En Guadalcázar, SLP, enorme bomba tóxica

María Luisa Paulín, corresponsal, San Luis Potosí, SLP, 27 de agosto Los gases emanados por 10 mil toneladas de desechos tóxicos enterrados en la estación de transferencia de La Pedrera, en Guadalcázar, podrían causar una explosión que afectaría un radio de 100 kilómetros, advirtieron autoridades del sector salud al informar que los contaminantes provocaron este año en seres humanos 23 mutaciones --entre ellas nueve anencefalias--, 91 abortos y daños en 20 comunidades.

El subjefe de Regulación Sanitaria de los Servicios Coordina-dos de Salud Pública en el estado, Héctor Marroquín, reveló que la estación de transferencia --que la empresa estadunidense Metalclad pretendió convertir en confinamiento-- es ahora una ``gigantesca bomba'' de cuatro kilómetros de diámetro.

Los resultados del estudio epidemiológico en la zona son alarmantes. Se detectó que en lo que va del año la contaminación afectó a poblaciones ubicadas a 40 kilómetros del cementerio tóxico, donde están sepultadas 10 toneladas de medicamentos y drogas que no reunieron los requisitos legales para ser confinadas en el lugar. Asimismo hay 200 toneladas de plomo, 700 de mercurio, 700 de arsénico y algunas sustancias radiactivas.

Los contaminación causó 91 abortos en lo que va del año y 23 mutaciones, nueve de las cuales han sido anencefalias, es decir, han nacido niños sin cerebro. Además se ha documentado 34 tipos de cáncer en los habitantes de la zona.

Los lugares más afectados son los ejidos: San José de las Flores, El Huizache, Charco Cercado, La Pólvora, La Verdolaga y San Juan sin Agua.

La estación de transferencia fue instalada en Guadalcázar de manera provisional por la compañía Cotería, luego de que el confinamiento de Mexquitic terminó su ciclo de uso. Los habitantes de la zona se opusieron a su instalación, pero aun así llegaron tráileres con desechos tóxicos que descargaron en el lugar.

Posteriormente, por problemas económicos, el proyecto del confinamiento fue vendido a la empresa Metalclad, cuyos representantes convinieron en 1992 con el entonces candidato a la gubernatura, Horacio Sánchez Unzueta, a establecer operaciones comerciales en El Confín, como se le denominó al lugar.

Ante ello surgieron grupos de rechazo a que el confinamiento operara y se pidió la ayuda de la organización ecologista Greenpeace, lo que detuvo los planes de la empresa y provocó enfrentamientos legales y la politización del problema.

Pese a contar con los permisos federales, Metalclad no pudo operar porque el ayuntamiento de Guadalcázar le negó el permiso de construcción. Lo anterior derivó en la cancelación del proyecto y el abandono en la zona de 10 mil toneladas de desechos tóxicos, ahora en peligro de estalla