Dispersó la SSP 445 marchas y bloqueos en 1995

Alonso Urrutia Durante 1995, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizó 445 desalojos de diversas manifestaciones, bloqueos o asentamientos irregulares, es decir, un promedio de 1.2 intervenciones policiacas diarias. El uso de la fuerza pública durante el año pasado sometió lo mismo a organizaciones independientes que a grupos de ambulantes priístas, trabajadores de Ruta 100 y discapacitados.

Para 1996, el gobierno capitalino ha contabilizado más de un millar de manifestaciones en el primer semestre del año, entre ellas, las movilizaciones del magisterio nacional, cuyo desenlace violento costó el cargo a David Garay Maldonado.

La designación del nuevo titular de la SSP, Enrique Tomás Salgado, representó un impasse en el uso de la fuerza pública contra los manifestantes, pese a que continuaron las movilizaciones de los maestros y se realizaron recientemente bloqueos por los estudiantes inconformes contra el examen único; sólo la fuerza pública se utilizó contra los comerciantes ambulantes.

El uso de la fuerza pública ha ocurrido en momentos de indefinición sobre la regulación de marchas y bloqueos. En la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF), priístas y panistas buscan diversas formas para introducir una regulación a las manifestaciones; en tanto que el PRD anticipa su oposición total a cualquier proyecto que ``trasgreda la Constitución'' y ha advertido que interpondrá recursos legales si se aprueba.

En reuniones de la Comisión de Gobierno, el líder de la ARDF, Manuel Jiménez Guzmán, ha ofrecido postergar toda discusión sobre las marchas, particularmente el proyecto que la fracción del PRI -encabezados por el asambleísta Everardo Gámiz- ha realizado ex profeso para regularlas, será postergado en el proyecto de ley para la utilización de Vías de circulación y espacios públicos en la ciudad de México.

Sin embargo, en la agenda legislativa para el próximo periodo de sesiones se tiene contemplada la aprobación de la Ley de Régimen Patrimonial del Distrito Federal que impulsan conjuntamente las comisiones de Administración Pública y de Uso y Aprovechamiento de Bienes del Distrito Federal.

Aunque el título de la ley parece ajena a la problemática de las marchas, contiene en los artículos 17 y 18 disposiciones prohibitivas de la manifestación y la protesta social en determinados sitios bajo el argumento de ``no dañar a terceros''; se incluyen sanciones por afectaciones a inmuebles históricos y una regulación sobre las vías de comunicación donde será restringido el derecho a la manifestación.

Este aspecto ha sido motivo de discrepancias entre ambas comisiones, pues la disposición es producto de la iniciativa del PAN, a través del representante Fauzi Hamdan, presidente de la Comisión de Administración Pública, misma que ha recibido el rechazo de la otra comisión en este punto.

Francisco González, coordinador del Partido del Trabajo y presidente de la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes Públicos, dijo que ``no podemos dar una salida legalista a un problema esencialmente político y que tiene el agravante de ser una disposición constitucionalmente polémica. Nosotros hemos propuesto una salida política a través del compromiso público de todos los partidos políticos de reducir al máximo las movilizaciones y exhortar a las organizaciones sociales a hacer lo propio''.

En tanto, el PRD ha planteado su oposición a que se busque regular las manifestaciones. Un análisis de la coordinadora perredista, Dolores Padierna, indica que cualquier tentativa tiene un carácter ilegal, pues contraviene la Constitución. De aprobarse una iniciativa al respecto, su partido interpondría un recurso de anticonstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El diagnóstico perredista señala que las causas principales de las movilizaciones radican en la negligencia de las autoridades para atender las demandas de la población, la corrupción con el presupuesto público que posterga indefinidamente las soluciones e incompetencias en el cargo público, entre otros.

Padierna afirmó que su partido prepara una ley de servicio público que establezca como obligaciones de los funcionarios una actuación eficiente, imparcial y ética en el ejercicio de gobierno, que los obligue a mejorar el desempeño de las dependencias a su cargo