La Jornada 1 de septiembre de 1996

CLASE POLITICA José Ureña

A recomenzar.

Los siete prospectos del gobierno para ocupar la fiscalía especial del caso Colosio recibieron dos seguridades: hay voluntad superior para esclarecer el asesinato de Lomas Taurinas y el escogido deberá partir de cero.

``Como si el crimen hubiera sido ayer y no tuviéramos nada'', citó uno de ellos a un alto funcionario que, por el énfasis que puso a las palabras, parece ser el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.

Para llegar a esa decisión se partió de la incredulidad que en el presidente Ernesto Zedillo y sus colaboradores cercanos originaron las averiguaciones realizadas por Miguel Montes García, Olga Islas y Pablo Chapa Bezanilla.

Pudo haber incapacidad en ellos, pero no siempre tuvieron libertad para actuar conforme a las obligaciones que la ley asigna a los agentes del Ministerio Público, y a veces debieron anteponer intereses políticos.

Aburto, asesino solitario por decisión presidencial

Colaboradores del texto que hoy leerá el presidente Ernesto Zedillo en el Palacio Legislativo dicen que se referirá con amplitud a este asunto que no ha muerto, por más que se le ha querido enterrar para terminar con la presión social.

Pero cada vez que eso sucede -recuérdese a Miguel Montes con su teoría del asesino solitario, la condena como tal a Mario Aburto Martínez, la liberación de Othón Cortés- hay una reacción en contra de la versión oficial y en reclamo de justicia.

Este comportamiento generalizado, con gran eco en los medios de comunicación, ha sido decisivo y la cúpula del poder está consciente que no se dejará morir el caso por más que dictámenes y sentencias lo den por concluido.

A esta inquietud, que hoy tendrá repercusión en el segundo Informe de Gobierno y que por los términos en que viene el compromiso presidencial seguramente estará mañana en los encabezados de primera plana, deberá responder el nuevo fiscal.

Es posible que él sí tome en cuenta y aclare las razones, y las culpas de haberlas, por las que un grupo de personas se reunió en las oficinas de la doctora Islas y a solas decidieron que la teoría del asesino solitario debía ratificarse.

Se publicó en este espacio, el 31 de marzo de 1996, cómo ese hecho desvió la investigación:

``En las postrimerías del salinismo, cuando Olga Islas fungía como fiscal, a sus oficinas acudió varias veces un grupo de abogados ajenos al caso pero incondicionales del ex presidente Carlos Salinas.

``Testigos identifican a ocho: la propia doctora Islas, Juan Velázquez como protagonista, Sergio García Ramírez, Fernando Gómez Mont, Raúl Carrancá y Rivas, Agustín Santamarina, Jesús Zamora Pierce y un ex procurador sonorense identificado como S. Acuna (tal vez sea Francisco Acuña Griego).

``La encomienda era preparar un informe público creíble a fin de que el entonces mandatario no terminara su gobierno con grados de desconfianza popular por los desaciertos en la investigación sobre el asesinato contra Luis Donaldo Colosio.

``Con base en la instrucción recibida, doctora e invitados centraron su discusión en torno a los juicios que se seguían a cuatro sujetos a proceso hasta entonces: Mario Aburto Martínez, Vicente y Rodolfo Mayoral, y Tranquilino Sánchez Venegas''.

Deseo cumplido: Aburto fue declarado asesino solitario

El texto del 31 de marzo descibe cómo el entonces presidente optó en primera instancia por Miguel Montes García, cuyo currículum no incluía experiencia investigadora, y después por Olga Islas, a quien mandó traer de un crucero cuando acompañaba a una nieta.

El primer candidato era Santiago Oñate Laborde. Jurista reconocido y hombre que al menos entonces aspiraba a hacer carrera en el Poder Judicial, fue cuestionado por Diana Laura Riojas cuando lo propuso Carlos Salinas.

-Ha sido procurador... pero del ambiente, y no tiene experiencia alguna en investigaciones de este tipo -dijo la desaparecida esposa de Luis Donaldo.

La misma Diana Laura recibió después a un Miguel Montes apesadumbrado, que no sabía cómo dejar la fiscalía:

-Vea nada más, señora. He bajado de peso. La gente se me ha echado encima. Hace unos meses era un hombre prestigiado y ahora dicen que soy un incompetente.

