En sesión solemne del cabildo zacatecano --teniendo como sede el antiguo templo de San Francisco-- fue suscrito, en días pasados, ``el hermanamiento de las ciudades mexicanas'' que han sido incluidas dentro de la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Al acto (como lo refiere la nota publicada por La Jornada el domingo 18) asistieron los presidentes municipales de Guanajuato, Morelia, Oaxaca, Puebla y Zacatecas, además del vocal ejecutivo del Consejo del Centro Histórico de la ciudad de México.

Entre deseos de ``lazos fraternales'' y voluntad política de los funcionarios allí presentes, se habló de ``mejorar'' en todo el país el empeño por ``conservar los testimonios del patrimonio de nuestra gran cultura''. Sin embargo, ¿cuál es el estado de conservación de estos bienes del patrimonio mundial mexicano después de su designación?

Las declaratorias efectuadas por la Unesco, a petición del gobierno mexicano, no son una garantía para su conservación. México cuenta, hasta ahora, con 14 sitios monumentales y naturales que son patrimonio del mundo, entre ellos las seis poblaciones antes citadas. Y es al país al que le corresponde velar por su protección, impulsando el desarrollo de acciones legales, técnicas y económicas que permitan su salvaguarda y puesta en valor.

Bien sabemos los problemas crecientes que enfrenta el cuidado de las zonas monumentales, ante la carencia de una correcta integración de políticas de desarrollo urbano y rescate patrimonial. De las villas mexicanas, cinco afrontan en común severos problemas de degradación y destrucción, siendo Zacatecas la única mejor librada.

Para comprender el problema de las ciudades históricas, los especialistas señalan que se debe conocer la suma de irregularidades que coexisten en ellas, desde el uso de edificaciones y terrenos baldíos hasta los límites de las áreas en las que se pretende actuar, pasando por el estudio de las inversiones realizadas y por realizar, de la aplicación (o no) de los códigos y reglamentos constructivos y de conservación, de las normas ecológicas y del mercado laboral y comercial (formal e informal), además de la administración de los fondos municipales (incluidos terrenos e inmuebles públicos, impuestos y recursos humanos). Con la respuesta a todas estas interrogantes se puede tener una perspectiva más amplia que permita, tanto a las autoridades como a la sociedad, evaluar la situación social, económica, ambiental y física de las zonas monumentales.

Hasta la fecha muchos planes de rescate han logrado relativo éxito porque sus alcances son, con frecuencia, irreales al tener una visión de corto plazo, limitada tan sólo a tiempos políticos. Así hemos visto cómo sucesivos ayuntamientos han gastado enormes sumas de dinero en reconstrucciones y reactivación de edificios aislados, incluidos muchos de valor patrimonial secundario, manteniendo sus acciones desconectadas de amplias estrategias comunes que generen, gradualmente, la rehabilitación integral de las ciudades.

Si bien la defensa aislada del patrimonio arquitectónico ha dado como fruto la puesta en valor de notables ejemplos constructivos (el convento de Santo Domingo en Oaxaca), simultáneamente han desaparecido otras edificaciones menores que también formaban parte del conjunto monumental (la casa de las Ajaracas en México). Y cuando se ha pensado en acciones más ambiciosas, éstas se han limitado a mejorar la apariencia externa de unos cuantos edificios, algunas calles y plazas (la avenida Reforma en Puebla).

Mientras no sean combatidas las causas reales del deterioro de estos conjuntos urbanos, los proyectos parciales de mejoramiento corren el peligro de fracasar una y otra vez. Para que los municipios de esas cinco poblaciones (y de todas las del país) puedan llevar a cabo una labor más completa, es necesario que cuenten con sus propios reglamentos (como el reciente ejemplo de Morelia), integrados a los planes reguladores de desarrollo urbano y apoyados en las normas federales respectivas.

Protocolizada ya la Asociación de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, AC, se deben dar a conocer públicamente sus propósitos y planes de trabajo. En ellos no deberán dejar de lado a las asociaciones civiles que de manera importante defienden, activamente, sus lugares. Las intenciones de este organismo no deben verse limitadas por la, muchas veces, volátil decisión de las autoridades en turno