Indicios de siembra de armas en la captura de La Quina

Carlos Fernández-Vega y Emilio Lomas Las 200 ametralladoras Uzi-9 milímetros oficialmente decomisadas por la Procuraduría General de la República durante la operación policiaco-militar realizada en el domicilio de Joaquín Hernández Galicia, La Quina, en Ciudad Madero, Tamaulipas, el 10 de enero de 1989, fueron adquiridas por el propio gobierno mexicano en la década de los sesentas y principios de los setentas, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y diversos organismos de seguridad del Estado.

Desde 1989, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, su Servicio de Aduanas y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de ese país, así como la Fabriquè National Herstal, de Bélgica, certificaron, según consta en documentos oficiales en poder de La Jornada, que el armamento ``encontrado'' en el domicilio de Hernández Galicia fue vendido al Ejército Mexicano y distintas corporaciones policiacas de este país.

Lo anterior fundamentaría la acusación formulada hace más de siete años --luego de la detención del ex líder del Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana-- en el sentido de que elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Judicial Federal (PJF) y el Ejército Mexicano sembraron las armas en la casa de La Quina, aún preso en el Reclusorio Oriente de la ciudad de México.

El 11 de enero de 1989, un día después de realizado el operativo en contra de Hernández Galicia, el entonces procurador general de la República, Enrique Alvarez del Castillo, dijo en conferencia de prensa que ``el delito de posesión, acopio y probable introducción ilegal de armas ha quedado perfectamente comprobado''. Junto con el titular de la PGR, el subprocurador Javier Coello Trejo, participó en las investigaciones del caso.

A pesar de que el grupo de abogados defensores de La Quina presentó dichos documentos como pruebas de descargo, la PGR nunca los consideró.

De hecho, la dependencia advirtió: ``Fue el propio presidente de la República (Carlos Salinas de Gortari) quien giró la orden de investigar, localizar y presentar a los que, por informes de la Policía Judicial Federal, resultaran responsables de los delitos de acopio de armas e introducción ilegal de las mismas''.

En un comunicado oficial, la PGR también decía: ``Estamos ciertos que las acciones de las autoridades se encuentran legal y moralmente fundadas y se realizaron precisamente para proteger los verdaderos intereses de la nación, el régimen de derecho en que vivimos y para prevenir acciones que puedan poner en riesgo la paz social que tanto nos ha significado construir y preservar''.

Sin embargo, el 28 de junio de 1989, el fabricante de las ametralladoras Uzi-9 (Fabriquè Nationale Herstal, de Bélgica) incautadas en la casa de Joaquín Hernández Galicia certificó en un documento oficial (número de referencia msg/nr 89/212) lo siguiente (la traducción es literal, hecha por un perito reconocido por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal):

``Mensaje: puedo confirmar los siguientes puntos respecto a la lista de números de metralletas Uzi-9mms. manufacturadas bajo licencia de FN (Fabriquè Nationale) y vendidas a México:

``1. FN ha estado manufacturando este tipo de metralleta hasta 1976.

``2. En cuanto a México, parece que unos cuantos millares fueron vendidas al Ejército Mexicano durante los años sesentas y principios de los setentas. De hecho ya no está disponible copia alguna de las facturas comerciales, dados los muchos años transcurridos desde que se efectuó el suministro.

``3. Puedo confirmar que conforme a las leyes de Bélgica, aquellas armas fueron suministradas a las autoridades militares y policiacas mexicanas. Esto se basa en los certificados mexicanos de usuario final y en licencias belgas de exportación.

``4. Los números que aparecen en la lista adjunta a su carta de fecha 28 de marzo, no concuerdan con nuestros números de serie. De acuerdo con la indagación que llevé a cabo en nuestro servicio de pruebas cuando algunas de estas armas aún existen (así), puedo hacer los siguientes comentarios:

``4.1. El número legal aparece en el bastidor/armazón (o recibidor) debajo del guardamanos. Dos de las armas que pude revisar en la planta, tuvieron los números siguientes: FN 17.825 y FN 59.579, respectivamente. Parece que todos nuestros números oficiales tienen las letras FN antes de los números de serie.