Se alejó del cargo con un informe que dejaba atrás el indicio de acción concertada y que desembocaba en el asesino solitario, en Aburto Martínez. Salinas lo sustituyó por Olga Islas, quien de acuerdo a testigos citó a reuniones a los ocho personajes referidos.

He aquí su conclusión, según la historia narrada en este espacio el 31 de marzo pasado:

``Nadie de los que asistían a esas sesiones daba por válido que hubo un asesino solitario. Por ello se decidió llevar a los abogados de los cuatro personajes bajo proceso. Los asistentes recuerdan a un Zafra y a un Bastida Ventura.

``Juntos, fiscales y abogados defensores convinieron separar los procesos. Juntos, representantes de la autoridad y de los posibles culpables, diseñaron la estrategia de no enfrentar la investigación como un todo, sino por partes.

``Poderosa por decisión presidencial, Olga Islas llamó al juez Alejandro Sosa Ortiz. El, obediente, acudió a las oficinas de la doctora para una plática en la que estuvieron varios. Sosa Ortiz no objetó y, se vio después, aceptó la decisión''.

La decisión de condenar a Aburto como homicida único dejó las circunstancias puestas para que después se declararan insuficientes las pruebas contra Vicente y Rodolfo Mayoral y Tranquilino Sánchez, hoy en libertad.

Justo Fernández: ocho millones no entregados

La Secretaría de Gobernación (SG) prepara un informe que piensa difundir a principios de semana para detallar las violaciones a las leyes Fiscal y Federal de Juegos y Sorteos en que habría incurrido Justo F. Fernández en el manejo del Hipódrono de las Américas.

Todavía se redondean cifras y se pulen cargos, pero se presume que ha dejado de pagar alrededor de 8 millones de pesos correspondientes al 2 por ciento de apuestas y que él argumenta haber entregado a caballistas. Estas andarían, en lo que va del año, en alrededor de 400 millones de pesos.

Este conflicto comenzó en 1994 y fue reconocido por Fernández en su carta pública al presidente Zedillo, aunque lo presentó en su propio lenguaje e interés a través de dos párrafos que se reproducen a continuación:

``El detrimento que en los últimos años ha sufrido la economía del país y la baja consiguiente en el ingreso de las apuestas, colocaron al hipódromo en una situación verdaderamente crítica y con graves problemas a resolver.

``Uno de estos problemas ha sido el de mantener el interés de los dueños de los caballos que compiten en el hipódromo, quienes requerían aumentos en el porcentaje de su participación en las apuestas, para poder en esa forma premiar a los dueños de los caballos triunfadores''.

Así, él decidió usar de manera directa estos recursos para ``premiar a los dueños de los caballos triunfadores'' y, de paso, desligó de esta función a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Carreras.

Los números debieran conocerse a detalle, mas no es fácil. La punta de la madeja comenzó a desenredarse cuando un apostador de suficiente capital e influencia no pudo cobrar su ganancia. Protestó y vio cómo extemporánea y manualmente se dio entrada a su operación.

Le pagaron, es cierto. Sólo que él optó por acudir ante las autoridades correspondientes y éstas comprobaron que de nada sirve que la Secretaría de Gobernación tenga una terminal de la computadora del hipódromo, pues puede alterarse fácilmente su funcionamiento.

Además, don Justo retenía por más tiempo del autorizado por la legislación el 15 por ciento que debía exhibir ante el gobierno, dinero que va a la asistencia pública, y se presumen evasiones fiscales en diversas actividades.

Se trata de rubros no conocidos para asistentes ocasionales al hipódromo: en operaciones, clubes y restaurantes, venta de pasturas, comercialización de sangre, distribución de medicamentos, renta de inmuebles para eventos privados.

Las quejas por la forma en que se manejaba don Justo están respaldadas con testimonios de propietarios de cuadras, gente que en condiciones normales debiera estar de lado del empresario, ahora sujeto a investigación y con el amago de ser procesado.

De todo se le advirtió. El argumentó que había delegado responsabilidades, y debe ser cierto, pues se encuentra muy dedicado a sus negocios inmobiliarios y, en el ámbito político, se le observa cerca de los senadores Gustavo Carbajal Moreno y Miguel Alemán Velasco, dos posibles prospectos a la gubernatura de Veracruz.