Más que desalojos, urge cambiar políticas urbanas, indican expertos

Alberto Nájar Poco a poco, casi al parejo del comportamiento de la economía, las zonas rurales y ecológicas que le quedan al Distrito Federal son ocupadas por capitalinos a quienes en su mayoría el encarecimiento de alquileres y el desempleo expulsó del área urbana. Hasta hace dos años el gobierno de la ciudad reconocía la existencia de 500 asentamientos irregulares; ahora, según la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, suman 534.

Oficialmente son tres mil las hectáreas de reservas ecológicas que se encuentran invadidas, principalmente en las delegaciones Tlalpan, Xochimilco y Tláhuac, donde incluso las áreas de cultivo están cercadas por colonias de reciente creación, sin servicios públicos y con tendencia al crecimiento.

Ante este panorama las propuestas de solución se dividen: para especialistas como Roberto Eibenshutz, director del Centro de Estudios Metropolitanos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), regularizar su situación equivaldría a estimular que continuaran las invasiones, por lo cual las autoridades deben adoptar las acciones necesarias ``para conservar sin población esas áreas''.

Por su parte, el urbanista Jorge Legorreta, del Centro de Ecología y Desarrollo, advirtió que los desalojos no sirven de nada si no se acompañan de acciones integrales, como el abaratamiento del suelo en las zonas urbanas, y sobre todo el compromiso de los partidos políticos para que pongan fin a la práctica de buscar votos a cambio de prometer lotes o viviendas.

Mientras, ajenos a las discusiones para solucionar su futuro, entre los habitantes de asentamientos irregulares la justificación más socorrida es un reclamo: ``si no es aquí ¿a dónde más nos vamos?''.

Bienestar para las familias

Al tomar posesión de la regencia, Oscar Espinosa Villarreal se encontró con que había 500 asentamientos en zonas de conservación ecológica en los que habitaban 350 mil familias, según datos de la Dirección General de Tenencia de la Tierra (DGTT).

Dos años después ya hay 534 asentamientos, de los cuales según la Comisión de Recursos Naturales del DDF, 30 por ciento serán desalojados por encontrarse en zonas de riesgo, como barrancas o cauces de ríos. Para el resto se aplicarán tres estrategias: incorporarlos a los cascos urbanos o a los poblados rurales, aplicar los programas delegacionales de desarrollo y en los casos que sea necesario, reubicar a los habitantes.

La historia de estos lugares es variada, según afirmó Legorreta, pues por ejemplo, algunos como las colonias Lomas de Padierna, surgieron con la introducción de rutas de colectivos, especialmente las llamadas combis toleradas. En otros casos se trató de estrategias de tipo político para atraer votos, lo cual en el pasado fue prerrogativa del PRI, pero que ahora es practicado incluso por partidos de oposición. En ese punto, Legorreta advirtió que los desalojos generalmente tienen una razón de fondo: se usan para castigar a algún líder no alineado, ``como pudo haber ocurrido en Las Maravillas''.

Recientemente, la razón principal de las invasiones ha sido el encarecimiento de rentas, ``provocado por la modernización de la ciudad'', y que es causa de que muchos emigren de las delegaciones centrales hacia las zonas periféricas. ``El 70 por ciento de los habitantes de esos asentamientos son capitalinos que ya no pudieron vivir en otro lado'', afirmó.

A este encarecimiento se suma la ausencia de viviendas populares, por lo que ``muchos deciden buscar en lugares donde el suelo sea accesible''. Legorreta aclaró que aunque el factor económico se encuentra siempre detrás de las invasiones, a últimas fechas parece haberse agudizado.

Este fenómeno se explica por algo cada vez más común: algunos de los asentamientos recientes se originaron con la regularización de otro predio, en el cual los habitantes que emigran vivieron por varios años. Un ejemplo característico se presenta en algunos barrios de Chimalhuacán, formados con antiguos moradores de Ciudad Nezahualcóyotl, o bien los asentamientos de Milpa Alta, particularmente en San Antonio Tecómitl.

