Democracia, no terrorismo, la vía al poder: Zedillo

Oscar Camacho Guzmán En México el poder político se disputa con las reglas de la democracia y no con la irracionalidad del terrorismo, afirmó ayer el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, al advertir que su gobierno utilizará ``toda la fuerza del Estado'' para combatir las ``intentonas cruentas y caducas que pretenden cerrar el paso a la democracia e imponer su voluntad intolerante a los demás''.

El primer mandatario expresó lo anterior al rendir ante el Congreso de la Unión su segundo Informe de Gobierno, el cual fue considerado por la oposición como un ``típico ejemplo de no-informe'', por su ``tono genérico'' y sus ``grandes omisiones'' sobre los problemas que más preocupan al país.

Protesta de Marco Rascón, durante la exposición del
II Informe de Gobierno en el Congreso de la Unión.
Foto: Duilio Rodríguez

El texto del Ejecutivo federal constó de 32 cuartillas y, en él, Ernesto Zedillo reconoció por primera vez que la reforma electoral aprobada en julio ``no marca el fin del camino, sino apenas el inicio de una nueva época'' en la vida democrática; convocó a las fuerzas políticas para que en 1997 haya elecciones claras, tranquilas y justas; y se comprometió a mantener el diálogo para resolver el conflicto en Chiapas.

Ante mil 685 asistentes al Palacio Legislativo de San Lázaro, el Presidente de la República reconoció que la emergencia económica ha provocado ``un severo daño en los niveles de vida de la población'', y que los mexicanos no deben esperar que los daños causados por la crisis puedan repararse de inmediato.

No obstante, el primer mandatario advirtió que su gobierno mantendrá el mismo programa económico durante los próximos meses, con objeto de que en 1997 el producto interno bruto (PIB) crezca al menos 4 por ciento y se favorezca una reducción adicional en la inflación y en las tasas de interés.

Hizo un llamado a la unidad de los mexicanos para evitar que ``la amenaza de la violencia signifique un obstáculo para el avance'' del país, y expresó su compromiso de profundizar en la eficacia del aparato para la procuración e impartición de justicia, porque los mexicanos, dijo, queremos vivir en un país sin ``privilegios, impunidades, excepciones, abusos ni corrupción''.

Ausentes en el informe presidencial estuvieron las referencias a casos como los de Tabasco, Guerrero, Conasupo, Colosio, Posadas, Ruiz Massieu, entre otros, en tanto que sobre el EPR hizo referencia indirecta, pero sin señalarlo por su nombre o siglas.

De los casos Colosio, Ruiz Massieu o Posadas, Ernesto Zedillo se refirió a ellos sólo como los ``homicidios que han conmocionado nuestra vida pública'', y dijo que las investigaciones respectivas deberán conducirse con ``apego a la ley, libertad de criterio y sin reparar en sensacionalismos ni en presiones o intereses ajenos a la justicia''.

El Presidente de la República dividió en tres grandes apartados los temas generales de su segundo Informe de Gobierno: Situación económica y social; Seguridad y justicia; y Democracia.

Superada la emergencia económica

En el primero, Política económica y social, reiteró que México ha superado ya la emergencia económica de 1995, que provocó ``un severo daño en los niveles de vida de la población''.

Informó que durante el primer semestre de 1996 el PIB creció poco más de 3 por ciento y que ello prácticamente asegura la meta para el año en su conjunto.

Esta recuperación -indicó-, ha permitido que en materia de empleo se haya podido recuperar 100 por ciento de los asegurados permanentes que el IMSS perdió en los primeros siete meses de 1995.

Estableció que el repunte de la producción ha sido acompañado y favorecido por una baja significativa, pero aún insuficiente, en la inflación, la cual se estima ha sido de enero a agosto de alrededor de 18.5 por ciento.

De igual forma, apuntó como resultados positivos la paridad actual peso-dólar, así como la baja significativa en las tasas de interés, hasta 40 por ciento menos que a principios del año.

Informó que para el rescate financiero se tiene estimado erogar un total de 180 mil millones de pesos --cifra que, de acuerdo con el mismo informe, representa diez veces más de lo que este año se destinó a todo el sector agropecuario del país.

En materia social, el Presidente de la República destacó las reformas al IMSS, así como el gasto que se destinó al rubro social, donde ``de cada cien pesos que el gobierno programa gastar, más de la mitad, 54 pesos, se destina a mejorar las condiciones de vida de las personas, las familias y las comunidades''.

Dijo, sin embargo, que se tiene que hacer aún mucho más para quienes viven en condiciones de pobreza extrema, y para ello anunció un programa en el que concurrirán los esfuerzos que ahora se hacen separadamente en materia de alimentación, salud y educación básica para las familias más pobres del país.

Dicho programa tendrá un periodo de prueba y, en caso de resultados satisfactorios, se piensa extender a 4 millones de familias pobres para el año 2000.

Los mexicanos quieren un país sin impunidades

El tema de Justicia y seguridad lo inició el Presidente con el asunto indígena, en torno al cual dijo que el gobierno ``está decidido a que la nueva relación entre el Estado y las comunidades indígenas sea el motor para que éstas sean reconocidas como parte activa de una nación plural y cabalmente integrada por la paz y la unión, por la concordia y la dignidad, por las oportunidades y la justicia''.

Y adelantó que en el periodo ordinario que ayer comenzó se presentará una iniciativa de reforma conjunta entre el Legislativo y el Ejecutivo, en la que se expliquen y garanticen los derechos indígenas, y se asegure una educación bilingüe y pluricultural que reconozca sus formas de representación social para, de este modo, incorporarlas a la organización municipal.

