Si se hace una evaluación previa al segundo Informe presidencial, el factor social parece dibujarse como una verdadera zona de desastre. El bienestar de los mexicanos, que ha venido cayendo de manera consistente durante los doce años anteriores (DLM, CSG), con toda seguridad ha sufrido su más apabullante golpe en el bienio (95-96) de la administración del doctor Zedillo.

Las causales son varias y se deben denunciar las dos características negativas del modelo de desarrollo en boga. Una es su palpable ineficacia en cuanto al crecimiento económico alcanzado. La otra es su flagrante injusticia para repartir el fruto (mayor o menor) de la riqueza producida.

En efecto, la evaluación que se viene haciendo de la conducción del desarrollo revela su escasa capacidad para integrar y poner a punto una fábrica nacional que pueda, por sí misma, alcanzar y mantener un rendimiento aceptable de sus unidades de producción. Los arranques y paros (con sus crisis incluidas) a los que ha quedado sometida la economía de México, han desquiciado la productividad, el ahorro, los volúmenes a escala, el mercado de capital y la planeación de largo plazo de la empresas. El resultado, junto con la apertura indiscriminada (TLC) y la ausencia de controles y dispositivos para una cuidadosa y pensada inducción de sus pivotes y soportes estratégicos, puede resumirse, sin tremendismos, en la desarticulación de las cadenas industriales, el empuje a la maquila, abierta especulación y acelerada mortandad de las empresas (desempleo). Nudos que impiden los cambios requeridos y anulan la preparación del futuro crecimiento sostenido. Así las cosas, ninguna campana puede echarse a vuelo aunque el Presidente trate de evitarlo, no sin cierto rubor y algo de ganas. El avance del PIB trimestral (7.2 por ciento) no es mérito ni confirmación de que se va por buen camino, es un angustioso recordatorio de la laboriosidad y resistencia del pueblo ante los errores de cálculo, la arrogancia y la impunidad de sus dirigentes que le han sorrajado recetas y métodos devastadores.

Pero si lo anterior es doloroso de enunciar, cuando se analizan sus repercusiones en los niveles de vida y en las oportunidades de desarrollo para los mexicanos la cosa es, sencillamente, dramática. Tanto el PIB como el gasto programable (GP) son agregados que deben examinarse de manera relativa. El PIB del país ha venido cayendo en relación a la población (per cápita) y en comparación con los de otras naciones de similar desarrollo, de ahí que se afirme tanto la ineficacia del modelo como de su conducción. El GP por su lado, se ha venido achicando en la última década como fruto de varios factores: insuficientes ingresos fiscales (donde la informalidad juega su parte), la onerosa deuda y el ``redimensionamiento'' del gobierno. Ello señala menores recursos empleados en impulsar la economía y el bienestar. A la penuria de recursos hay que restarle, durante los dos años recientes que se evaluarán en el Informe, el enorme desembolso para salvar al sistema de pagos (Bancos) de la catástrofe.

Poco importa, entonces, la afirmación de que más de la mitad del GP ha sido dedicado al rubro social (Zedillo, Ortiz). Lo cierto es que el gasto social ha sido, con el paso de los años, menor en proporción al PIB, menor en términos reales (descontando la inflación) y muy menor en relación con la creciente población y sus necesidades acicateadas por la crisis. Esto explica, entre otras cosas, el porqué los ingresos del IMSS y del ISSSTE, atados al salario, han caído de manera consistente, propiciando la escasez de medicamentos, obsolescencia de equipo, fugas administrativas, bajas pensiones, reclamos salariales y la pésima atención de sus derechohabientes. Explica también fenómenos como la aparición de enfermedades erradicadas y la proliferación de otras contagiosas. No puede extrañar, entonces, la insuficiente oferta educativa, nula investigación, ni su deteriorada calidad. ¿Cómo eximir de ello a la feroz inseguridad colectiva con su concomitante proliferación del hampa y la delincuencia ocasional? La aparición, en el inestable panorama nacional, de una nueva guerrilla (EPR) ¿no es acaso un quiebre social, en mucho explicado por el cerrado horizonte de las oportunidades? La misma militarización que le sigue los talones se convierte en una fuente para drenar recursos al GP de manera tan efectiva como simbólico es el desangrado grotesco de las enfermeras y empleados del DDF exigiendo servicios con un mínimo de decoro y humanidad.

La crisis, al contrario de lo que afirma Zedillo, nada se llevó ni destruyó. La crisis es sólo el momento traumático de una economía y organización político-social, propiciado por un gobierno autoritario, amurallado en sus propias imágenes y certezas que se ven reflejadas, fielmente, en la conducción ineficiente de la élite empresarial y en la debilidad de una sociedad civil cuyo fortalecimiento, además, se coarta.