Eduardo Montes
Negociar, no guerra sucia

La irrupción y recientes acciones del EPR revelan que no es, contrariamente a la idea de quienes lo recibieron con denuestos y simplificaciones en las primeras semanas de julio: una pantomima o un grupo de delincuentes comunes, violadores de la Ley Federal de Armas y Explosivos. Tampoco es una anacrónica herencia o ``grupo trasnochado'' de los años 70, como afirma el subsecretario Arturo Núñez y algunos intelectuales. La existencia de este nuevo grupo guerrillero constituye un grave y complejo problema político nacional --de los años 90, aunque con historia prolongada--, cuya solución es impensable sin la intervención de las organizaciones de la sociedad. No es un problema que pueda resolverse con represión policiaca y militar.

El EPR, así como el EZLN, son consecuencia de causas sociales y políticas semejantes. De tal manera, es hipócrita y malintencionado presentar a los zapatistas como la guerrilla buena, admisible, sensata, con la cual se puede negociar --aunque se le tiene cercada, se le acosa y en la mesa de San Andrés Sacamch'en el señor Bernal y sus acólitos, a nombre del gobierno escamotean sus demandas esenciales de democracia, libertad, dignidad--, y al EPR como el grupo duro, insensato anacrónico, al que debe aplastarse ``en cumplimiento de la ley''. Es, sobre todo, una coartada para justificar de antemano cualquier acción contra los integrantes y simpatizantes del nuevo grupo guerrillero, por más sangrienta que sea.

Ningún grupo guerrillero nace si no existen condiciones económicas, políticas, morales para ese nacimiento. Suponer que basta el voluntarismo de un núcleo de ideólogos, de idealistas aventureros o románticos, o de fríos militaristas para que nazca una guerrilla, sólo conduce a eludir las causas esenciales para que un grupo de personas decida poner en juego su vida en aras de un objetivo político. No puede nacer ni sostenerse tampoco si no tiene una base social. Valga como ejemplo: pese a su genialidad como dirigente y organizador, el Che no pudo implantar la guerrilla en Bolivia.

Para nuestra desgracia, en México en los últimos lustros se han incubado las condiciones para que emergieran el EZLN y el EPR. Se sembraron vientos y ahora empezamos cosechar tempestades, dice Lorenzo Meyer en un excelente artículo sobre este tema. En efecto, la ausencia total de justicia social en el campo y las ciudades, el empobrecimiento creciente, el desempleo estructural no de los 70 sino de los años del neoliberalismo, pero sobre todo el sistema político autoritario dominante, la democracia a cuentagotas, los grandes y pequeños fraudes, los cacicazgos, el corporativismo que mantiene todavía sometidos a millones de obreros, la violencia selectiva en el campo, los atropellos constantes a la dignidad de las personas, la riqueza insultante de una minoría privilegiada, han creado un clima asfixiante que llevó a éstos y tal vez pueda hacerlo con otros grupos, a no ver, no encontrar otro camino que el de la violencia de las armas para alcanzar la democracia y la justicia social.

No puede compartirse ese enfoque militar del cambio social pues éste es imposible sin la voluntad, participación y la conciencia de millones de personas. Sin embargo, el EPR es una realidad y sus acciones fortalecen las posiciones más duras y violentas en el gobierno y fuera de él.

Se está creando, y puede imponerse si no interviene la sociedad, una situación en la cual prevalezca la terrible lógica de la violencia armada. El país puede entrar en una larga etapa de utilización de la fuerza, las persecuciones, las torturas, las cárceles (como ya empieza a ocurrir) para exterminar a quienes fueron orillados por la fuerza de las circunstancias, y por sus propios enfoques, a tomar las armas para conquistar metas políticas, las mismas de democracia y justicia por las cuales luchan pacíficamente numerosos grupos y personas.

El país y sus organizaciones sociales y políticas no pueden ni deben ser, como en los años 70, testigos impotentes de una nueva guerra sucia que, además, obstaculice y detenga los procesos complicados y lentos para alcanzar la democracia y cambios esenciales en el rumbo de la economía nacional.

La alternativa es que la sociedad, como lo hizo en 1994 cuando apareció el EZLN, intervenga para obligar al gobierno y al EPR a buscar caminos políticos para llegar, lo más pronto posible y con el menor costo en vidas y sufrimientos, a una mesa de negociaciones.