Para cumplir con la Constitución, que en su artículo 69 ordena que el Presidente de la República asista a la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, y presente un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país, mañana domingo 1o. de septiembre el doctor Ernesto Zedillo asistirá al Congreso de la Unión y entregará su II Informe de gobierno. De acuerdo con la tradición, dirigirá también un mensaje a esa máxima representación nacional y a todo el país.

Por las circunstancias actuales, existe una gran expectación entre la ciudadanía acerca de lo que informe y señale, sobre todo en materia económica, como no había sucedido antes. Y es que a pesar de las afirmaciones optimistas en contrario, y de las ilusiones de recuperación de la economía familiar que periódicamente se publicitan, las condiciones sociales de la gran mayoría de la población siguen deteriorándose y el grado de desconfianza popular en las estrategias puestas en práctica continúa en aumento.

Se afirma, por ejemplo, que de enero de 1995 a la fecha, un millón y medio de mexicanos vinieron a engrosar la cifra de 20 millones que ya vivían en extrema pobreza. Se habla también de que el 50 por ciento de nuestra población no está en condiciones de adquirir la canasta básica. No obstante las cantidades exorbitantes de dinero que se dice que el gobierno ha destinado a la banca, por lo menos parcialmente en detrimento de varios rubros del gasto social, para salvaguardar supuestamente el ahorro interno, se considera que aún ahora la cartera vencida afecta a 4 millones y medio de mexicanos y que el sistema bancario tiene embargadas las propiedades de los deudores por un monto de 5 mil millones de pesos.

Son ya muchos los que piensan que la actual política económica no garantizará, ni siquiera en el futuro, el bienestar familiar y el resurgimiento económico de México. Y por ello analizarán con detenimiento el Informe, tomando en cuenta lo que la propia Constitución establece como criterios para la gestión del Estado.

El artículo 25 con toda claridad expresa que corresponde a éste el desarrollo nacional, para garantizar que sea integral. Dice también que debe fortalecer la soberanía de la nación y su régimen democrático; y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, tiene que permitir el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege.

Estos son los criterios que tendrá en cuenta la ciudadanía para pronunciarse legal y pacíficamente el domingo siguiente en la denominada Primera Jornada Nacional de Condena a la Política Económica del Gobierno, a la que han convocado Alianza Cívica y por lo menos otros 48 organismos y redes de organizaciones independientes, de indígenas, campesinos, obreros, académicos, ecologistas, deudores de la banca, empleados, empresarios, políticos, profesionistas, mujeres y defensores de derechos humanos, tomando también en consideración que sí existen a nivel nacional e internacional otros modelos y políticas responsables y coherentes, que garantizarían mejor el bienestar familiar, la estabilidad social y el desarrollo del país.

Prueba de ello es que el año pasado 428 mil ciudadanos exigieron en el llamado Referéndum de la Libertad un cambio de política económica, que entre otras cosas propiciara el crecimiento, generara el empleo y fortaleciera la capacidad productiva del campo y la ciudad, presentando para tal efecto un proyecto de desarrollo económico alternativo que se caracterizaba por un impulso importante al mercado interno y a la capacidad productiva interna, como sucede prácticamente en las demás naciones; por evitar pagos de la deuda externa que continuaran estrangulando el crecimiento de nuestra economía; por detener la venta de empresas y recursos que constituyen parte fundamental del patrimonio nacional, y por evitar que tales recursos siguieran siendo entregados en beneficio de unos cuantos, o de empresas extranjeras. No obstante haber entregado formalmente tales resultados al Senado de la República, el gobierno continuó con las mismas políticas, que ya han desesperado a vastos sectores de la población y han incrementado gravemente los riesgos de inestabilidad social.

Hemos sido enterados de que el próximo 13 de septiembre un partido político presentará también en Chilpancingo una propuesta alternativa ante la grave crisis económica y social en la que se debate el país. Seguimos pensando que ha llegado el momento de discutir a fondo todas estas alternativas, tomando en consideración el sentir de la nación y buscando entre todos, antes de que sea demasiado tarde, un nuevo rumbo económico para México. No hemos de olvidar que incluso dentro del capitalismo existen hoy en día distintas estrategias de desarrollo. No es lo mismo el capitalismo productivo que el especulativo; el que exige la concentración de ganancias a corto plazo, que el que distribuye empleos y ganancias a mediano y largo plazo; el que se centra en la reproducción del capital a nivel internacional, que el que combina las oportunidades del mercado mundial y el crecimiento del mercado interno. Pensamos que a una adecuada reforma electoral, como la que hasta el momento se lleva a cabo, y a una indispensable reforma democrática del Estado, como la que la mayor parte de la ciudadanía demanda, debe corresponder un modelo de desarrollo consecuente y una política económica congruente.

Para esto es importante que la ciudadanía se siga expresando en forma pacífica, organizada y entusiasta. Que supere el desaliento que en muchas oportunidades le asalta y con convicción reconsidere que su participación es indispensable. Hay que testimoniar los daños que la política económica ha venido causando; es preciso ser parte en verdaderos diálogos que generen alternativas, y hay que exigir en los foros e instancias correspondientes los cambios necesarios.