Ardid político, asumir deuda de ambulantes, dicen los establecidos

Alberto Nájar, Pascual Salanueva y Alonso Urrutia La decisión del gobierno capitalino para pagar la cartera vencida de vendedores ambulantes es ``una maniobra política'' con miras al proceso electoral de 1997, advirtieron ayer asociaciones de comerciantes establecidos, quienes exigieron que se les otorguen apoyos similares para competir en igualdad de circunstancias.

Mientras, en la delegación Cuauhtémoc se instaló una mesa de discusión para analizar la posibilidad de cancelar el bando que regula el comercio en la vía pública, y se ``quite todo lo obsoleto de la ley de mercados''. Además, los principales líderes del ambulantaje se comprometieron a no invadir de nuevo el Centro Histórico, por lo menos hasta que se alcance acuerdo con las autoridades.

Inspectores de Vía Pública retiran pacíficamente a
vendedores ambulantes. Granaderos vigilaron las calles
del Centro Histórico. Foto: Francisco Olvera

El pasado lunes se informó que el Departamento del Distrito Federal pagaría los 25 millones de pesos que adeudan ambulantes al Banco Nacional de Comercio Interior, como una forma de facilitar el regreso de los vendedores a sus plazas comerciales.

Ante ello los presidentes de la Camara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), Antonio Montiel; de Procentrhico, Guillermo Gazal, y de la Asociación de Comerciantes Establecidos en el Centro, Oscar Hidalgo, demandaron que se informe con claridad el destino de esos recursos, así como la fuente de donde se obtendrán.

Hidalgo incluso advirtió que el gobierno capitalino hace ``proselitismo político'' para acarrear votos al partido oficial, con el disfraz de apoyar a quienes presuntamente lo necesitan. ``Queremos que la ley sea pareja, ya basta de ayudar solamente a quienes están fuera de la ley; a ver cuándo van a hacer lo mismo con los que pagamos impuestos'', se quejó el dirigente.

En este punto coincidió el presidente de Canacope, Antonio Montiel, quien cuestionó las razones por las que los locales de las plazas comerciales resultaron tan caros, e incluso comentó que no puede descartarse la posibilidad de que la intervención de los líderes haya incrementado su precio.

Mientras tanto, dirigentes de vendedores ambulantes y el delegado de la Cuauhtémoc, Alejandro Carrillo Castro, acordaron la instalación en breve de tres mesas de trabajo, en donde, a petición de éstos, se analizará la posibilidad de la derogación del bando emitido por la ARDF; se impulse una ley de comercio popular y ``se quite todo lo obsoleto'' a la ley de mercados, puesto en vigencia en 1951.

Por lo pronto, líderes como Alejandra Barrios Richard, Benita Chavarría y el de los invidentes, Miguel Angel Huerta, se comprometieron a suspender las invasiones del Centro Histórico, hasta llegar a un acuerdo con las autoridades.

Interrogada sobre las condiciones en que se dio esa reunión, Barrios Richard, señaló que hubo una gran disposición del funcionario para que se aborden esos tres problemas, el cual, sin embargo, insistió para que se respete el bando de la ARDF

Por su parte, el delegado explicó que en una de las mesas se analizarán las disposiciones jurídicas que norman las actividades en la vía pública y en donde los propios ambulantes podrán hacer las recomendaciones que crean pertinentes al DDF y el ARDF.

En la segunda mesa se precisarán las facultades de los inspectores de la Secretaría de Hacienda y de la delegación Cuauhtémoc, mientras que en la restante se tratarán aspectos relacionados con el cumplimiento puntual de los compromisos en torno de las plazas comerciales y en las cuales podrían establecerse planchas para reubicar a los comerciantes afectados por el bando.

La efervecencia del conflicto del ambulantaje continuó ayer, luego de que un grupo de organizaciones priístas que operaba en la Alameda Central llegó hasta la sede de la ARDF para demandar la anuencia para que vuelvan a vender en ese sitio, del cual fueron retirados hace cuatro meses.

Se dijeron engañados por la regencia, la delegación y su partido, al cual amenazaron con dejar si no existe un respaldo y no cesan los convenios ``fantasmas'' que hasta ahora han sido incumplidos. ``Estamos fuera de la zona que restringe el bando, no hay razón para que nos prohíban la venta, más allá de la intención del gobierno de ir limpiando la zona para los empresarios extranjeros que invertirán en el Proyecto Alameda''.

En tanto, en el interior del recinto, el presidente de la Comisión de Abasto de la ARDF, Gonzalo Rojas, acusaba al gobierno de ejercer un doble discurso y de mantener un problema incierto por motivos de clientelismo electoral, aun a costa de que la incertidumbre sobre el destino del ambulantaje en el Centro Histórico aliente aún más la corrupción.

Dijo que es inaplazable que la ARDF apruebe una legislación sobre el ambulantaje porque es un ``problema cuya gravedad es de tal magnitud que no puede ser soslayado, so pena de incurrir en otra forma de corrupción, por omisión''.

Por separado, el vicepresidente de la comisión, el priísta Filiberto García Paniagua sugirió la derogación del bando que prohíbe el comercio ambulante en el Centro Histórico y la aplicación de la Ley de Mercados Públicos ``que aún es vigente'' y que puede utilizarse para la reordenación.

Para el PAN --en voz de Gabriela Gutiérrez-- la aplicación del bando es indiscutible porque es la legislación vigente y cuestionó la diferencia que tiene el DDF respecto a los ambulantes, tanto en la exención del pago de impuestos como en asumir la deuda derivada de las plazas comerciales