``4.2. Parece sumamente probable que el/los mexicano(s) no quitaron los guardamanos para verificar los únicos números FN oficiales de la serie. En este caso, todos los números adjuntos a su carta serían números del cliente (en este caso el Ejército y la policía mexicanos)

``FN ya no está autorizada para manufacturar y vender la metralleta Uzi bajo licencia. De hecho, ellos vendieron mayores cantidades de UZI por su propia cuenta. Es difícil decir, después de algunos años, dependiendo del mantenimiento y revisiones generales del cliente, si no hubo una mezcla de partes provenientes de FN con partes provenientes de Israel. Ignoro si México le compró Uzis a Israel después de 1976, ni tampoco sé de qué manera TMT (el nombre aparece borrado; igualmente podría ser IMI) indicaba sus números de serie.

``Con mis atentos saludos: M. Thys, director regional de ventas de FNH''.

(Este documento se envió al jefe de la policía del condado de Hidalgo, Texas, José H. Flores III, desde Bélgica a Estados Unidos vía fax, y fue certificado en Estados Unidos por el cónsul de México en McAllen, Texas, Samuel Garrido Ruiz, con el número de oficio 1113009/1588 hasta el 1113013/1593 del Servicio Exterior Mexicano; se pagaron 15.80 dólares por cada certificación, el 30 de junio de 1989)

Además, el 29 de junio, en un documento certificado por Jesús López, notario del condado de Hidalgo, Texas, el Departamento de Policía de esa ciudad envió a los abogados de Joaquín Hernández Galicia el siguiente documento:

``Después de una exhaustiva investigación llevada a cabo en colaboración con las autoridades federales del ramo... hace constar que las series de armas en las listas que se anexan no son importadas o exportadas por ningún importadorcolector privado de armas o el gobierno de Estados Unidos. Igualmente se anexa la carta enviada a mí por el señor M. Thys de Fabriquè Nationale Bélgica, en la cual se explica y se verifica que fueron compradas e importadas a México para su Ejército y policías, según las licencias de exportación y certificados de uso de Bélgica''.

Casi tres meses antes, el 5 de abril de 1989, el Departamento estadunidense del Tesoro y su Servicio de Aduanas, enviaron a José H. Flores III, jefe del Departamento de Policía de Hidalgo, Texas, la siguiente certificación:

``Asunto: contrabando de 200 ametralladoras Uzi.

``... El resultado del rastreo de los números de serie de las armas de fuego que usted proporcionó a esta oficina y envió a la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego en Washington DC, es que el tipo de armas de fuego a las que seguimos la pista no se vendió comercialmente. Este tipo de arma fue producido por Fabriquè Nationalè Armement, en Herstal, Bélgica, y vendido exclusivamente a aquellas naciones cuyas fuerzas armadas utilizan este tipo de armas, como Alemania, Israel y países de América Latina como Guatemala. Este tipo de armas no se importa a Estados Unidos, ni por parte del gobierno de Estados Unidos, ni por parte del algún comerciante/coleccionista privado. Daniel Walker'' (agente del Departamento del Tesoro).

El 10 de marzo de 1989, la Fabriquè Nationale Herstal envió un documento (número de referencia: BDS/SCSUD/MT-/89071) al equipo de abogados defensores de La Quina, en respuesta a una carta enviada por éste en la que se detallaban los números de serie (proporcionados por la PGR) de las armas incautadas en Ciudad Madero.

El documento indicaba:

``Después de examinar los números de referencia, confirmamos que estos números no corresponden a armas de esta empresa y controladas por el Banco de Pruebas de Lieja, que es una dependencia oficial del gobierno belga... evidentemente, dichas armas no son de procedencia nuestra. M. Thys (rúbrica). Zone Sales Director''.

