La reforma electoral, inicio de una época, no fin del camino

Sin democracia se carece del sustento de ``una estabilidad política legítima'', plantea el informe presidencial en el capítulo correspondiente a Desarrollo Democrático.

El desarrollo democrático con el cual se ha comprometido esta administración, agrega el documento, implica no sólo reglas, procesos e instancias, sino también ``conductas que asuman y ejerzan responsablemente deberes y derechos'' tanto el gobierno como los actores políticos y los ciudadanos.

Se asegura que el gobierno ha actuado con apego a derecho, que ha acudido siempre al diálogo y que en la reforma del Estado se han considerado todas las opiniones y todas las instancias.

La `mejor garantía contra el autoritarismo, añade, es asegurar la existencia de un equilibrio real entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Tal equilibrio es motivo de la reforma política del Estado. Con el Ejecutivo ``se desarrolla un diálogo abierto'' sobre el ejercicio de las responsabilidades ejecutivas y sobre las tareas de deliberación política, control y fiscalización que le corresponden al Congreso.

La ``notoria supervisión'' que realiza ahora la Cámara de Diputados es, dice, ejemplo de esa búsqueda de equilibrios.

Con el Poder Judicial existen ya vínculos de respeto a sus atribuciones jurisdiccionales y de atención a sus requerimientos presupuestales, indica.

Se recuerda que el Ejecutivo promovió desde el comienzo de su gestión la ``democratización integral de la nación'', cuyos objetivos han sido precisamente el equilibrio de poderes, revitalizar el federalismo, elaborar una legislación electoral promotora de lo que se ha denominado ``normalidad democrática definitiva'', así como impulsar ``una vigorosa participación ciudadana'' en asuntos públicos.

En particular, se destaca que la reforma electoral aprobada en el Congreso este año incluye cambios en las normas sobre la integración de los órganos legislativos y se fija como requisito que los partidos obtengan al menos dos por ciento de la votación total para que puedan acceder a la representación proporcional.

Subraya que ahora se acota a 300 curules el límite para un solo partido; además, ``se establece el principio de que la diferencia máxima entre los porcentajes de sufragios y de curules no podrá ser superior a ocho puntos'' (con 50 por ciento de los votos, el PRI tenía 65 por ciento de las curules).

Destaca que, además de los dos senadores por mayoría y uno de la primera minoría que tendrá cada estado, se agregan otros 32 senadores que serán electos por el principio de representación proporciona. El Senado se renovará totalmente cada seis años, a partir del 2000, por lo que los 32 senadores electos en 1997 solamente durarán en su cargo dos años y 10 meses.

En cuanto a los debatidos principios de equidad, constitucionalidad y justicia electorales, el informe presidencial subraya que la autoridad electoral ``determinará el gasto de los partidos atendiendo elementos objetivos y transparentes de cálculo'': treinta por ciento de los recursos se distribuirá de manera equitativa y 70 por ciento de acuerdo a la fuerza electoral.

Por lo que respecta a constitucionalidad, se detalla que los cambios aprobados por los partidos permiten al Poder Judicial Federal resolver controversias y atender impugnaciones de los partidos incluso cuando sean de procedencia local. La Cámara de Diputados, se recuerda, ya no calificará la elección presidencial. El Tribunal Electoral desahogará recursos interpuestos por ciudadanos y partidos.

Además, indica el informe, la designación de los magistrados del Tribunal Electoral estará a cargo del Senado, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia.

Entre los principales cambios en materia de cultura política se menciona que, a partir del acuerdo entre los partidos, ``se eleva a nivel constitucional el principio de la afiliación individual a los partidos políticos''.

La Presidencia de la República ``reconoce la madurez con la que los partidos han concurrido al propósito de mejorar nuestras instituciones electorales''. Se mencionan la Ley de Participación Ciudadana, que fue actualizada; el Convenio de Apoyo y Colaboración entre el Instituto Federal Electoral y el Departamento del Distrito Federal, la actualización y depuración de los padrones, cuya consistencia es de ``95 por ciento'' y el otorgamiento de 470 millones de pesos en 1995 y 1996 para las llamadas prerrogativas a partidos politicos.

Esas y otras acciones, dice, han contribuído al clima ``de respeto, equidad y tolerancia'' que se pretende consolidar en el próximo año.