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Intervención del diputado Oscar González Yáñez, en representación de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.
Este segundo Informe de Gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León será rendido bajo el signo de la crisis. Crisis económica, porque a pesar de que los indicadores macroeconómicos parecen anunciar el inicio de la recuperación, en verdad todavía estamos muy lejos del camino del bienestar de las familias mexicanas.
Crisis política, porque la acumulación de rezagos sociales, la desesperanza, la incertidumbre, el desempleo y la miseria han creado las condiciones propicias para un estallido de descontento social. No basta el consenso alcanzado entre los partidos políticos sobre la reforma electoral, todavía no hemos terminado de sentar las bases para una sociedad genuinamente democrática.
Para los mexicanos, 1996 ha sido peor que 1995. En realidad en estos doce meses el salario y las prestaciones sociales han continuado su caída; la inseguridad y los delitos se han incrementado en frecuencia y gravedad; el esclarecimiento de los crímenes políticos no se ha logrado, y el fantasma de la guerra sigue vivo.
En el ámbito exterior, la política del gobierno mexicano no ha alcanzado los niveles necesarios de consistencia y mantiene un bajo perfil. Podemos destacar los esfuerzos por acceder a los mercados europeos y de otras latitudes así como la oposición a la aplicación de la Ley Helms-Burton. Sin embargo, ha mostrado más firmeza en la defensa de los intereses de los grupos empresariales del país que en la de los trabajadores migratorios. Nuestro partido ratifica su solidaridad con el pueblo Cubano.
Un balance objetivo de la marcha de la nación nos ofrece un escenario que podría resumirse en una mezcla de grandes males no resueltos, con logros parciales y francos retrocesos.
Como resultado de una política económica preocupada por el manejo de las grandes variables de la economía y desentendida de las necesidades vitales de la mayoría, encontramos que el bienestar social se ha deteriorado a niveles sin precedente en nuestra historia moderna. Esta política, que debería ser el instrumento para aminorar los peores efectos de la crisis, padece la falta de recursos, de imaginación y enfrenta el ataque de las fuerzas conservadoras, que confunden los proyectos de asistencia y promoción social con populismo ramplón. El resultado es que cada día son más los millones de mexicanos arrojados a la pobreza.
En este sentido, sufrimos los efectos de la continuidad de un proyecto carente de raíces históricas y despreocupado del alivio de las condiciones de vida de las mayorías. Por ello escucharemos de nuevo que se le dirá al pueblo de México que la mejora de sus condiciones de vida tendrá que esperar varios años más.
Lo peor es que al abandono estatal de sus obligaciones sociales viene a sumarse la tendencia a privatizar la seguridad social. El ejemplo más triste y lamentable se ubica en el proceso de desmantelamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, tanto en el aspecto de la atención a la salud con la nueva Ley del IMSS, como en la aprobación de la Ley de Afores que integra los fondos de pensiones en organismos que serán administrados por un sector bancario que ha demostrado una inmensa ineptitud, sólo paralela a su voracidad, y una vocación usurera desmedida.
El Partido del Trabajo rechaza terminantemente la decisión gubernamental de vulnerar la seguridad social construida a lo largo de 50 años por el pueblo de México y sustituirla por un sistema que abandona el carácter solidario y público de la misma en favor del individualismo, la privatización y la lógica de la mayor rentabilidad financiera.
Más aún, dando muestras de una absoluta carencia de sensibilidad política, el presupuesto para la salud se redujo en 8.9 por ciento, como también fueron afectados los de educación, desarrollo social y desarrollo rural.
Por ello ha fracasado el combate a la pobreza. En estos años otros millones de mexicanos han caído por abajo de los niveles mínimo de subsistencia. Es particularmente grave que de cada cinco mexicanos recién nacidos, cuatro se inscriben en los segmentos sociales de la pobreza y la pobreza extrema.
Fuera de los altos funcionarios del gabinete económico del Presidente y de un ínfimo círculo de empresarios y financieros, no hay ningún sector de la sociedad que esté convencido de la bondad o de la viabilidad del rumbo económico actual. Catorce años de aplicación de esta política ha dado como resultado, más de 40 millones de mexicanos en la pobreza.
Aunque los últimos datos estadísticos indican un incipiente proceso de recuperación, la verdad es que las cadenas productivas continúan fracturadas, las carteras vencidas significan la ruina de millares de medianas y pequeñas empresas y el despojo del patrimonio de millares de familias mexicanas. La agricultura se ha visto afectada por la peor sequía en 50 años, pero sus efectos devastadores no son comparables con el desastre en que la ha sumido la política del gobierno. En estas condiciones, es difícil sostener que estamos a punto de alcanzar la recuperación económica y que la suerte de la mayoría de los mexicanos esté por cambiar.
Tampoco existen perspectivas de una mejoría salarial, ni siquiera a mediano plazo, como lo ha admitido el propio Presidente de la República. La razón es que la recuperación económica se apoya en el deterioro de los salarios y la explotación ilimitada de los trabajadores. La débil recuperación del empleo tampoco es alentadora.
Para hacer frente a estas carencias y desafíos se requiere un cambio de estrategia económica.
Lo que ya es insostenible es que continúe la política que ha sacrificado el salario y la seguridad social de la mayoría en aras de beneficiar a los grandes empresarios y banqueros. Mientras se destinan más de 100 mil millones de pesos para salvar de la quiebra a los bancos, se cierra el acceso a la educación superior a millares de jóvenes mexicanos. Lo absurdo de esta política se comprueba en el hecho de que si el gobierno hubiera destinado esos recursos a comprar la deuda de los acreedores ya se hubiera liquidado el problema y se hubiera alcanzado un doble resultado: por un lado, se hubiera disminuido al mínimo la cartera vencida, y por otro, se hubiera alentado la recuperación económica al restituir la capacidad de crédito.
