1. Para tomar una posición sobre el Ejército Popular Revolucionario no me parece adecuado poner en primer lugar la cuestión de las armas o de la violencia. A un movimiento político --y el EPR lo es-- se lo juzga ante todo por su programa, su política y sus métodos. El uso de las armas por sí mismo no legitima ni deslegitima a nadie. Si sólo se emplea este criterio, lo que se escuchará, a favor o en contra, no pasarán de ser juicios morales.

A juzgar por su programa y su discurso, el EPR es un movimiento de ideología stalinista-maoísta (en sus palabras, marxista-leninista). Su programa culmina en la propuesta de establecer en México una República Democrática Popular. Si las palabras quieren decir algo, se trataría de un régimen similar (no igual) al existente en Corea del Norte o a los desaparecidos después de 1989 en Albania, Rumania o Hungría. Teoría e historia han probado ya con creces que esos regímenes atentan contra la dignidad de los seres humanos y de los trabajadores.

Un movimiento con esa propuesta y con ese discurso es, desde un punto de vista socialista, un movimiento reaccionario, cualesquiera que sean las intenciones o convicciones subjetivas de sus integrantes. Para quienes respetan las ideas del socialismo que se remontan a Rosa Luxemburgo y a Karl Marx, es lo primero que debería quedar claro.

Los métodos del EPR son verticales y militaristas. Entre ellos se incluyen actos como la celada de Aguas Blancas, donde tomaron por las armas la tribuna de otra organización para sus propios fines. Tales métodos incluyen, pues, el uso de las armas y la violencia en las diferencias internas o con otras organizaciones, como sucedió en décadas pasadas con diversos grupos armados latinoamericanos. Nada tienen que ver esas prácticas con los ideales del socialismo o de la democracia, cualquier adjetivo se le ponga a ésta.

2. El doctor Zedillo ahora ``descubre'' una diferencia entre el EZLN y el EPR. No es posible creer una palabra de este discurso. El subcomandante Marcos advirtió desde hace tiempo que la situación se pudriría y que otros focos autónomos de lucha violenta aparecerían por el deterioro político y social. El gobierno se desentendió y trató de acorralar al EZLN, no firmar ninguna paz y tenderle una nueva emboscada. Si ahora resulta que el EZLN es diferente, lo que el gobierno debería hacer de inmediato es proponer o aceptar las condiciones de una paz con dignidad. Para detener la violencia, no sirve proferir amenazas ni militarizar el país. Sirve alcanzar una paz verdadera y digna en Chiapas y abrir el camino de la democracia y de la política para el EZLN y para todos.

3. La aparición del EPR se inserta en un proceso de violencia infinitamente mayor. Por un lado, la violencia y la desintegración que trae consigo el indecible empobrecimiento de la población del país. Por el otro, la violencia desatada entre las bandas que se disputan el poder en el interior del régimen.

La crisis prolongada y sin salida del régimen estatal es el mayor germen de violencia en el territorio nacional. Esa crisis enmarca incluso al propio EPR. Más allá de lo que crea cada uno de sus combatientes o partidarios, nadie puede descartar de antemano que en la guerra dentro del gobierno alguna de sus bandas utilice sus acciones militares para debilitar a una banda contraria, por ejemplo, en vísperas del Informe presidencial. El EPR es real y busca sus propios fines. Pero el pragmatismo armado no excluye tratar de sacar provecho ``táctico'' de esa guerra de bandas. Las escuelas de las cuales ese pragmatismo proviene son ricas en tales conductas.

4. La realidad que domina todas las otras es la descomposición del régimen estatal. No importa mucho discutir con el doctor Zedillo su programa económico, cuando para resolver cualquier programa diferente, e incluso para aplicar el presente, es preciso primero dar una salida democrática que devuelva al poder estatal la legitimidad perdida.

Sin legitimidad ninguna política económica funciona. A mi juicio, el PRD debe poner el acento en decir a la población que la insolubilidad actual de la crisis es el problema central y que sin una nueva legitimidad, que sólo la democracia y el voto pueden dar, no habrá cambios económicos y esa crisis terminará por pudrir todo.

5. La crisis estatal tiene su raíz en la falta de legitimidad política y social de la inestable alianza gobernante de Salinas-Zedillo. Desde 1988 no tenemos un gobierno electo. Salinas tomó el poder con el golpe de Estado del 7 de julio de 1988 contra el resultado electoral del 6 de julio. Ese golpe deslegitimó políticamente al régimen entero. La ruptura de los pactos históricos por el gobierno salinista -artículos 127, 130 y tercero, privatizaciones mafiosas y demás- lo deslegitimó socialmente. El golpe de Estado interno del 23 de marzo de 1994 -cambio del heredero presidencial mediante el asesinato de Colosio- rompió los pactos dentro de la clase gobernante y deslegitimó en el seno de ésta al nuevo gobierno.

La crisis de diciembre de 1994 y la resistencia social hicieron el resto.

La cuestión central de México es cómo establecer una nueva legitimidad política y social en la relación estatal entre gobernantes y gobernados, ahora que ha sido destruida la legitimidad establecida desde los años de la revolución y de las grandes reformas cardenistas. Mientras eso no se logre, crecerá sin contención la violencia entre los de arriba, entre los de arriba y los de abajo y también entre los de abajo.

La destrucción salinista-zedillista de los pactos fundadores ha ido tan lejos como para afectar a los fundamentos juaristas del Estado mexicano. Al no haber puesto nada en lugar de lo que han destruido, la nación ha quedado más vulnerable que nunca ante las presiones externas. Para Estados Unidos, mucho más después del TLC, México es un asunto de política interior y de seguridad nacional. Una nueva legitimidad estatal, que no se conseguirá con tímidas reformas electorales (¿y además quién les cree, si a los pocos días su CTM hace un fraude escandaloso en la Ford?), es hoy para México cuestión de independencia y autodeterminación nacionales.

6. En estas condiciones, tanto la irrupción del EPR como la política económica o los altibajos de la Bolsa Mexicana de Valores, son variables dependientes del curso de la crisis estatal. Esta es la cuestión medular que hay que atacar. De lo contrario, nadie podrá impedir que la apuesta de la guerra entre las bandas sea, como lo es, nada menos que el poder presidencial. Sobre él van y quieren resolverlo entre ellas.

En la gravedad presente de la situación y en su curso de descomposición, sólo salidas de fondo pueden dar una nueva legitimidad. No la darán ni la militarización ni un nuevo acuerdo provisorio entre las bandas como el que sacó a Moctezuma y puso a Chuayffet.

Ahora, la nación debe hablar.

La gravedad de la hora dice que el poder del Estado debe someterse, de una vez por todas y por vez primera, al voto trasparente de las urnas. Sólo una elección clara, con padrón confiable y reglas simples, aceptada por todos, cualquiera que sea su resultado, puede ser el paso fundador hacia la conquista de una nueva legitimitidad republicana y un nuevo pacto constitucional.

De lo contrario, si no es la nación la que decide y legitima por el único medio que la democracia reconoce, decidirán en los pasillos oscuros del poder los inestables pactos mafiosos de las bandas, y crisis, miseria y violencia dejarán a esta nación exhausta e indefensa.