El derecho internacional define que en el caso de una reclamación de un país a otro, no se puede atribuir responsabilidad a ciudadanos de un tercer Estado. En este y otros principios jurídicos se basa la decisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de manifestarse en contra de la Ley Helms-Burton de Estados Unidos, que pretende aplicar sanciones a personas de otras naciones por el ``delito'' de realizar negocios en Cuba.

Lo anterior fue expuesto ayer por el secretario de la Gran Comisión del Senado, José Murat , durante la última sesión de la Permanente en este receso legislativo, en la cual se renovó el propósito de los legisladores mexicanos -senadores y diputados federales- de crear nuevas leyes para nulificar el efecto de la comentada Helms-Burton sobre ciudadanos mexicanos.

Como se sabe, por lo menos los miembros de la directiva de la empresa Domos están amenazados con la cancelación de sus visas para entrar a territorio estadunidense, como represalia por el hecho de tener inversiones en la isla del Caribe. Sanciones similares o más graves podrían ser aplicadas por las autoridades de la vecina potencia del norte contra mexicanos que tienen nexos comerciales con el régimen que encabeza el líder histórico de Cuba, Fidel Castro.

Precisamente en una reciente reunión interparlamentaria México-Cuba, los legisladores mexicanos de todos los partidos respaldaron una declaración en contra de la aplicación de la represora ley estadunidense, la cual por cierto según la mayoría de los analistas imparciales prosperó en el Congreso estadunidense debido al clima de enfrentamiento entre los legisladores norteamericanos por la sucesión presidencial que está en proceso. Precisamente por ello, los senadores y representantes estadunidenses no querían aparecer ante sus electores como defensores de un régimen -el de Castro en Cuba- con el cual históricamente han sostenido un enfrentamiento.

El problema fue que en esa lucha interna los estadunidenses afectaron intereses de ciudadanos de terceros países, como es el mencionado caso de los mexicanos de Domos, y los tuvo que aplicar el presidente Bill Clinton, que teóricamente está en desacuerdo con los legisladores que promovieron esa iniciativa.

La respuesta ha sido prácticamente unánime y siempre en contra de la posición estadunidense. Ya se registraron desacuerdos de la Unidad Europea y de algunos países, como México, además de la reciente declaración en contra de la OEA. Esto último es un importante revés para Estados Unidos que, con frecuencia, ha usado a esa organización interamericana como escudo para justificar actos intervencionistas.

Por eso resulta muy importante la declaración de los legisladores de la Comisión Permanente, de mantener el propósito de crear una ley nacional que pueda contrarrestar los efectos de la Helms-Burton. La realidad presenta un panorama poco alentador, pero no por ello se debe dejar de lado el propósito de buscar recursos legales para proteger a los ciudadanos mexicanos.

Diez años mínimo

Para ser candidato del PRI a la Presidencia de la República se deben tener diez años de militancia priísta comprobada, haber ocupado un cargo de dirigencia partidista y haber desempeñado un cargo de elección popular, demandó la agrupación Arquitectos Revolucionarios de México (ARM).

Esta es sólo una parte de las demandas y propuestas de los arquitectos príistas para ser discutidas y, probablemente, aprobadas en la XVII Asamblea Nacional del partido, a realizarse del 20 al 22 de septiembre, entre las cuales destaca también la demanda de que se expulse del partido al ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

La diferencia en la demanda de esta organización, respecto a otras similares que han formulado otros sectores priístas, consiste en el hecho de que no se pretende juzgar al ex mandatario por su desempeño en esa alta posición, ni por ser presunto responsable intelectual del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, sino por haber declarado a medios de información que el crimen fue responsabilidad de la nomenclatura del PRI.

Arquitectos Revolucionarios de México, presidida actualmente por el político duranguense Adrián Alanís Quiñones, no es ni con mucho una de las organizaciones mayoritarias del partido en el gobierno, pero siempre se ha caracterizado por tener destacados miembros en los altos niveles de la administración pública y de la política.

Los militantes de ARM no se limitaron a lanzar censuras en contra de políticos alejados del poder, como es el caso de Salinas, sino que también pidieron a su dirigencia que se ``reconozca y señale que la política económica es una política equivocada, en virtud de los millones de familias mexicanas que sobreviven en la extrema pobreza''.

La actitud de los arquitectos revolucionarios, que contrasta con las de otras organizaciones priístas más moderadas en sus demandas de cambios internos, comprende también un desacuerdo manifiesto con las reformas constitucionales respecto a la integración del Senado, que a partir de las elecciones federales tendrá integrantes elegidos de tres maneras distintas: dos por mayoría, uno por el principio de primera mayoría y otro a partir de listas plurinominales.

En las conclusiones de la mencionada agrupación para la XVII asamblea del partido, dadas a conocer por su dirigente Alanís Quiñones, se sostiene que con esta forma de integrarse el Senado ya no representa realmente el pacto federal, que fue precisamente el motivo de su creación.

La cosecha

En la mencionada sesión de la Permanente, a petición de la fracción del PAN, el presidente de la comisión, el senador queretano Fernando Ortiz Arana, hizo la declaración de que en virtud de que no se había logrado el consenso entre todas las fracciones legislativas, el Congreso de la Unión se abstenía de participar en el proceso de designación del fiscal especial para investigar el asesinato de Luis Donaldo Colosio. El también priísta diputado Samuel Palma aclaró que ello no significa que el Legislativo abandone la exigencia de que es esclarezca ese caso, y el perredista Juan Guerra Ochoa reiteró la posición de sus compañeros de partido en referencia a los crímenes políticos, en el sentido de que difícilmente se va a lograr la estabilidad del país si no se curan esas heridas... El gobernador de Guerrero, Angel Aguirre Rivero, y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jorge Madrazo Cuéllar, acordaron ayer poner en práctica en ese estado un intenso programa de fomento a la cultura de defensa de los derechos humanos. Al mismo tiempo, el mandatario guerrerense expresó su voluntad de solucionar los problemas de violencia que existen en Guerrero, y aclaró que ello se hará siempre con apego a los principios de derecho. El presidente de la CNDH destacó que la relación de ese organismo y el gobierno guerrerense ``ha mejorado muchísimo''. Esta declaración resulta muy importante porque los comentarios críticos de Madrazo Cuéllar por los sucesos del paraje de Aguas Blancas aceleraron las investigaciones, las cuales terminaron con la virtual renuncia del anterior gobernador, Rubén Figueroa Alcocer... La delegación de Coyoacán está a punto de convertirse en escenario de pruebas para enfrentar un viejo y grave problema que afecta prácticamente a todo el Distrito Federal y a las más importantes ciudades del país: el comercio ambulante. Ayer se anunciaron en esa delegación capitalina dos proyectos de reglamentos para regular a quienes venden en la vía pública. Por un lado la asambleísta del PAN, Sandra Segura Rangel, propuso prohibir de plano toda actividad de los vendedores ambulantes, con la intención de evitar que la gente tome al histórico centro de Coyoacán como lugar de paseo y para arrojar basura. Por el otro lado, el también asambleísta y el delegado del DDF en esa demarcación, Tomás Vázquez Vigil, propusieron restringir el uso de la plaza de la delegación a artesanos y productores de dulces mexicanos, para que sirvan de marco a las muestras de artistas plásticos que semana a semana exponen allí sus obras.