710 secuestros en México desde 95

Juan Manuel Venegas y Ciro Pérez Silva Por instrucciones presidenciales, desde hace cinco meses la Procuraduría General de la República (PGR) trabaja en la elaboración de un programa de inteligencia para combatir los secuestros en México, que incluirá el perfil de las organizaciones delictivas, los estados de mayor incidencia y un proyecto de atención a empresarios, a quienes se presentarán diversas opciones ``para pasar de la seguridad física a la seguridad lógica''.

Este programa se hará extensivo a los 31 estados de la República, cuyas autoridades serán las encargadas de perseguir este delito, en tanto que la Unidad Antisecuestros de la PGR sólo intervendrá cuando lo soliciten los gobiernos estatales.

Según un primer balance de la información que se procesa en la Procuraduría, en 1995 ocurrieron en México 550 secuestros y 160 en el primer cuatrimestre de 1996. De éstos, 40 por ciento se cometió en Guerrero, Distrito Federal y Morelos, en ese orden de incidencia.

El análisis de inteligencia institucional, --al cual tuvo acceso La Jornada-- indica que 90 por ciento de los secuestros cometidos en México están ligados a la exigencia de rescates ``de decenas de miles de pesos''; otro cinco por ciento, de 100 mil a un millón de pesos (en la mayoría de los casos los secuestradores piden de 300 mil a 400 mil pesos), y el restante cinco por ciento va de un millón a cinco millones de pesos, salvo en los casos de grandes empresarios, ``que en promedio se registran de uno a dos anualmente, y cuyos montos a cambio de la liberación se fijan en millones de dólares''.

El documento aclara que todas estas cifras se encuentran ``en proceso de validación y verificación''.

Respecto al perfil de las bandas de secuestradores, el análisis de la Procuraduría indica que ``no se ha encontrado evidencia que los ligue a grupos políticos antisociales (la guerrilla, por ejemplo)''.

En cambio, ``es frecuente que las investigaciones por plagios aporten como resultado la participación de grupos de narcotraficantes''. Es más, un porcentaje de los secuestros que se cometen en México (todavía por validar y verificar) ``tiene que ver con disputas entre esas organizaciones''.

Por otra parte, el proyecto que elabora la PGR y que servirá de apoyo a las autoridades de todos los estados de la República incluye un subprograma especial de atención a los empresarios, mexicanos y extranjeros.

A ellos se les presentarán diversas medidas preventivas para pasar ``de la seguridad física a la seguridad lógica'', que en el esquema de inteligencia tiene que ver con ``el comportamiento seguro, controles de acceso a los lugares que visitan y donde despachan, capacitación a su personal de apoyo, manejo de conductas conforme a sus rutinas, y conocimiento y reconocimiento de sus rutas de traslado''.

El programa que elabora la PGR otorga mayor confiabilidad a este tipo de controles que a los tradicionales métodos de seguridad física: autos blindados y grupos de guardaespaldas.

Los secuestradores, muy poco vulnerables

La PGR empezó el programa de inteligencia para combatir los secuestros en México por instrucciones presidenciales, ``debido a que no existe en nuestro país un esquema inteligente de enfrentamiento a las bandas de secuestradores, que en los hechos son muy poco vulnerables''.

El balance del grupo especial de la PGR que trabaja en el proyecto precisa: ``El gobierno ha tenido muy poco margen de acción para combatir la llamada industria del secuestro, debido a la escasa información que se tiene sobre el modus operandi de las organizaciones, principalmente porque los familiares de las víctimas y las víctimas mismas no desean proporcionar mayores datos, y porque las organizaciones de secuestradores, en muchos casos, manejan importantes cantidades de dinero que les permiten moverse con facilidad de un lugar a otro''.

Aunado a esto, ``no existe un perfil de los grupos de secuestradores, no hay una cultura preventiva, sino reactiva al fenómeno, y no contamos con un esquema inteligente de enfrentamiento que permita la coordinación interinstitucional''.

Por lo anterior, un programa de inteligencia como el que se propone sólo podrá tener efectos positivos en la medida en que ``se eficienten las líneas de coordinación entre las autoridades federales y estatales, pues el secuestro seguirá siendo un delito que corresponderá combatir a la autoridad de cada uno de los estados de la República Mexicana''.

La posibilidad de elaborar un programa de inteligencia contra los secuestros quedó abierta --indica la PGR-- con la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que permitirá enfrentar el problema de manera coordinada e integral.

En seguida se precisan los conceptos de inteligencia institucional: ``Identificación de grupos delictivos relacionados con el secuestro en cada estado de la República y llevar a cabo acciones de investigación respecto a su modo de operar.

``A partir de estas tareas básicas, el programa contendrá los elementos centrales de coordinación entre las autoridades estatales y federales: banco de datos, fuentes de información, contactos interinstitucionales, procesamiento y evaluación de información, selección de equipo y personal, procedimientos en grupo, formación de grupos especiales y medidas de acción.

``De todo esto se carece en México, y si logramos avanzar por ese camino, estaremos en posibilidades de pasar de la cultura reactiva contra este ilícito a la cultura preventiva. Nuestras autoridades, hasta ahora, han reaccionado sin un programa de apoyo, lo que ha provocado que las bandas de secuestradores sean prácticamente invulnerables, dejando poco margen de acción al gobierno.'