Este documento fue legalizado por E. Nickers, funcionario del Ministerio de Asuntos Extranjeros del Reino de Bélgica, el 10 de marzo de 1989, con el número de registro 09234; la certificación de autenticidad y de la legalización del gobierno belga fue expedida por la embajada de México en Bruselas, firmada por el consejero de la legación, Juan José Huerta, el mismo 10 de marzo de 1989, con el número de registro 1028633/42; se cubrieron 607 francos belgas por el pago de derechos).

El Departamento de Policía de Hidalgo, Texas, y su jefe, José H. Flores III, participaron ampliamente en las investigaciones, pues uno de sus oficiales, el capitán Juan Antonio Abrego y un amigo de éste, José Contreras, fueron acusados por la Procuraduría General de la República como los responsables de trasladar las 200 ametralladoras Uzi-9 mms. de Estados Unidos a México, específicamente a la casa de Joaquín Hernández Galicia.

El saludo de año nuevo

El 3 de enero de 1989, Carlos Salinas de Gortari recibió a la dirigencia del sindicato petrolero, con Salvador Barragán Camacho y Joaquín Hernández Galicia a la cabeza.

La visita fue con motivo de la salutación de año nuevo y el entonces presidente les dijo: ``Se evitarán confrontaciones para avanzar en el interés de la patria''.

Siete días después, se detuvo a Joaquín Hernández Galicia, aunque Enrique Alvarez del Castillo dijo que la investigación en contra de La Quina se inició en los últimos meses de 1988 y los primeros días de 1989.

``No es en forma alguna una agresión de nosotros hacia determinado gremio o sector; es la persecución de delitos y los delitos se cometen por personas, en lo individual o asociadas; pero no implican de ninguna manera que ello signifique la inclusión de instituciones de orden político o de organizaciones de trabajadores'', decía el entonces procurador general de la República, Enrique Alvarez del Castillo.

En el operativo realizado en Ciudad Madero, Tamaulipas, participaron efectivos de la Policía Judicial Federal (PJF) y del Ejercito Mexicano, así como dos agentes del Ministerio Público Federal, quienes se presentaron en el domicilio de Joaquín Hernández Galicia (calle San Luis 102, colonia Unidad Nacional) a verificar el presunto ilícito.

La Procuraduría General de la República notificó que en ese domicilio se encontraron 200 metralletas Uzi, de fabricación israelí (no belga, como se certificó después), y diez cajas con 25 mil cartuchos para uso de ese tipo de armas, así como 17 armas más de alto calibre.

La PGR informó en un comunicado que La Quina ``reconoció como cierta la denuncia que formuló la Policía Judicial Federal, relacionada con la existencia de armas de alto poder en su domicilio''.

Además, según la declaración, Joaquín Hernández Galicia aceptó que dichas armas se las había encargado a su amigo José Cruz Contreras, ex alcalde de la ciudad fronteriza de Reynosa.

En un comunicado, la PGR sostenía que las armas ``fueron entregadas en su domicilio (de La Quina) por el propio Cruz Contreras, quien se hizo acompañar por José Sánchez Medina, Carlos Anselmo Raga Calderón, otro individuo al que únicamente supo que apodaban La Borrega, además del alguacil del condado de Hidalgo, Texas, de nombre Juan Abrego''.

Se agrega: ``La Quina se declaró inocente de todas las acusaciones que se le imputaron y dijo ser víctima de ``una conjura, de una maniobra infamatoria y sucia preparada por el gobernador del estado de México, Mario Ramón Beteta, y otros funcionarios del pasado y presente gobierno''. Los delitos ``son prefabricados'', dijo Hernández Galicia.

En improvisada conferencia de prensa en la rejilla de prácticas del Reclusorio Oriente de la ciudad de México, Joaquín Hernández Galicia sostuvo que entre los funcionarios que habrían participado en la ``conjura contra los petroleros'' estarían Eduardo Pesqueira Olea, secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos con Miguel de la Madrid Hurtado; Francisco Rojas Gutiérrez, director de Petróleos Mexicanos (Pemex); Enrique Alvarez del Castillo, titular de la Procuraduría General de la República en ese momento, ``pero en especial Mario Ramón Beteta, gobernador del estado de México y ex director de Pemex''.