Impunidad, causa de inquietud

Oscar Camacho, Ismael Romero y Roberto Garduño E. El segundo año de gobierno del presidente Ernesto Zedillo estuvo marcado por tonos claroscuros en materia política pues, a los puntos favorables que se apuntó por haber alcanzado una reforma electoral con el consenso de la oposición, se contrapusieron las críticas ante la impunidad permitida y avalada en casos como Guerrero, Tabasco y Conasupo.

Asimismo, a este primero de septiembre el Ejecutivo Federal llegará con dos frentes de guerrilla en el país: uno que no termina de resolverse en los Altos de Chiapas y, otro, el del EPR, que se le multiplica por diversos estados de la República, ante una actitud política que no atina a elaborar una estrategia clara para enfrentar este problema.

A la definición de ese tono político

--que no pocos han juzgado de ``tibieza'' en el ejercicio del poder, mientras que otros lo elogian y le atribuyen un carácter republicano-- se agregan casos como Huejo-tzingo, la detención del comandante Germán y el conflicto de Tepoztlán, en los cuales la incertidumbre política pareció ser la tónica del quehacer gubernamental.

Todo ello enmedio de una constante: los desatinos que en materia de justicia se proyectan al país desde la Procuraduría General de la República (PGR), en donde el sueño del cogobierno con el Partido Acción Nacional (PAN) se ha traducido en una pesadilla de casos sin resolver: Colosio, Posadas, Ruiz Massieu, Aguas Blancas, Tabasco, etcétera.

Primer trimestre

El primer trimestre de su segundo año al frente del gobierno recibió a Ernesto Zedillo con el escándalo que generó la publicación, en octubre de 1995, de una carta que le envió, cuando era coordinador de su campaña, a Luis Donaldo Colosio, en la que le sugería asesinado ``pactar una alianza'' con Carlos Salinas de Gortari.

La misiva, que se dio a conocer a la opinión pública, provocó una airada protesta de Zedillo, quien argumentó que su contenido era privado. Igual que a lo largo de sus dos años de gobierno, al presidente le volvió a fallar en esta ocasión su política de comunicación social.

Contra el alegato de que era un hecho privado, variados analistas respondieron que el documento se refería a un asunto público y de interés nacional, relacionado con el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

El panorama político para Zedillo se descompuso días después cuando en una desaseada operación policiaca se detuvo al llamado comandante Germán --presunto creador del EZLN--, y ello provocó la inmediata ruptura con partidos de oposición y fracciones camarales participantes en la Cocopa.

En noviembre, Ernesto Zedillo asegura que ``en México no hay intocables''; pero en el espectro político de oposición sus palabras no son recibidas con credibilidad, pues se le exige que compruebe su aseveración llamando a cuentas a Carlos Salinas de Gortari y a José Córdoba Montoya, lo que no ha sucedido.

Segundo Trimestre

Por esas fechas, y al inicio del segundo trimestre, el ambiente político se torna incierto y desde distintos sectores sociales se vuelve recurrente el rumor de que Zedillo podría renunciar a la Presidencia, tanto que los sectores empresariales y la Iglesia manifiestan su respaldo al ejecutivo con llamados a la unidad en torno de la figura presidencial.

Pero entonces, como sombra que no termina de aparecérsele, la figura de Carlos Salinas de Gortari vuelve de nuevo a generar revoloteo político en el gobierno de Ernesto Zedillo cuando el ex mandatario reaparece en la escena pública con una carta donde acusa al ex presidente Luis Echeverría de promover los ataques contra su persona.

Esto abre una polémica sobre el origen de los rumores que ubicaban a Zedillo como renunciante a la primera magistratura.

A la mitad del segundo trimestre hasta lo propios priístas se atreven a cuestionar al Presidente Zedillo, a quien 255 diputados exigen modificar la política neoliberal que dicen ha golpeado demasiado a los sectores mayoritarios del país.

Entre los desatinos de la PGR --que aunque con un titular panista, está, por mandato constitucional, bajo la égida del Ejecutivo--, se cuenta la captura y relampagueante entrega al gobierno de los Estados Unidos del jefe del cártel del Golfo, Juan García Abrego.