Triste herencia del sexenio pasado ha sido la forma aberrante como se han llevado adelante las privatizaciones. El mejor ejemplo son los bancos y los consorcios carreteros. Nuestro partido se apondrá a que suceda lo mismo con las privatizaciones de ferrocarriles, puertos y satélites de telecomunicaciones. Rechazamos el intento de privatizar la petroquímica.
Otro de los grandes problemas que sufre la sociedad mexicana es la procuración de justicia. En este aspecto predomina la corrupción, la impunidad y la venta de la justicia al mejor postor. Asimismo, ante el incremento de la delincuencia común y del crimen organizado, el gobierno federal ha impulsado la participación cada vez más activa del Ejército en actividades policiacas. No obstante las reformas legales efectuadas hasta la fecha al sistema de justicia, éstas han sido insuficientes para garantizar a los ciudadanos mexicanos un verdadero estado de derecho, puesto que siguen padeciendo la inseguridad, la corrupción y la impunidad.
A pesar de las expectativas generadas con la designación de un procurador general de la República proveniente de un partido político de oposición, hasta ahora éstas no se han traducido en un mejoramiento significativo de la procuración de justicia en el ámbito federal.
No podemos aspirar a un estado social justo cuando la impunidad y la corrupción están por encima de la ley. Es por ello que deben aclararse plenamente los homicidios del cardenal Posadas Ocampo, de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu, entre otros.
En lo referente al asesinato del licenciado Colosio, la actuación de la Procuraduría General de la República ha sido decepcionante y hasta el momento ha fracasado. Así lo prueba la renuncia del fiscal especial Chapa Bezanilla. El país demanda el esclarecimiento de este crimen. Nadie puede aceptar los ínfimos resultados obtenidos. Por esa razón nuestro partido dejó de participar en la Comisión de Seguimiento del caso y no se reintegrará hasta que se reoriente la investigación. Avanzar en su resolución requiere nuevos cauces de averiguación, que retomen hipótesis no investigadas hasta el momento.
La investigación de este caso, como el de los otros magnicidios, recae en el procurador general de la República, quien debe asumir plenamente la conducción y responsabilidad de las investigaciones y sus resultados. Hace unas horas fue designado como fiscal especial para el caso Colosio el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Consideramos que el encargado directo de la investigación debe provenir de la misma Procuraduría y no involucrar a la institución encargada de vigilar los procedimientos de la misma.
La pronta solución de este caso y otros que hemos señalado deben ser punto de partida para que los mexicanos recobremos la certidumbre y confianza en nuestro sistema de justicia.
En principio el gobierno ha aceptado la necesidad de realizar una profunda reforma del Estado que permita avanzar en el establecimiento de un nuevo sistema político más democrático y justo, construyendo nuevas relaciones entre el gobierno, partidos, ciudadanos y medios de comunicación.
Un primer paso ha sido la reforma electoral recientemente aprobada por este Congreso. Para el Partido del Trabajo todavía son insuficientes los logros obtenidos en esta reforma que ni es definitiva ni completa; el reto ahora es que las próximas modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales fortalezcan y profundicen estos avances.
Señalamos lo que a nuestro juicio falta: la posibilidad de las candidaturas independientes; implantación de mecanismos democráticos como el referéndum, el plebiscito, la consulta popular; la revocación de mandato; eliminar los candados a las candidaturas comunes y a las alianzas y coaliciones entre partidos.
También exige soluciones justas a diferentes problemas que persisten en el país. La paz con justicia y dignidad en Chiapas sigue siendo una deuda del gobierno de la República con la nación entera.
En este sentido, es indispensable que los acuerdos alcanzados hasta el momento en San Andrés se traduzcan en leyes que garanticen al conjunto de la población indígena condiciones de respeto y de una vida digna.
Las condiciones de miseria y opresión prevalecientes en innumerables regiones de nuestra patria son campo fértil para el descontento y la aparición de grupos radicales, convencidos de la legitimidad de las acciones violentas. Así lo demuestra la aparición del Ejército Popular Revolucionario.
La mejor forma de desterrar este tipo de acciones es recuperar el camino de la justicia social, impulsar el desarrollo democrático, llevar a la práctica la reforma electoral y acelerar la reforma política del Estado. Es evidente que en estas condiciones existe el peligro de caer en soluciones autoritarias. El Partido del Trabajo está convencido de que el diálogo y la negociación son la vía para resolver los conflictos sociales y exige, ante esta delicada situación, el pleno respeto a los derechos humanos.
Convocamos a todos a seguir ampliando nuestras coincidencias y continuar luchando por un México mejor. Para ello el Partido del Trabajo propone:
--Iniciar de inmediato un debate sobre la política social para adoptar una orientación que beneficie al pueblo en su conjunto, mejore sus condiciones de vida, promueva el empleo, genere certidumbre y propicie el desarrollo de nuestra sociedad.
--Rectificar la política económica para respetar y alentar la iniciativa de los agentes económicos, en especial de la pequeña y mediana empresas; impulsar una política industrial activa, y desarrollar una política integral para la recuperación del campo.
--Promover una política exterior que recupere los principios históricos de soberanía y autodeterminación de los pueblos, y proteja los intereses de nuestros connacionales en el exterior.
--Acelerar la reforma del Estado para lograr un federalismo democrático, fortalecer la división de poderes, garantizar la pluralidad en los medios de comunicación y propiciar una creciente participación de los ciudadanos en la toma de decisiones fundamentales del país.
--Concretar la paz con justicia y dignidad en Chiapas, resolviendo los ancestrales problemas que marginan y oprimen a los indígenas mexicanos.
--Que el Congreso de la Unión convoque a las fuerzas insurgentes y al Ejecutivo a un diálogo que permita avanzar en la solución de los recientes acontecimientos violentos.
A pocos años de un nuevo siglo y un nuevo milenio, el pueblo de México no merece su actual destino. Es una obligación de todos construir un México mejor. El Partido del Trabajo asume la responsabilidad que le corresponde.
