Carlos Monsiváis
Explicaciones o justificaciones

Pese a la escasez de información sobre el EPR, lo ya conocido admite explicaciones pero no justificaciones de lo injustificable. Ciertamente, en Oaxaca o Guerrero o Hidalgo o el estado de Morelos, los pobres viven oprobios y humillaciones sin límite, y los niveles de miseria son, en sí mismos, ejercicios de la peor violencia capitalista o semifeudal. Pero ninguna causa, por urgente que sea, vuelve admisible la intolerancia, las provocaciones y el desprecio por la vida humana. Si se quiere modificar el rumbo del país, optar por el enfrentamiento a como dé lugar es agravar sin límite la situación, convocando entre otras cosas a la represión sobre las comunidades campesinas, a iniquidades judiciales, más muertes, exigencias derechistas de trato inclemente a los sospechosos (quien sea), ataques contra la izquierda, etcétera. En este panorama no hay, ni puede haber, la esperanza de los beneficios a mediano plazo, ni tampoco se vislumbra un programa que resulte del análisis riguroso de las condiciones de inhumanidad a que los pobres se ven sujetos. De acuerdo a la relación de los hechos --quince muertos el 15 de agosto, alrededor de treinta bajas militares en la zona de Coyuca de Benítez, Guerrero, el 7 de agosto (La Jornada, 30 de agosto), y lo que todavía falta para nuestra desgracia-- los asesinatos aparecen como derivación lógica de un radicalismo a la deriva. Quienes consideran que la causa lo permite todo, desfiguran la causa hasta verla reaparecer como su opuesto. No sólo el fin no justifica los medios; también, el fin construido por medios de exterminio, es distinto por entero al anhelado en el principio. Como en las genealogías del acabose, la violencia generada por la violencia nada más engendra, en la espiral interminable, más violencia. Ya se ha demostrado lo anterior, monstruosamente, con la trayectoria del Ejército Republicano Irlandés y ETA, en donde, si hubo idealismo en sus inicios (algo de dudarse, por la ambición de representar categóricamente a un pueblo), hoy sólo se advierten máquinas de muerte, terrorismo selectivo, atentados al azar. Confiamos en no llegar jamás a esa etapa.

En estos días, y salvo excepciones previsibles de fanáticos de la línea dura, se llega a un consenso amplísimo en torno a esta irrupción armada: rechazo de los delitos cometidos a nombre de una ``revolución'' fantasmal; insistencia en la aplicación de la ley y en el respeto irrestricto a los derechos humanos; crítica al desempeño de los servicios de seguridad nacional. (Ver ``México y la guerrilla'', de Carlos Montemayor. La Jornada, 30 de agosto de 1996). También, un señalamiento múltiple (de las iglesias, el PRD, organizaciones cívicas, intelectuales) sobre las consecuencias catastróficas del neoliberalismo, no por establecer vínculos exactos de causa-efecto entre el neoliberalismo y el EPR, sino por ser la miseria extrema y la pobreza en expansión dispositivos permanentes de inseguridad nacional.

Junto a la política económica del gobierno, un hecho de las más graves resonancias: la violencia desde arriba, y su impunidad garantizada. El ejemplo notorio a la vez de la historia y del presente: Guerrero, donde lo acumulado (el caciquismo, la voracidad empresarial, la politiquería priísta, la arrogancia de los gobernadores, verbigracia, Rubén Figueroa Alcocer, la destrucción de los ecosistemas, el desdén programado por la vida humana), culminan en 1995 con la matanza de Aguas Blancas, acto de frialdad homicida que nos ha sido dable atestiguar gracias a un video. En Aguas Blancas el lenguaje de la violencia última se impuso desde arriba, y esto no es posible olvidarlo aunque, insisto, no se justifique la feroz represalia desde abajo. Pero ignorar la impunidad santificada desde el gobierno, y desentenderse de los problemas inmensos del desempleo, la insalubridad, la violencia cotidiana, el desastre educativo, etcétera, en diversas regiones, es instaurar la hipocresía y la complicidad como métodos de entendimiento. Con razón afirman los obispos católicos de Oaxaca y Chiapas: ``Persiste una grave deficiencia en la impartición de la justicia, lo que propicia la impunidad, la inseguridad y hacerse justicia por propia mano. También esto está provocando el que se constituyan grupos armados. Al respecto, por parte de algunas autoridades, se percibe un dejar hacer cuando no una convivencia franca con quienes organizan dichos grupos'' (La Jornada, 30 de agosto).

En la entrevista de Guillermo Correa y Julio César López (Proceso, 25 de agosto de 1996), los voceros del EPR critican con énfasis al ``tipo de intelectuales que han sucumbido ante las 30 monedas del poder, ante la oferta que les han hecho los explotadores'', en referencia específica al poeta Octavio Paz y el historiador Enrique Krauze. Con esto, se repiten acusaciones y vulgaridades del sectarismo que no se sostienen en lo mínimo y únicamente bosquejan un anacronismo profundo: el Tribunal para Intelectuales, ya cancelado en México, como se vio recientemente con el rechazo a un brote de intolerancia, a cargo de intelectuales católicos, ``propietarios'' de Sor Juana Inés de la Cruz, y adversarios del mismo Octavio Paz. Seriamente, nadie discute el papel fundamental de Paz en la cultura de habla hispana y, se piense lo que se piense de sus puntos de vista (privilegio de lector), su aportación a la vida mexicana es innegable. Lo leemos, lo discutimos, lo releemos, y nos siguen estimulando su poderío verbal y su vigor intelectual.

En los primeros días de 1994, al leer la Primera Declaración de la Selva Lacandona, me alarmé ante lo que juzgaba el renacer de un discurso en vías de extinción. Pronto, sin embargo, los posteriores documentos del EZLN, y los elementos irrebatibles de su discurso (de la inexistencia del Estado de derecho en la región a la terrible desolación de la vida indígena en una sociedad racista) me convencieron de la racionalidad esencial de su argumentación. Desde entonces, así algunas críticas al neozapatismo permanezcan, estoy convencido de la necesidad de apoyar el proceso de la paz digna en Chiapas, y de participar en el debate alentado por los zapatistas. El EZLN debe integrarse plenamente a la legalidad, porque, sin duda, esto fortalecerá la situación aún precaria de nuestra democracia.