En el mes de febrero, último del segundo trimestre, el gobierno de Zedillo se ve envuelto en varias polémicas: primero, entra en colisión con el PRD por el caso Tabasco, la amenaza judicial contra Andrés Manuel López Obrador, y el desalojo de pozos petroleros en esa entidad.

Luego, la impunidad y protección a Rubén Figueroa quedan desnudados en toda su magnitud cuando el periodista Ricardo Rocha exhibe un video que mostró toda la crudeza de la matanza de campesinos en el vado de Aguas Blancas, y que echa por tierra la mentira de Figueroa, quien habló de un ``enfrentamiento'', cuando en realidad se trató de una emboscada.

Además, los panistas asestaron otro golpe, cuando el 17 de febrero abandonaron la mesa del diálogo para la reforma del Estado en protesta porque en Huejotzingo, el gobierno poblano de Manuel Bartlett le arrebató con maniobras legaloides el triunfo a su candidato a la alcaldía.

Sin embargo, el actual gobierno recibió un tanque de oxígeno cuando logró concretar con el EZLN los primeros acuerdos para la paz en Los Altos y la Selva de Chiapas, luego de casi 26 meses de la irrupción zapatista.

Tercer trimestre

El panorama parece mejorar un tanto para el gobierno de Zedillo cuando al inicio del tercer trimestre desde el extranjero se le envía, por parte de Estados Unidos, un certificado de buena conducta en la lucha contra el narcotráfico.

Empero, sólo unos días respiró con calma la actual administración, pues casi de inmediato, Mario Ruiz Massieu es liberado en Newark, Estados Unidos, y a los pocos días el caso Huejotzingo estalla en Puebla, cuando un grupo de policías desaloja el plantón que desde febrero mantenían en ese ayuntamiento militantes panistas que protestaban porque les fue arrebatado el triunfo en las elecciones municipales.

En el mes de marzo Felipe Calderón llega a la presidencia del PAN y mantiene la línea de ruptura con el gobierno.

Confrontada con el PRD y con el PAN, la administración zedillista se ve entonces forzada a buscar una válvula de escape, la cual encuentra en la renuncia de Rubén Figueroa Alcocer a la gubernatura de Guerrero en el mes de marzo.

El ambiente político vuelve a tornarse turbulento cuando en ese trimestre José Córdoba reaparece en la escena política con cartas públicas, mientras en Tepoztlán hace crisis un conflicto por la pretendida construcción del club de golf El Tepozteco.

A ello se agrega la muerte de 18 indocumentados en California y la tibia reacción del gobierno mexicano, así como el posterior escándalo que suscita la renuncia del gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizzo, en medio acusaciones de corrupción.

La impunidad en el caso Aguas Blancas queda al descubierto cuando la Suprema Corte de la Nación da a conocer el resultado de sus investigaciones, en las que concluye que Rubén Figueroa tuvo responsabilidad en la matanza.

A pesar de ello, los diputados priístas absolvieron a Figueroa y, hasta el momento, el Ejecutivo federal no ha dado a conocer medida alguna que sea consecuente con el informe que la Suprema Corte le entregó por encargo del propio presidente.

A finales del tercer trimestre, los trabajadores del país también exigen cambio en el rumbo económico, y en los últimos días la inconformidad ciudadana con la policía capitalina obliga a renunciar al jefe de Seguridad Pública en el Distrito Federal, David Garay Maldonado, quien es sustituido por mando militares.

Cuarto Trimestre

En la recta final del último año político Zedillo se apunta logros como: la consolidación de la reforma electoral con el consenso, por vez primera en la historia del país, de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso; pero en la escena se mantiene el reclamo del PRD en contra de Roberto Madrazo en Tabasco, sin que obtenga eco en el gobierno del mandatario.

Unos días antes de que presente su segundo informe de gobierno, la actual administración es cuestionada tanto por la Iglesia católica que le recrimina el costo de la crisis y su política económica, cuanto por los casos del fiscal Pablo Chapa Bezanilla y su fracaso para aclarar el asesinato de Colosio.

El colofón de su segundo año al frente del Ejecutivo lo constituye la irrupción del EPR y su secuela de violencia contra objetivos militares, que obliga al gobierno a reforzar zonas estratégicas del país, como es el caso de la Cámara de Diputados, donde este domingo Ernesto Zedillo dará cuenta a los mexicanos del estado que guarda la República.