Intervención del coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
Pleno respeto mutuo entre poderes. No exigimos más, pero tampoco aceptaremos menos.
Como legisladores deploramos hablar en nuestra propia casa con un formato impuesto para que el Presidente no nos oiga ni nos vea.
Este formato es herencia directa del presidencialismo sin límites, convertido en un pesado lastre que impide el desarrollo de la sociedad mexicana.
Por ello, en esta ceremonia le hablamos a los ciudadanos para que conozcan la propuesta del Partido de la Revolución Democrática en busca del cambio auténtico. Lo hacemos, convencidos de que las iniciativas de ley que se requieren para lograrlo, sólo serán posibles si los legisladores interpretamos fielmente las demandas y anhelos de la mayoría de los mexicanos.
Las fracciones parlamentarias asumimos el compromiso de revisar no sólo el formato del informe, sino también examinar los problemas de fondo que permitan el fortalecimiento del Poder Legislativo y el tránsito hacia un auténtico equilibrio entre los poderes de la unión.
Bajo ninguna circunstancia aceptaremos el menoscabo de las facultades de los legisladores y el Congreso.
Hace unas semanas se aprobaron las reformas constitucionales en materia de política electoral. Es la séptima modificación que se hace a la legislación electoral desde que los neoliberales gobiernan al país, pero fue la primera que se basó en el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.
Lamentamos, empero, que en la fase final se hubiera roto el método del consenso, introduciendo dedicatorias especiales. También reprobamos que la discusión y votación no hubiera permitido diferenciar las posiciones señalando a los avances, al tiempo que se precisaran las medidas claramente insuficientes y aun los retrocesos que contiene.
Fue la reforma posible de alcanzar; no deja, sin embargo, de ser incompleta e injusta. Por ello no puede calificarse como definitiva, sobre todo porque resultó muy lejana a los anhelos populares y a las propuestas de las fuerzas democráticas que buscan avanzar en la transición del actual régimen de partido de Estado hacia un sistema democrático.
Nuestro partido presentará en este periodo ordinario de sesiones que hoy comienza, iniciativas que conduzcan a superar las insuficiencias, revertir los retrocesos y llenar las omisiones de la legislación electoral.
Valoramos en particular el paso dado para que los habitantes del Distrito Federal ejerzan el derecho a elegir sus gobernantes. Es, sin embargo, en relación al Distrito Federal donde más candados se impusieron en la reciente reforma.
Algunos han pretendido justificarlas argumentando que buscan impedir el retorno del salinismo al centro del Distrito Federal.
Otros, rechazamos con energía la falacia, porque en primer lugar el salinismo no se ha ido, y en segunda instancia, porque esta sombra del pasado siempre ha jugado varias cartas, incluso en partidos distintos.
En el ajedrez perverso de este personaje y su asesor, desde el llamado ``Jefe'', hasta el último peón del salinismo se preparan al asalto del Distrito Federal.
No será sólo con leyes y decretos con lo que podremos derrotarlos, sino apelando a la conciencia, y sobre todo a la memoria, de los ciudadanos del Distrito Federal, recordándoles que los cómplices del salinismo, son hoy sus encubridores.
Hemos vivido en carne propia el despojo que impone una elección de Estado, en la que se apabulla con todos los recursos para imponer gobernantes al margen de la voluntad ciudadana.
Consecuentemente, el Partido de la Revolución Democrática ha demandado que los presupuestos federales y estatales se diseñen anualmente conforme a prioridades sociales y productivas, pero sin relación alguna con clientelas políticas específicas y periodos electorales.
Hemos denunciado también a los gobernadores de Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas, entre otros, que pretenden aprovechar la descentralización del Ramo 26, utilizando estos recursos con propósitos electoreros mediante comités y programas paralelos a las autoridades municipales, con la intención de crear sus pronasoles estatales.
Con igual determinación, nos oponemos a que el Presidente de la República y los gobernadores, con su presencia y anuncios espectaculares, realicen campaña en favor de los candidatos del partido oficial, pues ello anula las intenciones de cualquier legislación electoral por avanzada que ésta sea.
Por esta razón nos preocupa mucho el abismo entre los dichos y los hechos del gobierno, cuando declara respetar la voluntad popular y de facto convalida al hampa electoral, al pretender apuntalar a un gobernador que compró su cargo despilfarrando 70 millones de dólares, para usurpar la voluntad libre de los ciudadanos tabasqueños.
Durante las últimas semanas se han incrementado las acciones de violencia y nuevamente se ha recurrido al Ejército, sacándolo de sus cuarteles en por lo menos siete estados de la República. Se contraviene así lo dispuesto en el artículo 129 constitucional.
Resulta preocupante la militarización. Especialmente cuando se recurre al Ejército sin entender, y menos atender, las causas que han provocado un caldo de cultivo propicio para la violencia. En particular nos preocupa este fenómeno en Guerrero e Hidalgo, donde actualmente se desarrollan procesos electorales. Sería un grave error utilizar pretextos para violar las garantías individuales y los derechos humanos, perseguir a dirigentes sociales e inhibir la participación ciudadana.
Más grave sería que el gobierno le apostara al fraude electoral, cuando se debe actuar con plena transparencia para que se revalore el camino de la política y se cierre el paso a la vía armada.
Hay que repetirlo con claridad: la única manera de enfrentar estos conflictos es abriendo los cauces democráticos y atendiendo los reclamos sociales de la gente.
Le hemos propuesto al gobierno federal que implemente un Programa Emergente de Empleo y Bienestar Social, cuyos beneficios lleguen a la mayoría de los mexicanos que se ha empobrecido, porque más falta la orden de combatir la miseria, la marginación y los rezagos sociales acumulados.
La paz, el retorno a la estabilidad y a la convivencia pacífica entre los mexicanos, sólo se va a lograr con un desarrollo social que recupere la confianza de la mayoría en nuestro propio futuro como nación y como pueblo.
