Breve mención a los casos Colosio, Ruiz Massieu y Posadas

El segundo Informe de Gobierno del presidente Ernesto Zedillo no dedicó una sola línea al nombramiento del nuevo fiscal que investigará el homicidio de Luis Donaldo Colosio, caso que, insistió el primer mandatario, ``se llevará hasta sus últimas consecuencias, actuándose conforme a derecho contra quienes resulten responsables''.

De Raúl Salinas de Gortari, presunto autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, el informe presidencial destacó que ``sigue la sustentación del proceso penal'' en su contra, el cual se ha fortalecido con la investigación de ``los flujos y origen de los capitales a su nombre y de sus distintos sobrenombres''.

En otro orden, se dirigió al reciente cese de 737 comandantes, subcomandantes, subdelegados y agentes de la Policía Judicial Federal, y ofreció su total apoyo al procurador Antonio Lozano Gracia, quien tomó esta decisión ``en el ejercicio de sus atribuciones, en estricto apego a derecho y con pleno respeto a los derechos de los individuos cesados''.

Explicó que en el ámbito de la procuración de justicia ``ha merecido particular atención el problema de ineficiencia y descrédito de la Policía Judicial Federal''.

Para lograr la profesionalización de la corporación federal, el Presidente anunció, entre otras medidas, el incremento ``en más de tres veces del periodo de formación básica para el ingreso a la institución y el nuevo reglamento de carrera del policía judicial federal, que contiene nuevos requisitos y procedimientos de selección, formación inicial e ingreso''.

Asimismo, para la formación del Ministerio Público Federal y de los peritos, ``se reinstaló el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que se constituirá en un centro de alto nivel donde se impartirán los conocimientos más modernos en derecho penal, criminología y criminalística''.

Combate al crimen organizado

El segundo informe presidencial destacó el interés de la actual administración por garantizar la vigencia plena de un Estado de derecho y de un país de leyes. Se insistió en la necesidad de fortalecer la función pública de salvaguardar el orden y brindar seguridad a la población, toda vez que la inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad.

Con ese objetivo, el 7 de marzo se instaló el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a partir del cual se inició una serie de programas tendentes a fortalecer la procuración de justicia, como el Sistema de Información sobre Seguridad Pública, el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública, el Registro Nacional de Armamento y Equipo y el de profesionalización de los cuerpos policiacos.

Paralelamente, se ha impulsado una profunda reforma y perfeccionamiento de las leyes, a fin de proporcionar a las autoridades responsables de la procuración de justicia los instrumentos jurídicos adecuados para combatir eficazmente al crimen organizado. Esta tarea se complementa con la iniciativa de ley federal contra la delincuencia organizada, que se analizará y aprobará en el periodo de sesiones que inició ayer el Congreso de la Unión.

El informe subrayó las bondades de la nueva legislación, que se propone, entre otras metas, garantizar la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y la posibilidad de que la autoridad judicial federal decrete los términos y condiciones de su intervención y la regulación de los bienes decomisados a una persona sentenciada por delitos como delincuencia organizada.

También se prevé facultar a los jueces para negar la libertad provisional bajo caución cuando el inculpado represente un riesgo para la sociedad; la inclusión en el Código Penal Federal de actos relacionados con la producción de precursores químicos y operaciones vinculadas al lavado de dinero, y la tipificación de conductas vinculadas con el secuestro, como intermediar en las negociaciones del rescate sin el acuerdo de quienes gestionen en favor de la víctima y difundir públicamente las pretensiones o mensajes de los secuestradores.

Resultados del combate al tráfico de estupefacientes

La lucha contra el narcotráfico requiere una enorme cantidad de recursos del Estado. Como parte del Programa Nacional para el Control de las Drogas, se organizan y suman los esfuerzos de diez secretarías de Estado y de la Procuraduría General de la República (PGR), cuyo principal objetivo es ofrecer un enfoque integral para prevenir y combatir tanto la demanda como la oferta de estupefacientes.

En cuanto a la producción y tráfico de drogas, el informe presidencial precisó que la PGR destina 70 por ciento de su presupuesto anual a esta tarea, por lo que cada día se hace más indispensable la colaboración de las fuerzas armadas y de los gobiernos estatales y municipales en la destrucción de plantíos de mariguana y amapola.