La semana pasada se clausuró la 28 Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, la cual fue el marco para la firma de un nuevo convenio de colaboración administrativa entre el gobierno federal y las entidades federativas. En el mismo se otorgan más amplias facultades a los estados en materia de fiscalización, esto es auditoría. Ahora podrán auditar el impuesto sobre la renta, el impuesto al activo y el impuesto especial sobre producción y servicios, que antes solamente podía hacerlo la Secretaría de Hacienda, por su carácter de impuestos federales. La experiencia existente en materia de auditoría al impuesto al valor agregado, posibilita a las entidades a tener mayores ingresos, derivado de los estímulos económicos que llegan al 75 por ciento en renta y al cien por ciento en IEPS e IVA, de lo recaudado en las auditorías, a pesar de que sólo podrán auditar a los contribuyentes de régimen simplificado.

La firma de este convenio, junto con el incremento de 1.5 por ciento en el Fondo General de Participaciones, constituyen en el ámbito de la coordinación fiscal, pasos positivos en un proceso de descentralización de responsabilidades.

Desde luego que la aspiración es tener un sistema fiscal más justo y participativo, con base no sólo en la tendencia a descentralizar a los estados responsabilidades en materia de gasto público, como es el caso de la federalización de la educación, del ramo 26 y de los servicios de salud, procesos que a pesar de su importancia, son insuficientes en virtud de la presión que han significado, particularmente en educación, sobre las finanzas públicas estatales.

Es claro que cuando una autoridad inferior realiza actividades por encargo de una autoridad superior, no hablamos de un proceso de descentralización. Sin embargo, podemos pensar que se trata de una primera fase, lo que implicaría compensar a los estados el costo de la homologación salarial y los costos indirectos derivados de las nuevas responsabilidades, para los cuales no estaban preparadas las estructuras estatales. Evidentemente, estos procesos tienen en su arranque costos adicionales, sin embargo, en el mediano plazo harán más eficientes los sistemas.

Por ejemplo, hay entidades como Chihuahua, Nuevo León, Veracruz o el estado de México, que destinan más de la mitad de sus participaciones a educación básica; en cambio, hay otras que no lo hacen, en algunos casos por lo limitado de sus presupuestos históricamente, y en otros, particularmente el Distrito Federal, por su condición política.

En la reunión se habló de revisar el sistema de distribución de participaciones, en función del proyecto global del nuevo federalismo fiscal. Al respecto vale la pena mencionar que en 1990, a iniciativa de los estados, encabezados por Oaxaca, se modificó el sistema de distribución, al introducirle criterios de equidad con base en que casi la mitad de las participaciones se distribuye en función del número de habitantes, y que se introdujera un factor compensatorio en el Fondo General para aquellas entidades con participaciones per cápita inferiores. Adicionalmente, en el Fondo de Fomento Municipal se introdujo el incentivo a los incrementos en la recaudación de predial y agua, con resultados alentadores en toda la República, particularmente en aquellos estados y municipios que tenían aletargado su propio sistema fiscal.

Una forma de darle mayor equidad al sistema sería distribuyendo el total de las participaciones en función del número de habitantes, compensando con una reserva de contingencia a las entidades ``perdedoras'', eliminando al Distrito Federal del Fondo de Fomento Municipal e incorporando en una coordinación ingreso-gasto, o llamémosle hacendaria o fiscal, los criterios de descentralización del gasto público, particularmente del gasto social.

Es importante que todo avance en esta materia, tendrá que ser paulatino y acumulativo, considerando la estabilidad financiera de los tres niveles de gobierno y estableciendo ya sistemas estatales de coordinación fiscal, que consideren como elemento central a la autoridad municipal