Nosotros no estamos a favor de la violencia; la rechazamos también, pues la sufrimos directamente en nuestros militantes asesinados. Le hemos apostado a la democracia y a la lucha política; queremos una transición por los cauces constitucionales.
La política económica se sostiene con terquedad. No obstante que genera millones de desempleados, empuja a miles de negocios a la quiebra, hace imposible abrir una nueva empresa, impone tasas de interés desmedidas que prácticamente confiscan el patrimonio de generaciones; en fin, se ofrece bienestar y produce lo contrario.
La política económica que mantiene el gobierno ha sumido a millones de mexicanos en la desesperanza, e incluso muchos han llegado a la desesperación por hambre. Con estas políticas se están generando condiciones propicias para que se propague la violencia y se utilice la militarización y la represión para poder sostener este modelo económico.
Hemos demandado al gobierno de la República un cambio sustancial en la política económica. Nuestro país debe hacer una revisión a fondo del Acuerdo de Libre Comercio, con el fin de lograr equidad para todas las partes, y debe proceder a una renegociación de su deuda externa, a fin de liberar recursos que permitan elevar la inversión productiva y reactivar de manera firme y sostenida el crecimiento de la economía.
No está por demás recalcar que la política económica que requerimos para salir adelante debe sustentarse en un amplio consenso social.
Está agotada la política de los pactos de cúpula con representaciones espurias. Están también rebasadas las recetas impuestas desde el extranjero, que sólo atienden las necesidades de la especulación financiera.
Es hora de pactar con los mexicanos que trabajan, con los que están comprometidos en un esfuerzo productivo. Ante todo, es urgente entender que se requiere una política económica para recuperar la confianza de la mayoría de los mexicanos y para resarcir nuestra capacidad de autodeterminación.
Hay que decirlo sin ambages: la política neoliberal ha socavado nuestra soberanía a un grado tal que los lineamientos, los criterios y las orientaciones se imponen desde afuera. El cambio de esta política entreguista requiere una intensa y decidida participación y movilización de los mexicanos.
México no puede seguir sujeto a pactos internacionales que anulan el ejercicio de su soberanía, obligándolo a restructurar su economía en función de los intereses de otros.
En materia de soberanía, el Partido de la Revolución Democrática no transige. En el caso de los complejos petroquímicos donde se obtienen los básicos y en el del corredor transístmico, el PRD estará presente en todas las acciones necesarias para evitar que se consume su entrega a otros intereses que no sean los de la nación. La acción política y la movilización popular serán los instrumentos a los que recurra el PRD para evitar todo intento de desmantelar la nación y de hipotecar su presente y su futuro.
Para el Partido de la Revolución Democrática, es indispensable hacer coincidir con estos cambios en la política económica la apertura de los cauces a la plena democratización de la sociedad mexicana.
Se requieren cambios para que la sociedad pueda ejercer sus derechos; entender que la democracia es necesaria en todas las instancias de la sociedad, en los sindicatos, en las escuelas, en los ejidos, en las colonias, en los pueblos y comunidades, en los municipios, en los estados y en todo el país.
Cierto es que se impone transitar ya hacia la democracia plena en nuestras instituciones políticas, pero es aún más urgente legislar para que la democracia sea práctica común y ordinaria en nuestro quehacer cotidiano; es decir, para que la normalidad democrática no sea excepción, sino para que constituya la regla de todos los días.
Normalidad democrática donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación actúe con independencia, profesionalismo y responsabilidad, garante de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de gobierno, en particular de la impartición de justicia.
Normalidad democrática para alcanzar un presidencialismo acotado, que sea responsable de sus actos de gobierno, sin utilizar su investidura para actuar al margen o por encima de las leyes, y con mayor razón para que los ex presidentes de la República, en particular Carlos Salinas de Gortari, no gocen de impunidad sin límites por impericia o torpeza concertada.
Normalidad democrática como marco de un ejercicio responsable y equilibrado entre los poderes.
Pero sobre todo, normalidad democrática para que en un país de leyes y un gobierno sujeto a leyes, los mexicanos podamos desplegar todas nuestras capacidades y ejercer plenamente nuestros derechos.
Será ésta la única forma de recuperar la confianza en nosotros mismos y en el futuro de nuestro país.
Es nuestra propuesta. La propuesta del Partido de la Revolución Democrática al pueblo de México.
Una propuesta para hacer del futuro, un horizonte posible para todos los mexicanos.
Democracia ya, patria para todos.
Discurso pronunciado por el senador Gabriel Jiménez Remus, en representación de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.
Señor presidente del Congreso;
Señoras y señores diputados;
Señoras y señores senadores:
En esta intervención, en la que corresponde fijar la posición que por mi conducto hacen los legisladores de los grupos parlamentarios de Acción Nacional en el Congreso, en relación con el informe que el día de hoy rendirá ante la nación el Presidente de la República, dejaré de referirme a muchos aspectos de la realidad nacional, no por omisión, sino porque las carencias presentes de la población mexicana hacen que la pobreza sea el tema central, prioritario, que exige la atención también central y prioritaria del Ejecutivo y de la Asamblea que tiene representación nacional. En el análisis que los legisladores hagamos en la glosa del informe que habrá de rendirse, dejaremos establecidos nuestros puntos de vista sobre los temas que indudablemente tocará el Ejecutivo federal en su mensaje a la nación.
El segundo Informe del Ejecutivo federal que se da a la nación ante esta Soberanía por mandato constitucional, se produce inmerso en una de las más agudas crisis económicas y sociales sufridas por el país en el último medio siglo, y para colmo, con una eventual crisis política en puerta generada por el inusitado e inaceptable despertar de la violencia política.
