raíces históricas antiquísimas, en nuestra época sustituyó a la represión como mecanismo de control político en México. Tuvo un papel destacado como generador del poder corporativo y reproductor del poder político. Su hondura se explica por la relación estrecha entre la falta de democracia y la deshonestidad gubernamental.

La corrupción fue tolerada cínicamente en México, pero como ruptura y desorden en el carlismo tomó una curiosa forma estructural. Los negocios que se han descubierto hasta ahora (seguramente sólo son una porción mínima del total) promovidos tan activamente por Raúl Salinas formaban parte de un proyecto. La creación de una alianza formidable con algunos de los hombres de negocios más importantes del país en áreas estratégicas (banca, transportes, medios, etcétera). Los favores políticos, concesiones, licencias, ventajas en los procesos de privatización, no sólo tenían por objeto que la familia en el poder amasara una enorme fortuna personal, sino crear un eje de nuevo factor de poder. Los gobiernos futuros de México se habrían visto obligados a considerarlo como un interlocutor forzoso frente a cualquier decisión importante.

Para construir la nueva poderosa pirámide de poder se utilizaron dos instrumentos: la impunidad y la arbitrariedad. No existen mecanismos para supervisar la operación financiera del gobierno. El Congreso tiene un órgano muy primitivo, que es la Contaduría Mayor de Hacienda, y que apenas en este sexenio empieza a dar muestras de actividad. Los expedientes de la cuenta pública se han podrido en los patios de la Cámara de Diputados. Desde los tiempos más anteriores a Salinas, el Presidente ha gozado de arbitrariedad, puede decidir sin rendir cuentas a nadie y sin sujetar a ningún marco legal la creación, adquisición o privatización de empresas. Aunque resulte escandalosa la actitud del contralor Arsenio Farell al negarse a dar al Congreso información sobre las reprivatizaciones, puede ser jurídicamente correcta: no hay ley en México que impida al Ejecutivo hacer lo que quiera con el patrimonio nacional.

Hay que reconocer que la política económica de Salinas correspondía muy bien a estos modelos de concentración. Se ha difamado a Salinas llamándolo liberal. En realidad Salinas actuó todo el tiempo con una mentalidad capitalista agresiva. Como lo ha señalado Fernand Braudel, el capitalismo expansivo es enemigo principal del mercado abierto y de la competencia y (en contra de lo que piensan los neoliberales) tiene al Estado (sí, al odioso Estado intervencionista) como su principal aliado y protector. En el sexenio pasado vivimos una expansión capitalista y la destrucción del mercado abierto. El apoyo de Salinas no sólo era deseable para los grandes intereses que se concentraban, resultaba indispensable. No sólo para arruinar a los pequeños competidores internos, sino para afrontar a los grandes, a los que había que exponerse con la apertura de la economía mexicana al exterior.

Hoy en la prensa de negocios de México, uno puede leer noticias sobre Vitro, Iusacel, Maseca, Masa, las grandes televisoras y bancos. Las más grandes empresas vinculadas ``con los negocios de Raúl'' siguen operando con la más absoluta normalidad. Los favoritos del régimen de Salinas parecen a salvo de cualquier investigación. El Congreso ha detenido las pesquisas y ha cancelado los expedientes más escandalosos. Nadie puede pasar la trinchera de la Contraloría. Todo sigue básicamente igual en México.

La corrupción no va a terminar hasta que no desaparezcan del escenario la impunidad y la arbitrariedad. Jorge Castañeda propone una Comisión de la Verdad. Podría hacerse un arqueo del régimen anterior. Si la pobreza de las leyes existentes no permitiera que fueran desmanteladas las fortunas acumuladas bajo el poder político, al menos el país conocería su magnitud y sus dueños. Estos grupos son los dueños de México. Carlos Salinas podrá estar en el exilio y su hermano en la cárcel, pero ellos están operando tranquilamente. Por supuesto que son aliados del sistema autoritario que los enriqueció y los protegió. Ellos y sus socios dentro y fuera del poder, con el mayor obstáculo activo para la modernización política y económica del país.