El presidente Ernesto Zedillo señaló que el campo mexicano ya no será el colchón para amortiguar la crisis financiera del país, y que de ser existir ``algún espacio'' en las finanzas gubernamentales el agro tendrá asignación prioritaria (La Jornada, 24 de agosto). Afirmó también que la Alianza para el Campo está coadyuvando positivamente a la reanimación del sector.

El anuncio de posibles recursos frescos al campo y la disposición gubernamental de no seguir haciendo del sacrificio de éste el ``cochinito'' para paliar la crisis son, de convertirse en hechos y no en declaraciones de propaganda antes del Informe presidencial, buenas noticias. Hasta ahora, la principal acción gubernamental en el sector pareciera ser la de incorporar, por la vía de los hechos, a la Sedena al gabinete agropecuario. Al profundo descontento que existe en la sociedad rural se le ha hecho frente trasladando tropas a las comunidades y pueblos, e impulsando programas de ``compensación'' que tienen el mismo efecto que el de dar aspirinas a un enfermo de cáncer. En palabras del gobernador de Oaxaca, la militarización en curso es ``para dar atención social a las comunidades, llevar a cabo campañas de reforestación y generar mayor certidumbre en la población''. (La Jornada, 20 de agosto).

En donde no existen elementos suficientes para ser optimistas es en la valoración presidencial del programa de la Alianza para el Campo. Las cifras dicen una cosa distinta a lo expresado por el jefe del Ejecutivo. De entrada, el otrora orgullo de los funcionarios del sector, la balanza agropecuaria positiva durante 1995, desapareció en los primeros seis meses de 1996. Según datos del Banco de México, ésta reportó un déficit de 21 millones de dólares, en contra de los mil 586 millones de superávit obtenidos en el mismo lapso del año previo (Reforma, 16 de agosto). Compramos más de lo que vendemos.

Algo similar ocurre con la rentabilidad en el sector. Aunque los precios agrícolas tuvieron en promedio un incremento del 23.5 por ciento, entre enero y junio de este año los insumos agrícolas crecieron en promedio el 43.6 por ciento (El Financiero, 19 de agosto). Se mantiene la tendencia creciente a la descapitalización de los productores. Como muestra basta un botón: la cartera vencida del sector llegó aproximadamente a 12 mil 500 millones de pesos. Si los precios agrícolas se han incrementado ello es resultado del aumento de éstos en los mercados internacionales y no de una política gubernamental.

Según la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, los recursos de la Alianza para el Campo han beneficiado con semillas mejoradas apenas 200 mil hectáreas de maíz de un total de 7.5 millones, y la participación en el programa de maquinaria es menor al 4 por ciento (El Financiero, 25 de agosto). El país requerirá importar este año, cuando menos, 13 millones de toneladas de granos. ¿Es eso exitoso?

Ciertamente se requieren más recursos para el campo. En pesos reales, el gasto programable para desarrollo rural por habitante ejercido durante 1996 será de 210 pesos, en contra de 508 en 1981. El presupuesto real de hace quince años fue de casi el doble que el de este año.

Pero los problemas no se reducen a más dinero. De entrada urge una modificación drástica de nuestra política comercial que incluya la renegociación del TLC. Resulta que, como resultado de las presiones de las grandes compañías agroalimentarias, los aranceles que debían pagar las importaciones de sorgo y trigo provenientes de países que ni participan en el TLC se eliminaron unilateralmente, derrumbándose los precios de estos productos y creando graves problemas de comercialización para más de 76 mil toneladas de trigo y medio millón de toneladas de sorgo en manos de organizaciones de productores. Asimismo, estamos importando a precio dumping vísceras y carne de cerdo y pollo en mal estado, y suero de leche.

Se requiere además que esos recursos lleguen efectivamente a manos de los pequeños productores. Hasta ahora la parte sustancial de los subsidios a la agricultura y a la alimentación han quedado y quedarán en manos de los grandes agricultores privados, de las plantaciones forestales y de las grandes empresas harineras. Las denuncias de los diputados Víctor Quintana y Adolfo Aguilar Zinser sobre los pagos indebidos de Conasupo a Maseca muestran cómo los subsidios públicos se han traducido en ganancias privadas.

Pocas cosas serían tan convenientes para el país como el dejar de considerar al agro el colchón para enfrentar la crisis e incrementar el presupuesto que se le asigna. Pero para que ello tuviera resultados reales se requiere, además, de nuevas políticas destinadas a apoyar el desarrollo rural y la agricultura campesina. Obviamente esto no es ni puede ser función del Ejército. Las fuerzas armadas deben regresar a sus cuarteles y sus actividades limitarse a lo establecido por la Constitución.