Con datos que a nivel macroeconómico parecen ser alentadores: el incremento en las exportaciones, el superávit en balanza de pagos, la relativa estabilidad en la paridad cambiaria y en las tasas de interés, el control relativo de la deuda externa, el repunte económico con datos positivos mayores a 95 que aparenta superar la gravedad de diciembre de 94, pero con su contrapartida que impacta a la micro y a la mediana empresas, a los trabajadores y campesinos de México, a las clases débiles del país, pues para ellos, el panorama es distinto y desesperanzador; el casi nulo poder adquisitivo del salario; el desempleo de millones de mexicanos, al que no alcanzan a atenuar las cifras que constituyen el pequeño repunte en este renglón, proporcionadas por el Seguro Social; la falta de productividad en el campo que cuando la hay se anula por las gravísimas deficiencias en planeación y comercialización; la educación, que recibe 4 por ciento del PIB, frente a 5 que recibe la banca y 28 que recibe el servicio de la deuda externa; los jóvenes estudiantes mexicanos que se sienten sin acceso a la educación que requieren, como instrumento casi único de movilidad social; la juventud mexicana que habiendo concluido sus estudios universitarios, con carreras profesionales terminadas, se enfrenta al panorama desolador de la falta de empleo y de oportunidades, no ya para desarrollar su vocación, sino ni siquiera para subsistir; las carencias brutales de la seguridad social, casi en la misma proporción que la detección de sus fraudes; la falta de paz que conlleva la injusticia, que se traduce finalmente en la falta de estabilidad necesaria para atraer la inversión y lograr cuando menos el primer paso en el largo camino hacia la justicia, esto es, el empleo.
Todo ello, es el entorno en que se produce este segundo Informe presidencial que, por mandato de la República y de su régimen de derecho, rinde el titular del Ejecutivo al pueblo de México.
Navegamos, y todo hace parecer que inexorablemente, hacia una depauperización de los mexicanos. En estos momentos, aquí y ahora, parece que se niega estructuralmente el cumplimiento del deber moral que todo gobierno tiene para con sus gobernados. O dicho en otras palabras: un gobierno democrático que se precie de serlo tiene la responsabilidad permanente, sustancial, irrenunciable, de crear las condiciones --objetivas y verificables-- para promover niveles mínimos de bienestar social, que son los mínimos exigibles a un gobierno democrático. Este gobierno --parece-- que por momentos, intermitentemente, renuncia a ese deber moral de velar escrupulosamente por el bienestar de todos los mexicanos.
Con rectitud de intención, con buena voluntad, no podemos en serio renunciar a la consideración valorativa de las coyunturas internacionales. Pero en esto se abusa y se abusa muy claramente. Se habla siempre de la responsabilidad exterior, ahora en un mundo globalizado, pero nunca, jamás, en ningún momento se acepta la responsabilidad interior. Este régimen, en el sentido al que me estoy refiriendo, es producto, aunque se niegue, de regímenes anteriores y tiene parte de la responsabilidad de todos ellos, y esto en México no se dice. Se quiera o no se quiera, se acepte o no se acepte, este gobierno es producto, es consecuencia, es resultado del régimen anterior que privilegió los resultados macroeconómicos con el sacrificio del bienestar del pueblo de México.
Prefirió satisfacer el gusto internacional a costa de los dramáticos reclamos de la supervivencia de los mexicanos. Satisfacer los requerimientos de ajustes económicos con receta, en papel pautado, trajo como consecuencia la primacía de los estándares internacionales de homologación económica sobre necesidades vitales de los mexicanos como el techo, el vestido, el sustento, la mínima educación, la subsistencia, en fin, los mínimos indispensables para que el hombre pueda, conforme a su dignidad y destino que rebasan la acción del Estado, realizarse en plenitud conforme a su altísima dignidad.
Es decir, el gobierno prefirió aprobar la calificación del Banco Mundial, que aprobar en opinión de los mexicanos; prefirió que padeciéramos y sufriéramos las gráficas de estándares internacionales a costa del llanto de los padres que no pueden dar a sus hijos alimento y condiciones mínimas de desarrollo integral.
La debilidad y fragilidad de nuestra economía, las condiciones también de fragilidad de nuestra estabilidad política y social, pueden llevar a la toma, por parte del Ejecutivo, de decisiones populistas y demagógicas, con intención evidente de clientelismo electoral. Ya tuvimos durante todo un sexenio el programa estrella que llevó recursos a millones de pobres, los recursos del Pronasol, recursos entregados curiosamente con mayor intensidad, cuantía y con despliegue de propaganda en periodos electorales. No resolvieron ni han resuelto uno solo de los problemas que confronta el pueblo de México. No sacaron de su pobreza ancestral ni a los indígenas ni a los campesinos ni a los trabajadores ni a los habitantes de las colonias que constituyen los cinturones de miseria de nuestras ciudades, y cuyo llanto impotente sigue siendo reclamo permanente y fuente de inestabilidad social.
Esto es en concreto, y en cualquier lectura política honesta, una deuda social acumulada a cargo de los gobiernos de México; de éste y de los anteriores. Por un elemental deber de honestidad, el Ejecutivo no puede ni debe disimular, simular, evadir o esquivar este punto. En este Informe deberá el Presidente de la República, en un contexto de auténtica responsabilidad democrática, inédita por otro lado, y que entusiasmaría a los mexicanos, a los gobernados, aceptar que la acción del gobierno no ha podido ser, como debería, una acción vital, insustituible e impostergable de mantener a los mexicanos en niveles mínimos de bienestar social.
No basta, como en el pasado inmediato, pedir perdón, como se hizo en 82 en una de las tantas crisis endémicas que ya padecemos. El perdón se acepta siempre y cuando exista el propósito evidente de rectificar. Lamentablemente el propósito de enmienda, desde que se pidió perdón, no existió ni existe, y no olvidemos, señores legisladores, que tenemos el mismo partido en el poder. Ahora, en serio, con energía Republicana, a voz en cuello, con ``furia de buzo ciego'', los mexicanos no aceptamos ni aceptaremos otra vez que la política social del presidente Zedillo se base en sustituciones de obligaciones a cargo del gobierno por medidas burdas, evidentes, equivocadas en las funciones de un gobierno democrático que confunde la dádiva con la justicia.
