Cuando luego de las sacudidas que experimentó el país a partir de mayo de 1993, distintos hechos empezaban a configurar un entorno más propicio para la construcción democrática (la preservación, a pesar de sus vicisitudes, de la paz en Chiapas; los primeros indicios de recuperación económica; el acuerdo para la reforma electoral, entre otros), la irrupción del EPR en Aguas Blancas y los ulteriores hechos que lo acreditan como una organización violenta, han traído, otra vez, desasosiego.

Anclado en el pasado, con un discurso elemental que responde a tiempos idos, con tácticas violentas que lindan con el terrorismo, sale de los sótanos del sistema político, donde, al parecer, había permanecido por muchos años, para reivindicar a la violencia como partera de la historia.

No debe haber dudas; son condenables los arrebatos de este grupo (así reivindique causas justas). Pero la condena a su virulencia debe ir acompañada de la reprobación a la otra violencia -sistemática, cotidiana, impune-, de cacicazgos regionales, y otra más: la que ha impuesto el ir y venir de gobiernos que, en unos casos, dejaron intocadas las condiciones de abandono que laceraban comunidades enteras (como es evidente en amplias zonas de la República) y, en otros, incluso las profundizaron.

Nadie ignora la existencia de prácticas y cacicazgos que sustituyeron políticas prioritarias en materia de salud, educación, comunicación, vivienda, es decir, el ejercicio de la política, por la intolerancia.

Varias preguntas se imponen: ¿qué explica la ausencia o, en el mejor de los casos, la ineficacia de acciones de política social que debieron modificar, para bien, las duras condiciones de millones de mexicanos? ¿Qué intereses han permitido y favorecido la persistencia de cacicazgos que depredan la naturaleza y arruinan al hombre? ¿Qué explica que después de más de un cuarto de siglo, dentro del cual se ubicó el boom petrolero, permanezcan en distintos puntos del país conflictos, desigualdades y carencias?

Cuando la voluntad política de gobierno y EZLN ha permitido encauzar civilmente el conflicto en Chiapas, la irrupción de grupos armados que han sembrado muerte en distintos puntos del país, trae aparejados muchos riesgos. Uno de ellos es que otros grupos inconformes que dudaban respecto a sus tácticas de lucha, decidan ``montarse'' en la ola de la violencia.

Otros riesgos están en la militarización extensiva, en la profundización de los desarreglos económicos y en la contaminación de éste con otros procesos (significativamente, las negociaciones de Larráinzar). Otro peligro mayor es el de favorecer la dependencia respecto a Estados Unidos a través de su injerencia en asuntos internos.

Son muchas las razones para privilegiar el derecho y la política. Hoy es imprescindible sumarnos a la convocatoria hecha por el Presidente de la República en su Segundo Informe de Gobierno, de impulsar los caminos de la democracia, para fortalecer la convivencia social y resolver las diferencias internas. Urge cerrar los expedientes abiertos: concretar la paz en Chiapas, seguir avanzando en la agenda de la reforma política, reorientar y fortalecer la política social para que responda eficazmente a los justos reclamos de quienes hoy no encuentran sino agobio y desesperanza.