Fiscalizarán los estados a causantes de impuestos federales: Zedillo

Elena Gallegos, enviada, Mazatlán, Sin., 26 de agosto Para combatir la evasión fiscal y la impunidad que se manifiestan en el deterioro de las finanzas públicas, el presidente Ernesto Zedillo anunció la firma de convenios de colaboración entre la Federación y los gobiernos estatales, mediante los cuales se darán facultades de fiscalización a estos últimos en lo que se refiere al pago de los impuestos Sobre la Renta, al Activo, y Sobre Producción y Servicios.

Zedillo dijo que los tres órdenes de gobierno ``estamos obligados a reducir la evasión, pues es injusto que la mayoría de los causantes cumplan puntualmente con sus obligaciones, y existan otros que no lo hacen'', además de que la sociedad reclama cada vez más y mejores servicios ``y estos se financian con la recaudación''.

A su vez, el secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, explicó que se otorgarán estímulos a los gobiernos estatales que gracias a los nuevos convenios contribuyan al cumplimiento ``amplio y correcto'' de las obligaciones fiscales, y recordó que en el caso del IVA ya tenían delegada esa facultad de fiscalización.

El primer convenio se firmó aquí entre la Federación y el gobierno estatal, representados por Ortiz y Renato Vega Alvarado. Ortiz insistió en que la evasión fiscal es ``un enemigo común'', y dijo que hasta por razones de equidad, la autoridad está obligada a erradicar prácticas evasivas de una minoría que afecta a todos, por lo cual se debe aplicar la ley.

Calificó los nuevos convenios como ``punto de partida estratégico'', ya que con ellos se abandona el paternalismo centralista, para dar paso a una nueva relación de colaboración y corresponsabilidad.

Esto ocurrió durante la clausura de la 28 Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, donde el presidente se mostró complacido por el trabajo efectuado por autoridades fiscales de diverso origen partidario. Dijo a los funcionarios que las diferencias políticas no obstruyen la responsabilidad de atender a todos los mexicanos con el mismo esmero y eficacia.

Reiteró que bajo ninguna circunstancia la distribución y el ejercicio de los recursos fiscales debe realizarse con criterios partidistas. ``Eso es lo que la sociedad reclama y es la actitud que necesitamos para alcanzar un México justo''.

Consideró que otro asunto que exige la más eficaz coordinación entre los integrantes de la Federación es el de la seguridad pública. ``Uno de los reclamos más sentidos es acabar con la frecuente amenaza de la seguridad de las personas, de sus familias y de sus bienes''.

Por eso insistió en que los gobiernos federal, estatales y municipales asuman corresponsablemente las decisiones que permitan contar con más recursos para financiar el fortalecimiento de los servicios de seguridad pública.

Zedillo añadió que la vía más eficaz para lograr el desarrollo nacional equilibrado es el fortalecimiento de estados y municipios, y para ello debe consolidarse un orden fiscal nuevo, más justo y participativo.

Luego se refirió a los avances logrados en el fortalecimiento de los sistemas tributarios, pero dijo que éste ``no ha sido parejo'' y citó un ejemplo: entre 1989 y 1995 la recaudación por Impuesto Predial aumentó más de tres veces como proporción del PIB, pero la mayor parte de ese incremento se concentra en 11 entidades.

Anunció que se redoblarán esfuerzos para lograr la modernización administrativa, y sostuvo que ``los integrantes del Pacto Federal tenemos la capacidad de unir criterios y sumar esfuerzos para fortalecer a la República por encima de las diferencias naturales derivadas de los ámbitos de acción en los que opera cada uno''.

A su vez, Ortiz se refirió a la estabilidad de las variables macroeconómicas, aunque subrayó que todavía es largo el trecho por recorrer. Habló del federalismo fiscal y dijo que el gobierno amplió el monto participable de la recaudación del 13 por ciento registrado en 1980, al 20 actual.

Aseguró que ese incremento se ha dado en un escenario en el que se detecta una disminución importante de los ingresos federales, y señaló que en el futuro cualquier aumento de los fondos participables deberá ir acompañado de una reasignación de responsabilidades de gasto, o de lo contrario se desequilibraría el presupuesto, lo que dañaría las posibilidades de desarrollo.

Según Ortiz, entre 1980 y 1996 las participaciones pagadas a los estados crecieron 60 por ciento en términos reales, mientras los ingresos federales sólo se incrementaron 15 por ciento y la actividad económica en su conjunto, 25.

En cuanto a la deuda pública de los gobiernos estatales mencionó que se observa ya una liberación de la carga, y se avanza en el equilibrio fiscal de las entidades. Hasta el momento se han restructurado con la banca comercial y de desarrollo 414 créditos de 25 estados, totalizando un monto de 5 mil 284 millones de pesos.

Aprueban reformas fiscales

Víctor Guerra, corresponsal La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales aprobó las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal para el Fondo Municipal, que modifican a partir de 1997 el porcentaje de distribución de las participaciones federales a estados y municipios, de 18.51 a 20 por ciento de la recaudación federal participable.

El coordinador nacional del grupo y secretario de Hacienda Pública y Tesorería de Sinaloa, Marco Antonio Fox Cruz, durante los trabajos de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, anunció la creación de tres subsistemas de estudio, que corresponden a los siguientes renglones: coordinación tributaria, gasto público y deuda pública.

Destacó las nuevas disposiciones legales en impuestos y derechos. En el caso del gravamen local sobre automóviles nuevos se otorgó potestad estatal a partir de enero de 1997, y el grupo de trabajo expuso la inconveniencia de que surjan competencias ruinosas entre las entidades si no se logra la uniformidad en esa distribución.

Sobre el impuesto a la prestación de servicios de hospedaje que se aplica ya en varios estados del país, entre ellos Sinaloa, manifestó que el objetivo es fortalecer las finanzas de los gobiernos locales y apuntalar, en la mayoría de los casos, la promoción de actividades turísticas tan necesarias para la reactivación económica nacional.