Demócratas, por un debate sobre ``México y drogas''

Jim Cason y David Brooks, enviados, Chicago, 27 de agosto Un grupo de legisladores del Congreso estadunidense, preocupado por la potencial violación de los derechos humanos en México, está presentando una serie de objeciones para el envío al vecino país de 20 helicópteros Huey, pero fuentes congresionales y funcionarios de la administración del presidente Bill Clinton afirmaron que este segundo obstáculo al envío de ese equipo, probablemente no prosperará.

Las objeciones de este grupo de legisladores se dieron a conocer un día después que el senador ultraconservador Jesse Helms retiró su oposición al traslado de los helicópteros. La denominada ``fracción de derechos humanos'' del Congreso, que realizó una serie de sesiones informativas ayer y hoy sobre este asunto, enviará una carta a la administración Clinton criticando las violaciones de los derechos humanos por parte de militares mexicanos y demandando informes bimensuales sobre cualquier misión llevada a cabo con este equipo militar estadunidense que se espera será entregado a la fuerza aérea de México, informaron a La Jornada fuentes legislativas en Washington.

Funcionarios de rango medio del Departamento de Estado, el Pentágono y la oficina del zar de políticas antinarcóticos se reunieron con asesores legislativos para intentar persuadirlos de abandonar su oposición al envío de helicópteros. Según varias fuentes presentes en estas reuniones, los funcionarios del Departamento de Estado argumentaron que el traslado de estos 20 helicópteros UH-1H Huey usados, junto con el envío de otros 53 helicópteros el año entrante, es vital para mejorar la capacidad de México en su lucha antinarcóticos.

De acuerdo con varias fuentes, los representantes del Pentágono también alegaron que el traslado es crítico para mejorar la cooperación entre las fuerzas armadas de ambos países. ``Esperan lograr un mayor grado de cooperación'', explicó una persona que estuvo en la reunión. ``Un tipo de cambio en la sicología de los militares mexicanos que los lleve a acordar una cooperación más amplia con los militares estadunidenses en el futuro. Y los helicópteros son descritos dentro de este contexto como el primer paso'', comentó este participante.

Otras fuentes en Washington comentaron que el mensaje de la oficina del zar antinarcóticos fue similar, señalando que los militares mexicanos habían sido renuentes a cooperar con sus contrapartes y que el traslado sería uno de los primeros pasos hacia una mayor cooperación.

No obstante, la fracción legislativa de derechos humanos organizó un segundo día de sesiones informativas hoy para escuchar a un investigador independiente y de Amnistía Internacional. Carlos Salinas, director de asuntos latinoamericanos de la oficina de Amnistía en Washington, informó a los asesores legislativos que su organización tiene en su poder evidencias del involucramiento de las fuerzas armadas mexicanas en ejecuciones extrajudiciales, tortura y otras violaciones a los derechos humanos. Sugirió que mínimo el monitoreo estadunidense del uso de los helicópteros debe ser más extenso para asegurar que este equipo no sea utilizado para violar los derechos humanos.

El presidente de la fracción de Derechos Humanos del Congreso, el diputado Tom Lantos, y su colega republicano John Edward Porter, están solicitando firmas de sus colegas para una carta que será enviada al secretario de Estado Warren Christopher, demandando que no sean trasladados a México estos 20 helicópteros iniciales hasta que los procedimientos de monitoreo de uso final puedan ser incrementados. Pero funcionarios de la administración y varios congresistas dijeron hoy que, por el momento, esta agrupación de legisladores que promueve la carta no tiene el poder para bloquear el envío.

``No tenemos la habilidad, como la tiene el Senado, para detener (el envío de) los helicópteros a menos que contemos con el apoyo del liderazgo del Comité de Relaciones Internacionales'', explicó una fuente congresional.

Lo que discute esta agrupación de legisladores interesados en los derechos humanos, es el borrador de una carta que expresa su preocupación sobre el monitoreo adecuado de este equipo. Después de señalar que las fuerzas armadas de México utilizaron helicópteros en operaciones en las cuales se cometieron violaciones a los derechos humanos en Chiapas en 1994 y 1995, el borrador de la carta declara que ``Amnistía Internacional documentó un ataque en el estado de Chiapas involucrando a unidades de la policía judicial estatal y paramilitares con apoyo de helicópteros''. Añade: ``estamos aún más preocupados por las recientes operaciones contrainsurgentes en el estado de Guerrero, también apoyadas por helicópteros''.

Aunque el borrador de la misiva solicita que se detenga el traslado, varias fuentes congresionales informaron que se está preparando una nueva versión que solicitará sesiones mensuales o bimensuales para mantener informado al Congreso sobre el uso exacto del equipo en México. Algunos asesores legislativos han comentado con el Departamento de Estado la posibilidad de que estos informes incluyan la descripción de toda misión involucrando a los helicópteros, así como documentación sobre esto.

Tal solicitud sería consistente con las demandas del senador Helms. Ayer, al acordar ``de forma renuente'' permitir el traslado de los helicópteros, Helms escribió que esta acción se llevó a cabo con la condición de que su comité ``recibirá todos los informes de uso final-inspección''. Helms sugirió, además, que la administración Clinton considere desplegar un observador oficial a México encargado de monitorear el uso del equipo en territorio mexicano.

Después de mucho debate, funcionarios del gobierno expresaron su alivio de que el primer envío de 20 helicópteros a México prometidos hace unos meses, finalmente podría realizarse. Sin embargo, a causa de un cambio reciente en la ley estadunidense que no tiene que ver con México, existe una notificación más que se necesita presentar sobre este tipo de envíos.

Una vez que sean preparados para enviarse (se calcula que esto podría ser el mes entrante), ahora la administración Clinton debe presentar una notificación final al Congreso de que el traslado está listo, y después tendrá que esperar otros 30 días antes de poder transportar los heclicópteros al vecino país a fin de darle tiempo al Congreso para revisar el impacto potencial que puede tener un traslado de este tipo sobre la base industrial de Estados Unidos.

A pesar de esto, los funcionarios gubernamentales están confiados de que no habrá otras iniciativas para bloquear el traslado en ese momento