Elba Esther Gordillo
Los partidos ante la reforma electoral/ III y último

En dos artículos anteriores exploté algunos retos que deberán enfrentar los partidos, a raíz de la reforma electoral. Hay otros.

La inercia centralista impuso en el terreno del derecho, como en tantos otros, aquello que se establecía desde el ``centro''. Desde aquí se propagaban por todo el territorio nacional: modas, costumbres, películas, normas jurídicas (buenas o malas)... Las leyes de los estados eran una traducción impecable del espíritu y la letra de los códigos federales (penal, civil, electoral, etcétera).

Hoy la reforma prescribe que las entidades federativas deberán adecuar sus legislaciones a los principios generales contenidos en la Constitución de la República. Toca a los partidos representados en los congresos locales asumir, con responsabilidad, pero también con audacia, un papel innovador. No considerar esos principios generales como techo, sino como piso. Avanzar más allá para enriquecer al pluralismo, para hacer de la competencia electoral un ejercicio democrático sin tacha, ensanchar los cauces democráticos.

Las modificaciones electorales que se hicieron en relación al Distrito Federal exigen, también, una transformación mayúscula de los partidos políticos. Por un lado, el que por primera vez se elija al gobernador del DF obligará a todos los partidos, con excepción del PRI, a dejar de pensar como oposición para hacerlo desde la perspectiva de gobierno. La posibilidad de ganar las elecciones y gobernar, está abierta. Vencerán el partido, el candidato y la oferta que logren sumar el mayor número de votos en comicios de pronóstico reservado. Los partidos tendrán que ser más propositivos, y su crítica deberá ir acompañada de iniciativas viables para solucionar los complejos problemas citadinos.

Por otra parte, si bien la elección de delegados será directa hasta el 2000, los partidos tendrán que empezar a desarrollar entre sus militantes, cuadros y dirigentes, una cultura política madura y responsable y con una buena dosis de respeto y capacidad negociadora para tratar con grupos, organizaciones, partidos y autoridades diferentes, a manera de ejercer el gobierno de 16, 21 ó 24 delegaciones de una misma ciudad, de un mismo sistema que no puede fragmentarse, buscando el mayor entendimiento entre fuerzas e intereses diversos, so pena de generar el caos.

En México, como en el mundo, la irrupción de organizaciones ciudadanas ha estado asociada a la creciente dificultad de los partidos para recoger, apropiarse y defender las necesidades y las demandas de la sociedad. Por eso hoy algunos observan la reforma como producto de un arreglo interpartidario que excluyó a la sociedad.

Los partidos no pueden pretender que ellos solos, alejados del ciudadano común, pueden gobernar este país, hacerlo viable, y mucho menos desarrollarlo política, económica y socialmente. Los partidos deberán aprender a interactuar (no manipular), a hacer participar, a escuchar (no sólo oír) a la ciudadanía. Les toca acercarse a una sociedad cambiante, exigente, y con muchos problemas que esperan respuesta. Mostrar, con hechos, que los partidos pueden ser la vía privilegiada para la participación política de los ciudadanos y para convertir sus propuestas en políticas públicas.

La propia reforma y, lo que subyace: la manera en que se construyó y se votó en el Congreso de la Unión, hablan de avances significativos en el régimen de partidos que deja atrás el viejo quehacer político monopartidista, cuya importancia no puede disminuirse. El proceso de negociación, con todo y sus avatares, inauguró nuevas formas de relación entre el poder público y los partidos, un anticipo de nuevas reglas del juego que reconocen el cambio en la correlación de fuerzas, el nuevo mapa político.

Son muchos los retos que la reforma electoral entraña para los partidos, pero terminaré señalando uno mayor. Una vez que se ha acordado la reforma electoral, es preciso apurar el paso para concretar los otros grandes capítulos de la reforma política: el fortalecimiento de los Poderes de la Unión, la participación ciudadana, el federalismo, los derechos indígenas, el desarrollo de oportunidades para la mujer... los temas nodales de la construcción democrática.