No podemos soslayar el hecho inédito, benéfico para el país y para su desarrollo democrático, de que Estado y oposición hayan establecido los consensos necesarios para que se diera el primer paso en la reforma del Estado. Estos consensos deben continuar, teniendo como coincidencia de todos el bien de México. No se puede desvincular, sin que se padezcan las consecuencias que el pueblo todo sufre, la política de la economía ni la política de la ética. Sostenemos que no basta con la legislación. Es necesario que la legislación electoral, como parte del derecho, rija con la vigencia del estado de derecho. De nada sirven los mecanismos que en la ley se establecen para regular financiamiento si no se cuenta con instrumentos concretos y prácticas en la realidad, que permitan conocer con transparencia para todos las finanzas internas de los partidos, incluyendo el que represento, pero en correspondencia, con transparencia para el pueblo de México, las del partido al que pertenece la mayoría de los legisladores en este Congreso; sus fuentes de financiamiento; sus gastos en los medios masivos de comunicación; que se justifique el origen, hasta el último peso, gastado en campañas locales como las de Tabasco, Nayarit o Puebla, o cualquier entidad de la República o en campañas federales. Si se gastó o no en forma inequitativa, y si no es así, que con documentos se demuestre al pueblo de México la equidad en la competencia electoral. Que las reformas constitucionales, que son apenas el germen del primer paso en la reforma del Estado, se concreten en la legislación secundaria que se pondrá a consideración del Congreso en los próximos meses. Tendremos en el futuro inmediato elecciones en los estados de México, Coahuila, Guerrero e Hidalgo. Son un reto para el gobierno y su partido, pues demostrarán que el propósito del Estado mexicano, expresado en estos primeros consensos, se concreta en la práctica con conductas que revelen que no tiene un doble lenguaje para tener elecciones competidas, no debatidas. Con la vigencia del estado de derecho en materia electoral, el gobierno de la República tendrá solvencia moral para exigir respeto al derecho en los demás ámbitos de la vida nacional. La política, la economía, la justicia, la vigencia del estado de derecho siguen siendo factores que determinan la estabilidad del país, pues la paz sólo se entiende como fruto de la justicia, pues ésta se da cuando se tiene una patria donde el consenso de la población se apoya en torno de autoridades legítimas, cuyo compromiso es la salud entendida como estado de bienestar del pueblo de México.
México vive aún los efectos de una política económica equivocada e irresponsable, que en 1994 subordinó la economía del país a los intereses electorales del gobierno y de su partido. Ante un cambio súbito en las condiciones del país, motivado por el levantamiento armado en Chiapas y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el gobierno de México estaba obligado a tomar medidas tendentes a evitar una catástrofe económica ocasionada por el creciente déficit externo y la fuga de capitales registrada en aquel año.
Cuando el Partido Acción Nacional, por conducto de su candidato presidencial, expresó la necesidad de acelerar en aquel momento la depreciación de la moneda nacional frente al dólar y mantener disciplina en el gasto nacional. Contrario a estas medidas de elemental prudencia en el ámbito de la política económica, el gobierno tomó exactamente las decisiones contrarias en orden a evitar un deterioro electoral en aquel año.
Así, en lugar de aumentar la depreciación diaria del peso, la política cambiaria fue mantenida tercamente, y la enorme demanda de divisas que se presentó en el mercado mexicano fue atendida con el recurso artificial de la emisión de deuda gubernamental, denominada en dólares a través de los llamados tesobonos, que aumentaron su emisión en más de un mil por ciento en aquel año.
Y, por otra parte, en lugar de observar un comportamiento que redujera la demanda agregada, que hubiese generado probablemente una pequeña reducción en el ritmo de crecimiento de la economía pero hubiese permitido reducir el déficit externo, el gobierno decidió, por razones de conveniencia electoral, estimular artificial y peligrosamente la economía del periodo electoral, quintuplicando el crédito interno con apoyo gubernamental, particularmente a través de Nacional Financiera, Banco de Comercio Exterior y el resto de la denominada ``banca de desarrollo''. El resultado, una economía que salvó para el partido gobernante las elecciones, pero que fue incapaz de soportar de manera permanente el creciente déficit externo y la fuga de capitales.
En lo político se salvó, quizá por última vez, el partido gobernante. Pero en lo económico, la irresponsable utilización en aquel año de las variables económicas, aunada al torpe manejo de la consecuente e inevitable decisión devaluatoria de diciembre, generaron para el país la peor crisis económica que haya registrado nuestra nación desde la Revolución mexicana.
Hoy se nos anuncia que existen síntomas positivos en algunas de las variables macroeconómicas. Sin embargo, las cifras de recuperación que hoy presenta el gobierno están referidas al segundo trimestre. Bajo esta perspectiva, 7.2 por ciento de recuperación que ahora se anuncia palidece y aún está lejos de la caída que registró entonces la economía, y que fue de 10.6 por ciento. La pretendida recuperación tiene entonces un componente más aritmético que real, y comparada con la recesión sin precedente observada el año pasado, no puede en el periodo de observación completo considerarse una verdadera recuperación. En todo caso hay que decir que, probablemente, no pudo ser peor la caída económica y que de la misma forma era poco probable que después de semejante caída no se hubiese registrado un repunte.
En términos reales, la economía aún no se recupera, pues aún no alcanza siquiera el nivel que tuvo hacia 1994, y los índices de producción nacional y empleo aún presentan un saldo deficitario en esta administración.
