El gobierno federal, como antaño, pondrá en marcha un intenso programa que buscará elevar en lo esencial los niveles de bienestar de miles de mexicanos que se encuentran en la clasificación de ``extrema pobreza'' del Banco Mundial. Lo que sucede es que el programa ``arrancará'' ahora, cuando están por iniciarse diversos procesos electorales en el país y no en 1995 ni en lo que va de este año, cuando se han resentido con mayor severidad los efectos de la crisis económica.

Era de esperarse que los recursos destinados al gasto social se incrementarán, como lo había anunciado el presidente Ernesto Zedillo, pero generalmente los programas gubernamentales de auxilio llegan o cuando ya no funcionan -por que resultan insuficientes- o cuando el gobierno federal y su partido deciden atacar los llamados ``focos rojos'', donde tiene pocas posibilidades de penetrar políticamente.

Un ejemplo: Carlos Salinas de Gortari encontró un fuerte rechazo en Chalco durante su campaña electoral a la Presidencia de la República. En ese mismo lugar creó el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), mediante el cual ``resolvió'' algunos de los principales problemas que tenía el municipio y posteriormente, durante sus giras de trabajo, pudo entrar como en su propia casa.

El ex presidente visitó ``casualmente'' la entidad (al amparo de Pronasol) a pocos días de que Emilio Chuayffet terminó su campaña electoral, e incluso fue en Chalco donde realizó su última gira de trabajo como presidente de la República. A la luz de los hechos, el Pronasol resultó el sostén de la política social del régimen pasado.

Aun cuando el gasto social programado para 1996 proyecta una caída de 0.05 por ciento respecto al PIB, los recursos del nuevo programa social representan un incremento real de 2.5 por ciento en relación con 1995. De esta manera, el gasto social programado para 1996 significará 53.3 por ciento del gasto programable del sector público.

Más aún, la importancia del gasto social se manifiesta al considerar que para 1996 la inversión física asignada al desarrollo social representará 32.8 por ciento del total de la inversión pública. En ese sentido destaca el llamado ramo 26, que representa aproximadamente 20 por ciento de la inversión física total.

A estas alturas de la crisis económica más severa en la historia reciente del país, el gobierno federal buscará no sólo garantizar el cumplimiento de los derechos sociales de los mexicanos avalados en la Constitución Política, tales como la educación, la salud, la vivienda, el empleo y la seguridad social, sino conducir sigilosamente el destino de las elecciones que ya están a la vista, y en las que en esta ocasión, sólo en esta ocasión, el perdedor podría llegar a ser el PRI.

De aquí, de allá y de todas partes

Según un esbozo de dicho programa gubernamental, los principales problemas que se atacarán irán dirigidos a los sectores educativo, salud y vivienda, en los que persisten serios rezagos. Sobre este último renglón en el documento se indica que 4.6 millones de viviendas, es decir, casi la cuarta parte del inventario habitacional, tiene condiciones inadecuadas.

El diagnóstico sobre vivienda es el siguiente: mejorar sustancialmente unos 3.5 millones de viviendas y sustituir por nuevas construcciones el 1.1 millón restante. Para evitar que el inventario habitacional se continúe deteriorando, durante el periodo 1996-2000 será necesario que la sociedad en su conjunto edifique 1.8 millones de nuevas viviendas y lleve a cabo 2.2 millones de mejoramientos sustanciales de la vivienda existente para evitar que el rezago se incremente.

Esto es, la demanda acumulada durante el periodo ascenderá a poco más de 4 millones de viviendas, lo que significa un promedio anual de 670 mil.

Como estrategias complementarias dicho programa buscará ``armonizar'' el crecimiento y la distribución territorial de la población y promover el desarrollo ``equilibrado'' de las regiones. La polarización en la distribución del ingreso y la pobreza constituyen las dos principales manifestaciones de la desiguladad económica y social del país. Su atención demanda políticas e instrumentos de acción pública diferenciados, pero complementarios, se precisa.

Así las cosas, el Programa para Superar la Pobreza Extrema del gobierno federal reconoce que la crisis económica de 1995 ha tenido implicaciones profundas para la estrategia de la presente administración. De hecho, con supuestos de un crecimiento del producto de 3.5 por ciento para 1996 y de 5 por ciento en los años subsecuentes, el PIB per cápita alcanzado en 1994 sólo se recuperará hacia 1999. Adicionalmente y con los mismos supuestos, el producto interno bruto per cápita de 1981 sólo se registrará nuevamente hasta el año 2002.

Así, durante la presente administración se habrán incrementado sustancialmente los programas nutricionales, de salud y escolares para atender a los grupos con mayores carencias, al tiempo que se intentará, por lo menos se intentará, obtener resultados favorables en las elecciones que se avecinan, creíbles, sin conflictos postelectorales y sin el empleo de maquiavelismos. Habrá que esperar otra vez si primero se resuelve el problema de la pobreza o el de la credibilidad