Asume el DDF deuda de ambulantes reubicados
Miriam Posada, Víctor Ballinas y Alonso Urrutia Reagrupados ante la política de desalojos violentos realizada por el Departamento del Distrito Federal (DDF), dirigentes de comerciantes ambulantes llegaron a la Secretaría de Gobernación en demanda de que se derogue el bando que prohíbe el comercio ambulante en el Centro Histórico; cese el uso del cuerpo de Granaderos como grupo de choque, y se regulen las inspecciones fiscales.
En la movilización, más de una decena de dirigentes, entre los que destacaban Alejandra Barrios y Benita Chavarría, entregaron un documento de protesta en el que exigen una ley de comercio popular que permita el ambulantaje en el Centro Histórico y destacan que el ``desorden, la anarquía, el autoritarismo y la inseguridad, que son signos que marcan el Centro son generados por la ausencia de un marco regulatorio.''
Ambulantes rumbo a Gobernación.
Foto: Ernesto Ramírez
Por otra parte, en entrevista con mujeres periodistas, el regente Oscar Espinosa Villarreal dijo que esta administración ``no está dispuesta a negociar con la ley, en el caso de nada''. Advirtió que no retornaremos ``al clientelismo político, porque con el tiempo las alianzas políticas las volvimos complicidades. Hoy hay que volver y retomar el orden. Todas las actividades políticas de las organizaciones y partidos tendrán que hacerse en el marco de la ley''.
Espinosa insistió en que ``todos debemos respetar la ley; una cosa es ser afiliados políticos y otra cosa es pretender que tenemos el derecho de repartirnos las banquetas como si fueran de nosotros''.
El regente citó el caso de las estaciones del Metro, donde el 60 por ciento de sus entradas y salidas están copadas por ambulantes y el riesgo es que tienen instalaciones de gas.
Algunos medios presentan el cumplimiento del bando ``como la agresión, el uso de la brutalidad policiaca contra unos desvalidos ambulantes en el Centro, cuando en realidad de lo que se trata es que después de siete años el gobierno decide hacer que se aplique la ley en beneficio de lo que es patrimonio de todos. Igual pasó con el desalojo de Las Maravillas''.
En tanto, como parte de un proceso de reestructuración del problema de las plazas comerciales, el Departamento del Distrito Federal (DDF) asumió la cartera vencida que los comerciantes ambulantes tenían con el Banco Nacional de Comercio Interior que asciende a 25 millones de pesos.
La medida --comentó Gonzalo Rojas, presidente de la comisión de Abasto de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal-- pretende atacar uno de los factores que han favorecido el retorno a las calles de los comerciantes, si bien la crisis económica y el clientelismo político son puntos centrales en este fenómeno.
Rojas señaló que la protesta de los ambulantes tiene, en parte, origen en el incumplimiento de los compromisos que en su momento asumió el Departamento del DF y que incorporaban infraestructura y campañas publicitarias.
Los casi tres mil vendedores ambulantes que marcharon hasta la Secretaría de Gobernación para apoyar a sus dirigentes avanzaron sin incidentes, sin comerciantes establecidos y elementos de la Policía Preventiva.
Al llegar a la Secretaría de Gobernación un grupo de aproximadamente 200 granaderos resguardaba el costado derecho del edificio. Los vendedores se establecieron sobre Bucareli y realizaron un plantón por espacio de aproximadamente dos horas.
El documento que entregaron contiene once puntos entre los que destacan la derogación del bando; que la ARDF apruebe una ley de comercio popular; demandan una tregua de tolerancia para que por un lapso y mientras se elabore el marco regulatorio se permita vender en el Centro; eliminar el uso de la fuerza pública como grupo de choque; prohibir la contratación ilegal de grupos de choque integrados por viciosos, y regular las visitas de inspección, entre otros.
La demanda de los agremiados de Alejandra Barrios, Miguel Angel Huerta, Benita Chavarría y Sofía Trejo, entre otros, fue unánime: el reclamo de la libertad de trabajo. En pancartas manifestaron su repudio contra el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (Canaco), José Santos Asseo, y contra el representante de los comerciantes establecidos del Centro Histórico, Guillermo Gazal.
Mientras los comerciantes se manifestaban frente a Gobernación, inspectores de Vía Pública y elementos del agrupamiento de Granaderos se mantuvieron en las calles del Centro Histórico como parte del operativo contra ambulantes.
Sin embargo, esta vez la movilización fue menos numerosa. Los inpectores se establecieron en diversos puntos de El Carmen, Bolivia, Colombia, Argentina, Venezuela, Corregidora y Correo Mayor. Actuaron en grupos de cinco o seis elementos y sólo se dedicaron a observar el movimiento de los comerciantes