Por otra parte, la economía presenta un comportamiento desigual. Las cifras positivas están sesgadas hacia el sector exportador, que no configura ni la tercera parte de la economía, mientras que una buena parte del mercado interno, fundamentalmente la construcción, el comercio y los servicios, que son fuertes empleadores de mano de obra, continúan sin dar signos de recuperación e incluso otros sectores, como la industria editorial, continúan en franca caída.
Es en el mercado interno donde la planta productiva del país continúa atrapada por la deuda con la banca y asediada por la política fiscal del gobierno, preocupada más ésta por cobrarle a los productores los errores económicos del gobierno que en velar por un sano y equilibrado crecimiento de la economía.
Y aun así, pese a la voracidad de la política recaudatoria, o tal vez debido a ella, la recaudación fundamental se ha reducido en casi un 12 por ciento.
En adición, el grueso de las medidas económicas ha traído como costo el sacrificio del salario real, el deterioro del poder de compra de las familias y el aumento de los impuestos a todos los consumidores, particularmente con el inclemente aumento al impuesto al valor agregado en un 50 por ciento, aprobado por el gobierno y su partido.
En resumen, la recuperación puede estar en algunas cifras macroeconómicas, obtenidas a costa de reducir salarios, elevar impuestos y generar desempleo, pero no ha llegado de manera alguna a los bolsillos de los consumidores, a la bolsa del mandado de las amas de casa ni se ha reflejado en ``bienestar para la familia''.
Y todo este marco económico no sólo se ha obtenido a ese costo, probablemente ése no sea el más importante. Lo peor no ha sido la insuficiencia, el costo o el desequilibrio del crecimiento, sino que no sólo no ha corregido, sino que ha ahondado las inadmisibles desigualdades entre los mexicanos.
Hoy, la patria nuestra se encuentra sacudida por la violencia; su golpe criminal se ha dejado sentir precisamente en los estados y regiones donde la marginación y la miseria mantienen a la mayoría de los mexicanos en condiciones infrahumanas de vida; en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Puebla...
Tales enormes desigualdades, razones históricas aparte, obedecen también sin duda alguna al asfixiante centralismo que el modelo impulsado por los gobiernos priístas ha impuesto al país. Se olvida que la pobreza extrema es campo más que propicio para la desesperación. Y se omite, que el ingreso per cápita en el estado de Oaxaca es cinco veces menor al ingreso promedio de la ciudad de México, por dar un ejemplo.
Frente a ello, el gobierno insiste en mantener el centralismo y su política social se limita a extender paliativos temporales que no aportan soluciones de fondo al problema de la miseria. Las instancias federales duplican inútilmente a las estatales y municipales. Los recursos se otorgan a cuentagotas, y los anuncios reiterados de descentralización no modifican sino en décimas la terrible injusticia de la distribución del ingreso fiscal nacional; de cada impuesto recaudado en México, 80 centavos lo ejerce la burocracia central, 16 centavos los gobiernos estatales y sólo 4 centavos los municipios.
Y son los municipios, célula básica de la nación, ínsulas de miseria incapaces de proporcionar a sus moradores una base mínima de bienestar en servicios públicos, en agua, drenaje, alcantarillado, luz eléctrica, pavimentación, escuelas, clínicas, caminos.... Son incapaces de hacerlo puesto que, frente a tan lacerante miseria, el gobierno reitera una y otra vez los anuncios espectaculares de programas públicos orientados sólo a tranquilizar parcialmente y a manipular políticamente el hambre y la miseria del pueblo de México.
Ya no podemos aceptar los mexicanos la suplantación del cumplimiento de un deber moral de hacer justicia, por ofrecimiento o por aplicación de medidas improvisadas, marginales, demagógicas, electoreras, que no arreglan las condiciones de pobreza, que no alejan las tentaciones de violencia como expresión desesperada de sobrevivencia. Los mexicanos, hoy mismo, exigimos del Ejecutivo federal, rectificaciones honestas, republicanas, democráticas, que logren fincar reales esperanzas de bienestar para esta generación de mexicanos. Mi partido, México entero puede estar seguro, no regateará ninguna acción verificable que se intente para modificar el estado de cosas en que hemos venido a parar, aun cuando se trate de un gobierno de partido distinto al nuestro, porque somos oposición responsable que primamos el bien de México y el de los mexicanos, con independencia de si estamos en el poder o no.
Esperamos confiados un informe objetivo, real, desprovisto de cifras, situaciones y circunstancias engañosas; pero, sobre todo, un mensaje de rectificaciones honestas, afrontando todos los riesgos que éstas traen consigo, con decisión emanada de la libre voluntad del Ejecutivo federal.
Nada más.
Intervención del diputado Oscar Villalobos Chávez, en representación de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
Honorable Congreso de la Unión;
Señoras y señores:
Hemos escuchado con atención y respeto lo expresado por los representantes de las fracciones parlamentarias que integramos este Congreso. Aunque diferimos en parte de los conceptos y en algunas de las evaluaciones que aquí se han hecho, lo verdaderamente significativo es que nos identifica el propósito común de construir un México más fuerte y más justo.
En nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, hago uso de la palabra para manifestar nuestros puntos de vista sobre asuntos públicos que hoy ocupan nuestra atención, al iniciarse este periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.
Frente a las difíciles circunstancias en que nos hemos desenvuelto los mexicanos en los años recientes, los priístas actuamos como partido y como fracción parlamentaria, con la decisión y con la cohesión que demandan las circunstancias del país y con el afán de analizar, debatir y procurar los consensos que fortalezcan a México.
La ciudadanía exige que todos los legisladores actuemos con responsabilidad clara y con voluntad firme para contribuir a alcanzar un desarrollo económico, social y político integral, armónico y equitativo.
En esa responsabilidad, los priístas conocemos cuál es nuestra tarea y estamos resueltos a cumplirla a cabalidad.
