Negociará Colombia su política petrolera con el rebelde ELN

Efe, Dpa, Afp, Ansa y Ap, Santafé de Bogotá, 30 de agosto El gobierno colombiano anunció hoy que negociará la política petrolera del país con el guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), en un intento por sustraer a esa industria de la permanente acción armada que ha sufrido.

En los últimos 10 años la guerrilla colombiana ha ejecutado 421 ataques contra la red de oleoductos, lo que ha provocado el derrame de mil 400 millones de barriles y pérdidas de mil 300 millones de dólares.

El coordinador de la presidencia para la paz, Daniel García Peña, señaló anoche al concluir un foro por la pacificación del país, que las conversaciones comenzarán en un mes bajo la propuesta que emitió el ELN, de suspender los atentados contra las instalaciones petroleras si el gobierno acepta revisar su política frente al sector que, afirma, favorece ampliamente a las compañías petroleras extranjeras.

En esos 30 días antes de que empiece el diálogo gobierno-ELN, se deberán definir los mecanismos que conducirán a la apertura de la negociación.

En su propuesta, la guerrilla dijo que se debe discutir la nacionalización, explotación y producción; la revisión de los contratos con las multinacionales y el establecimiento de una reserva estratégica de los hidrocarburos del país por medio de topes y metas de producción.

``Históricamente hemos asumido como objetivo patriótico y revolucionario la recuperación, la defensa y el manejo soberano de la explotación de los recursos naturales propiedad de la nación'', señaló en una de sus partes el mensaje enviado al foro por el jefe guerrillero Manuel Pérez.

Al aceptar la negociación del ELN, García Peña consideró que el tema del petróleo puede dinamizar una mesa nacional de negociación por la paz.

En otro ámbito, el comandante del ejército, general Harold Bedoya, pidió hoy disculpas por la agresión a dos camarógrafos de televisión y anunció una investigación para identificar y sancionar a los responsables del hecho, ocurrido el jueves cuando los camarógrafos filmaban los enfrentamientos entre los campesinos y el ejército, en el departamento de Caquetá.

La agresión causó de inmediato el rechazo de los medios de comunicación, que en los últimos días se han quejado por la ``censura de prensa'' en cuanto a la cobertura que le deben dar a las protestas de los cocaleros en el sur del país.

La Comisión Nacional de Televisión pidió hace una semana a los noticieros de televisión abstenerse de divulgar informaciones no oficiales, para evitar así que se ``difundan imágenes que reflejen la aflicción humana''.

Uno de los camarógrafos fue agredido por un militar al negarse a entregar la cinta en la que había grabado la golpiza que propinaron varios oficiales a un campesino, mientras el otro camarógrafo que huía de la refriega, cayó a un río cuando intentaba cruzar un puente electrizado, y resultó herido por la carga de electricidad.

Un delegado de la Procuraduría General inició también una investigación, en la ciudad de Florencia, sobre seis casos de muerte y 146 heridos que han ocasionado los incidentes en Caquetá.

El alcalde de la localidad de Morelia, Francisco Cuéllar, hizo un llamado al gobierno central para que acelere las negociaciones que lleva a cabo con los cultivadores de hoja de coca y amapola, y poner fin a las protestas de los campesinos.

El edil dijo que con el cerco que se ha establecido en Caquetá, los mil 500 habitantes de Morelia se quedaron sin alimentos, lo mismo que los 25 mil campesinos que está en las cercanías.

El gobierno ha dicho que ya existe un principio de acuerdo en cuanto a la necesidad de la erradicación de los cultivos ilícitos, y posteriormente se podría avanzar hacia otros aspectos.

En otro orden, el ejército de este país descubrió un plan armado de la guerrilla tras el allanamiento de una vivienda situada a escasas dos cuadras del palacio presidencial. En el lugar, donde fueron capturadas dos personas, se encontraron además ocho minas explosivas, así como conductores de detonantes.