Y es que mientras viven en forma irregular, estas personas no pagan contribuciones como predial, agua o electricidad, y cuando reciben sus escrituras adquieren también la obligación para liquidarlo.

El resultado es que la periferia de la ciudad se aleja cada vez más del área central (``en Chalco, el límite de la zona urbana ha cambiado 30 veces''), o bien que los asentamientos se ubiquen en lugares peligrosos. La Comisión de Protección Civil de la Asamblea de Representantes detectó 58 asentamientos en zonas de barrancas del poniente de la ciudad, así como 257 colonias de 13 delegaciones expuestas a riesgos hidrometeorológicos.

Cuando el camino se acaba

La semana pasada, José Luis Cortés Ramírez, habitante de un predio irregular en el Ajusco, perdió todo lo que tenía.

Una decena de empleados de la delegación Tlalpan se presentaron a El Zacatón, ubicado en el kilómetro siete de la carretera panorámica, y sin mostrar ningún documento derribaron su choza de madera que construyó hace poco más de un año. En un principio el argumento fue que la vivienda se encontraba fuera del perímetro permitido para ocupar esa parte de la reserva ecológica, pero luego reconocieron que se trató de un error.

Al igual que decenas de sus vecinos, José Luis llegó al Ajusco porque le subieron a 300 pesos mensuales la renta de la vivienda que ocupaba en otro asentamiento irregular: una cañada cercana al parque de los Dinamos. En las faldas del volcán consiguió 90 metros cuadrados junto a una casa construida con piedras, y allí levantó una habitación para él, su esposa y tres hijos menores de diez años.

La vivienda ya no existe, y a Cortés Ramírez no le quedó otra alternativa que vivir entre las ruinas de su casa. ``Si no es aquí ¿a dónde más nos vamos?; no tenemos a donde ir, toda la familia está igual. Aquí por lo menos tenemos un techito, a ver si no se nos mete mucho el agua cuando llueva'', comenta mientras su esposa Angelina Bautista calienta una olla de frijoles en una estufa improvisada en el suelo, con dos piedras y restos de lo que fue su casa como combustible.

Más hacia el sur, en San Antonio Tecómitl, en la delegación Milpa Alta, Sergio Segura se esmera por cortar una planta de nopal para ampliar el cuarto que construyó con lámina de cartón. A finales del año pasado ocupó un pedazo de terreno destinado originalmente para una nopalera, y cuyo propietario accedió a venderle a plazos. ``Me dijeron que aquí van a hacer una colonia, que porque pronto van a mejorar la carretera'', señala.

La vivienda de Segura es apenas una habitación de cinco por cinco metros, sin electricidad, agua ni letrina. Hasta ahora ha cubierto sus necesidades con el apoyo del propietario del predio, pero ahora lo que más le urge es construir una letrina.

Tanto Segura como Cortés Ramírez afirman que no tienen otra alternativa de vivienda, y aunque reconocen que ocupan ilegalmente los terrenos, para ellos se acabó el camino. Las soluciones para este y otros casos son variadas.

Según Roberto Eibenshutz, director del Centro de Estudios Metropolitanos de la Universidad Autónoma Metropolitana, la única posibilidad de resolver el problema de las invasiones es ``generar oferta legal de suelo'' y hacerlo accesible.

Para eso, el investigador señaló que las autoridades tienen que asumir parte del costo social que representa la pérdida de las reservas territoriales, y establecer un subsidio a la vivienda popular.

Regularizar los asentamientos ``sería terrible'', porque con eso se formularía una invitación a que se repitiera el fenómeno. Así, insistió, el gobierno capitalino debe aplicar los mecanismos necesarios para preservar libres de gente las zonas de conservación ecológica, algunas de las cuales se encuentran incluidas en el Programa General de Desarrollo Urbano.

Además de estas alternativas, Jorge Legorreta propuso que se firme un pacto entre todos los partidos políticos, para que pongan fin a la estrategia de canjear votos por viviendas o terrenos. La economía, insistió, es razón fundamental para las invasiones, pero en el fondo ``existe una estructura política'' que debe renovarse