En Chiapas, salida mediante diálogo y atención a la miseria

La política social del gobierno federal ``se ha propuesto'' superar las condiciones de pobreza extrema en que viven millones de mexicanos, tanto del medio rural como del urbano.

Para ello se realizan acciones coordinadas con el fin de incrementar las capacidades individuales y colectivas en tres ejes: salud, alimentación y educación.

En cuanto a la asistencia alimentaria, se han fijado tres objetivos centrales: combatir y reducir los índices de desnutrición de grupos vulnerables de zonas índígenas, campesinas y urbanas marginadas; convertir los apoyos alimentarios en instrumentos efectivos para el combate a la desnutrición y sumar esfuerzos de las diversas dependencias del gobierno federal.

Entre las principales estrategias de política de superación de la pobreza extrema está la descentralización, mediante la cual se aplicarán los programas en forma coordinada con los estados y municipios.

A partir de 1996 el Fondo de Desarrollo Municipal, manejado por los gobiernos municipales, dispuso de 65 por ciento de los recursos del ramo 26.

En los anexos del Informe de Gobierno del presidente Ernesto Zedillo se explica que la finalidad es garantizar mayor transparencia y equidad en la descentralización del gasto y dar prioridad a quienes están en pobreza extrema.

El fondo se distirbuyó con base en los rezagos en servicios básicos y en la insuficiencia de ingresos.

Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Guerrero son los estados donde se presentan los índices de pobreza más altos y a ellos correspondió la mayor asignación de recursos, ya que concentran el 34 por ciento del fondo.

Las modificaciones a la Ley del Seguro Social y la descentralización de los servicios de salud implicarán gastos adicionales de gran magnitud para el gobierno federal. Sólo en 1997 se estima erogar alrededor de 1.07 por ciento del PIB, unos 24 mil millones de pesos, precisa el segundo Informe de Gobierno.

Una parte importante de esos gastos será para sustentar el nuevo sistema de pensiones --mediante el cual los ahorros de los trabajadores serán administrados por empresas privadas, las Afores-- y para la transferencia de 103 mil sindicalizados de la Secretaría de Salud a los gobiernos de los estados.

En el capítulo correspondiente a Desarrollo Social, el informe destaca que se elevó el número de derechohabientes tanto del IMSS como del ISSSTE, sobre todo en lo que se refiere a pensionados y sus familias.

En general, la población usuaria de los servicios de salud se incrementó 2.4 por ciento en relación con el año anterior, al llegar a 63.2 millones de mexicanos. De esta cifra, 94.1 por ciento fueron atendidos en cuatro instituciones públicas: 24.4 millones el IMSS; 18.3 millones la Ssa; 10.8 millones el IMSS-Solidaridad y seis millones el ISSSTE.

Durante los últimos 12 meses, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró un aumento de cinco por ciento en su población derechohabiente, que pasó de agosto de 1995 a agosto de 1996 de 33 millones 833 mil 681 a 35 millones 508 mil 775. ``Esto es un millón 675 mil 94 derechohabientes más''.

Asimismo, en el IMSS hay un millón 590 mil 270 pensionados, seis por ciento más que en el periodo anterior, y en cuya atención el instituto erogó 11 mil 972 millones de pesos. Ese monto representa un incremento de 36.5 por ciento y ``es consecuencia del crecimiento natural y de los aumentos autorizados a las pensiones''.

Por lo que se refiere al ISSSTE, se estima que al finalizar 1996 dará servicio a 9.4 millones de personas. El instituto incrementó 5.6 el número de pensionados y 32.7 por ciento el pago de pensiones. Adicionalmente, atendió 11 mil 297 pensiones de riesgo de trabajo, para lo cual erogó 164 millones de pesos.

El informe también destacó la creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, cuya misión es contribuir a resolver conflictos entre usuarios y prestadores de servicios de salud.

``En el primer mes de operación de esta comisión se atendieron 424 inconformidades, 230 de las cuales se resolvieron en forma inmediata, sin llegar a constituirse en quejas. En 17 por ciento de los casos se logró conciliar los intereses de los usuarios y de los prestadores de servicios, sin recurrir al procedimiento de arbitraje''.