Por eso, hemos promovido y participamos en la reforma del Estado, impulsada con el acuerdo de las principales fuerzas políticas del país. En el diálogo con el Poder Ejecutivo, con los legisladores federales y estatales, como Constituyente Permanente contribuimos a forjar el consenso que ahora sustenta una nueva normatividad constitucional en materia político-electoral.
Actuamos con la convicción de que en la equidad, la legalidad y el debate de ideas y proyectos para México habremos de encontrar las respuestas y las propuestas que hoy demandan los ciudadanos.
La reforma es ya un paso firme, pero de ningún modo ha concluido. Los priístas tenemos el compromiso de que a través del diálogo, los argumentos fundados y el acuerdo plural habremos de dar los pasos inmediatos para lograr un avance definitivo hacia una democracia plena.
Esta es la vía que proponemos. Esta es la vía que reconocemos. Esta es la vía que siempre defenderemos.
Por ello, porque creemos en el diálogo plural, incluyente y razonado, rechazamos la violencia y el terrorismo.
Los priístas proclamamos que México no merece la violencia. México merece paz y unión para superar sus problemas.
México merece tranquilidad y claridad de propósitos para edificar las oportunidades que nuestros hombres y mujeres necesitan.
México merece el esfuerzo y el esmero de todos para construir una nación de bienestar y justicia, y eso sólo se logra aprovechando y ensanchando los cauces que ofrecen nuestras leyes y nuestra vida institucional.
Las fuerzas políticas aquí representadas somos capaces de crear consensos suficientes para que nuestra sociedad avance hacia otra más competitiva y más democrática, en una atmósfera de confianza. Somos parte de una sociedad tan reflexiva y madura, como crítica y exigente.
Existe hoy un mayor equilibrio y respeto entre los poderes; legislamos para darles más autonomía; para combatir con la ley corrupción y desviaciones; para adecuar, en la corresponsabilidad, el marco normativo a una realidad dinámica, cambiante y compleja.
En las relaciones entre poderes y niveles de gobierno, de ellos con la sociedad y entre sí, el respeto a la ley garantiza libertades, derechos humanos y desarrollo.
Los legisladores federales miembros del Partido Revolucionario Institucional hemos debatido y actuado conscientes del compromiso de hacer leyes para el bien y la prosperidad de la nación, convencidos de que los ordenamientos legales que debatimos y aprobamos son el camino adecuado para el bienestar de los mexicanos. Este es el fundamento de nuestro diálogo permanente y de nuestra proximidad con la ciudadanía.
Este también es el fundamento del debate siempre respetuoso con el que procuramos consensos con los otros partidos y fracciones parlamentarias.
Emitimos nuestro voto de apoyo a las iniciativas de ley en materia económica, con absoluta responsabilidad y convicción de que ellas sustentan bases más sólidas para avanzar a un crecimiento sostenido y más justo.
Hoy, ya se aprecian los primeros avances. Avances significativos que van comprobando que actuamos con responsabilidad y acierto. Se ha logrado el inicio de la recuperación de la producción y el empleo. Comienza a ceder la inflación. Se han comenzado a estabilizar el tipo de cambio de nuestra moneda y las tasas de interés. Se han continuado desplegando programas sociales para apoyar a quienes menos tienen y para auxiliar a quienes más han resentido los efectos de la crisis en sus hogares y en sus empresas.
Sin embargo, los priístas estamos conscientes de que no son resultados de corto plazo lo que México necesita. Nuestro país y nuestra población anhelan y exigen un porvenir de certidumbre, de esperanza fundada, de crecimiento sostenido y prosperidad compartida. Por eso, los legisladores del PRI miraremos y actuaremos para el futuro de los mexicanos.
El día de hoy, los priístas escucharemos con atención el mensaje que pronunciará el titular del Ejecutivo Federal al presentar su segundo informe sobre el estado general que guarda la administración pública del país.
Además, examinaremos con cuidado el contenido del correspondiente informe escrito.
Lo haremos, por encima de todo, con patriotismo y objetividad. Lo haremos con el afán de procurar mejores soluciones a los requerimientos de hoy y a los desafíos del mañana. Lo haremos con la convicción de que el país tiene el rumbo, el liderazgo y la decisión para salir adelante, y para sentar los cimientos del progreso, la democracia y la justicia social que merece el México del siglo XXI.
La composición heterogénea del Partido Revolucionario Institucional nos permite, como organización política, entender y ofrecer soluciones propias de la compleja realidad nacional.
Por eso actuamos en un marco de pluralismo político que articula, en la unidad, a nuestra sociedad democrática.
El camino que nos hemos trazado es para que avancemos juntos en crear una atmósfera de confianza y credibilidad, resultado del análisis y la reflexión, dejando atrás toda conducta de intolerancia política.
Del avance democrático los mexicanos exigimos eficacia para cumplir con sus propósitos superiores, para enriquecer el diálogo nacional y llevarlo a propuestas que se traduzcan en beneficios concretos para todos.
El grupo parlamentario del PRI está convencido de que el desarrollo del país debe discurrir por vías democráticas y consensuales; hemos actuado en consecuencia al legislar. Para nosotros, los priístas, no existe confusión alguna entre consenso que concilia voluntades y unanimidad que las oculta.
Como partido y como fracción parlamentaria no renunciaremos a la convicción política de ser fieles a nuestros programas de reivindicación social y combate a la desigualdad. Son compromisos históricos y sabremos luchar por ellos en el pluralismo, con apertura a la diversidad de propuestas y con decisión ante la circunstancia.
Hemos contribuido a construir el consenso porque somos un partido heterogéneo, nutrido por la energía de los mexicanos, con visión de nuestra historia y de nuestros amplios horizontes; porque tenemos el compromiso superior ante la Nación de tomar decisiones con responsabilidad de gobierno.
Los priístas tenemos una profunda fe en los hombres y las mujeres de nuestro país. Por eso llamamos a todos a dar lo mejor de cada uno de nosotros por México, para México y en bien de México.