Hace unos años, cuando se pensaba en la posibilidad de un tránsito pacífico a la democracia en México, era difícil imaginar las complicaciones que habría en el camino. Ahora, que ya estamos sumergidos en ese tránsito, vemos cómo los nudos del viejo sistema se empiezan a desamarrar, cómo los equilibrios se rompen y la gobernabilidad se vuelve frágil. Las consecuencias de este proceso saltan a la vista: el país atraviesa por momentos de incertidumbre con una estabilidad precaria; la capacidad de las instituciones para gobernar está amenazada, sobre todo en materia de justicia y seguridad pública; el modelo de desarrollo económico y social no logra generar los satisfactores indispensables y cada día aumenta la miseria y los costos para más de la mitad de los mexicanos. Frente a este panorama hay un clima de descomposición que tiene dos puntas muy preocupantes: la reproducción de grupos guerrilleros y el incremento exponencial de la inseguridad pública.

La presencia creciente de grupos armados en el país, sean ``pantomima'' o guerrilla auténtica, grupos que negocian un proceso de paz como el EZLN en Chiapas o grupos que quieren pelear contra el gobierno como el EPR en Guerrero, es un signo preocupante que caracteriza el fin de siglo en México. El pasado domingo 25, Pablo González Casanova, integrante de la Comisión Nacional de Intermediación en Chiapas, planteó --en un artículo publicado en La Jornada-- algunos de los principales obstáculos que amenazan la posibilidad de lograr la paz en el sureste. Hasta antes de la aparición del EPR en Guerrero y a pesar de todas las complicaciones de la negociación chiapaneca, la vía armada estaba suspendida en México; hoy el panorama se ha complicado. ¿Cuántas guerrillas puede aguantar la estabilidad del país? ¿Cuántos procesos de pacificación tendrán que darse en los próximos meses y años? ¿El camino de las armas es un regreso de la vía guerrillera de los años setentas o se trata de un factor actual con el que tendremos que vivir en nuestro fin de siglo?

Por otra parte, la ola de inseguridad pública que ronda al país y que ha generado una explosión de los delitos en las ciudades y en las zonas rurales es también otro signo muy preocupante de nuestros días. La reciente expulsión de casi 750 elementos de la Policía Judicial Federal es un dato alarmante porque todo el mundo se preguntó: qué harían de ahora en adelante esos ex policías y las respuestas no son muy confortantes. Pero el dato más importante fue la disyuntiva planteada por el procurador Antonio Lozano: se militarizaba o se purgaba a la corporación. Varios hilos amarran este problema, desde las redes del narcotráfico hasta las inercias de corrupción que se han formado durante años. Además, la falta de resultados sobre los asesinatos políticos y el hecho de tener un procurador de origen panista, crean un clima de intensa presión en torno a la PGR, que poco ayuda a despejar la maraña. De nuevo surgen preguntas sobre las posibilidades de ganarle la partida a la delincuencia organizada antes de que la sociedad quede sometida a la ley de la selva de bandas que secuestran, roban, asesinan. ¿Es posible sanear a las corporaciones policiacas? ¿Se podrá ganarle la partida al narcotráfico con las reglas existentes o se tendrá que cambiarlas y legalizar el consumo de ciertas drogas? ¿Estamos en una nueva etapa en la que no hay punto de regreso y tendremos que acostumbrarnos a vivir dentro de la violencia?

El panorama mexicano de fin de siglo se ha vuelto sumamente complejo y con rupturas graves. Pero no todo es negro. Frente a la violencia y a la vía de las armas se cuenta con una vía que se encuentra en proceso de elaboración: los signos que anuncian nuevos tiempos, la construcción de un sistema democrático que hoy tiene avances nada despreciables como la reciente reforma electoral. Si las cosas marchan bien en la legislación secundaria y en su implementación, es posible que lleguemos a fortalecer la posibilidad de la alternancia, de los contrapesos, es decir, de una sociedad con mayor libertad de elegir, de organizarse, de exigir, en síntesis, de volvernos ciudadanos con plenos derechos y obligaciones. El problema es que esta vía aún es frágil y fácilmente puede obstaculizarse; pero lo positivo es que el país, actores políticos centrales y una gran mayoría de los ciudadanos están montados en este camino.

Finalmente, lo que caracteriza el momento actual , como dice Lorenzo Meyer, es que estamos en una lucha contra el tiempo. De forma muy rápida se tienen que construir las bases de un sistema democrático que pueda generar una gobernabilidad eficiente para el país, lo cual implica no sólo tener elecciones limpias, sino un proyecto de país incluyente para la mitad de los mexicanos que hoy se encuentran fuera de cualquier desarrollo económico. Un país con instituciones que puedan procesar la violencia y en donde las armas no sean el futuro, sino el pasado. La pregunta en este momento es: ¿qué posibilidad existe para detener la violencia y abrir cauces políticos frente a la vía de las armas?