Es cierto, como dijeron en Mazatlán el Presidente y el secretario de Hacienda, que los recursos fiscales son necesarios para que se ejerza el gasto público en educación, salud y todos los otros rubros existentes. Pero también es cierto que es necesario hacer una distinción cuando hablamos de quienes no pagan los impuestos, o pagan menos de lo que les corresponde.

Existen, sí, personas y empresas que recurren a trucos para eludir el pago de sus obligaciones, o que simplemente no pagan y ya. Estos han existido desde hace mucho tiempo. Pero también existen empresas y personas que han dejado de pagar a raíz de la crisis, de las alzas tremendas en las tasas de interés en los primeros meses de 1995, de la mayor recesión que trajo consigo el aumento del IVA a 15 por ciento, de haber sido despedidos de su trabajo, etc. Estos últimos no sólo han dejado de pagar impuestos, sino deudas con los bancos, cuotas al Seguro Social y otras obligaciones, simplemente por falta de capacidad económica para hacerlo. En no pocos casos les costó el embargo de su bienes y han sufrido otras consecuencias.

Para este segundo caso se han establecido programas de renegociación de los créditos bancarios, de los adeudos fiscales, etc. Una parte de los deudores ha podido salir de su situación de suspensión de pagos con la ayuda de estos programas. Otra parte no tuvo nunca la aplicación de los mismos. Una parte más renegoció y luego de un tiempo se volvió a quedar sin poder pagar.

Al hablar de los que no pagan impuestos sin hacer esta distinción entre las dos categorías de deudores de las que estamos hablando, y plantear la necesidad de sancionarlos conforme a la ley, se puede dar pie a interpretaciones en el sentido de que los que no resolvieron su situación con los programas de renegociación, volverán a ser sujetos de embargos masivos y otras formas de persecución.

Para aumentar la recaudación, sería además conveniente revisar la actual legislación fiscal, que aplica el mismo porcentaje nominal a empresas grandes y chicas. Estos porcentajes, nominalmente, son muy altos sobre todo si no se pueden hacer deducciones: 34 por ciento de impuesto sobre la renta, 15 por ciento de IVA, impuestos sobre nóminas, al activo, predial y otros. El complicadísimo sistema legal fiscal no sólo incluye un rosario de leyes o reglamentos, sino reglas generales que cambian a veces cada pocos meses y que llenan multitud de páginas de los ``diarios oficiales''. Una empresa pequeña no puede manejar esto adecuadamente, ni pagar contadores, y tiene que escoger entre la quiebra y su cambio a la llamada pomposamente economía informal, o sea en este caso establecer una forma de operación irregular sin pagar impuestos y a menudo sin local, como el comercio ambulante. Por otro lado, hay grandes empresas que pagan a contadores para complicar las cosas en forma tal que se deduzca todo lo posible aún más allá de lo permitido por la legislación, pero sin que se note.

Una legislación más sencilla, pero que cobre más de manera explícita a las empresas grandes que a las más pequeñas, o bien que grave más a los empresarios como personas en términos de su ingreso global, puede ser una ayuda para mejorar la recaudación, y de paso volver a una cierta redistribución de la riqueza entre más, y no entre cada vez menos como sucede desde hace unos años.