Acerca de Chiapas, reiteró que ``el gobierno federal seguirá trabajando para que la solución al conflicto sea resultado del diálogo y asegure la atención a la miseria y el abandono que lo provocaron''.

Luego, el primer mandatario subrayó que continuará el combate al narcotráfico -pero no dio cifras de los resultados obtenidos en el año-, al tiempo que se comprometió a consolidar los programas de coordinación entre las corporaciones policiacas, velar por el orden público y el respeto al Estado de derecho, así como profundizar en la lucha contra el crimen organizado, pues ``los mexicanos queremos vivir en un país de leyes''.

Sobre los ``homicidios que han conmocionado a nuestra vida pública'', reiteró su respeto y apoyo a la independencia del Poder Judicial, por una parte, mientras que por otra se comprometió a mantenerse atento a que el ``Ministerio Público, a cargo de la PGR, actúe con apego a la ley, libertad de criterio y sin reparar en sensacionalismos ni en presiones o intereses ajenos a la justicia''.

En materia de combate a la corrupción, el Ejecutivo federal informó que en los últimos 12 meses se han impuesto más de 8 mil 700 sanciones administrativas, más de mil sanciones económicas por un monto que supera los 235 millones de pesos, y se han presentado 570 denuncias penales por conductas presuntamente delictivas.

``Combatimos la corrupción con hechos, no con desplantes publicitarios'', aseguró.

Condena a la violencia

En el ámbito político, Ernesto Zedillo resaltó de entrada su convicción de que el ejercicio del poder presidencial ``no sea autoritario ni se beneficie de facultades ajenas al derecho'', y señaló la necesidad de fortalecer el equilibrio de poderes así como del federalismo, pues sostuvo que ello es esencial ``para liquidar nuestra pesada herencia centralista''.

Dos cuartillas antes de que concluyera su texto, el Presidente de México se refirió de manera ligada a la violencia, los próximos comicios y a los grupos que ``recurren al terrorismo''.

Luego de resaltar la importancia de la reforma electoral aprobada en julio pasado, convocó a las fuerzas políticas del país a contribuir para que las elecciones de 1997 se realicen con ``absoluta legalidad'', transparencia, limpieza, confiabilidad y certeza de que sus resultados obedezcan a la voluntad popular.

Enseguida, el Presidente condenó el uso de la violencia, pues sostuvo que ``los mexicanos no aceptamos que cuando nuestro país está otra vez de pie, superando adversidades y retos, aparezcan grupos que utilizan el terrorismo para asesinar, destruir y atemorizar. No admitimos que precisamente cuando, con una participación libre y creciente, estamos avanzando a una democracia plena, surjan intentonas cruentas y caducas que en realidad pretenden cerrar el paso a la democracia e imponer su voluntad intolerante a los demás''.

En México, aseguró tajante, ``el poder político se disputa con las reglas de la democracia, no con la irracionalidad del terrorismo''.

Y por ello es que advirtió: ``Perseguiremos cada acto terrorista con toda nuestra capacidad y aplicando todo el rigor de la ley. Invariablemente apegados a derecho, respetando las garantías individuales y los derechos humanos, actuaremos con toda la fuerza del Estado''.

Por último, el Presidente de la República dijo que los retos que enfrenta México pueden ser superados si se cuenta con unidad y esfuerzo conjunto para iniciar una nueva etapa.

``Una nueva etapa en la que reafirmemos los valores que nos han sostenido a lo largo de nuestra historia; los valores que alentaron la Independencia, que inspiraron la reforma liberal, que dieron sentido a la Revolución Mexicana y que se plasmaron en nuestra Constitución''.

Entre las reacciones que generó el segundo Informe de Gobierno en los estados, agrupaciones ciudadanas y líderes de oposición criticaron la política económica de la actual administración y su ``apatía'' contra la impunidad y la corrupción, en tanto que sectores oficiales y empresariales expresaron su apoyo al presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y su rechazo a grupos ``desestabilizadores''.

En la ciudad de Chihuahua, miembros del movimiento Todos por Chihuahua se manifestaron contra la política económica del gobierno federal y la militarización de la seguridad pública en ese estado, la cual incluye retenes militares en carreteras y en la región serrana.

Vestidos de negro en señal de luto por el cierre de empresas y el desempleo, los manifestantes entonaron el Himno Nacional en la plaza pública y llegaron con pancartas ante el Palacio de Gobierno justo cuando los funcionarios de la administración panista escuchaban el Informe presidencial.

En Nuevo León el mensaje del presidente Zedillo fue recibido con escepticismo por la oposición, pero los sectores oficiales opinaron que ``habló con la verdad''.

El dirigente estatal del PRI, Juan Manuel Parás González, señaló que el mensaje presidencial no negó los problemas del país, mientras que para el secretario general del PRD, Santiago Dávila Chávez, Zedillo ya tuvo tiempo suficiente para combatir la impunidad y la corrupción, pero no hay pruebas de esa voluntad en sus casi dos años de gobierno, como lo muestra que no se haya llamado a cuentas a José Córdoba ni a Carlos Salinas en relación con el caso Colosio.

Pablo Emilio Madero, dos veces candidato presidencial (por el PAN y el PDM), subrayó ``la verdad'' del mensaje presidencial, pues ``se aceptó que no vivimos en una auténtica democracia''.

En La Paz, Baja California Sur, los dirigentes de las cámaras empresariales del estado su respaldo al presidente Zedillo y afirmaron que el país ``debe cerrar filas y hacer un vacío a la violencia y a los grupos armados que intentan desestablizarlo''.

El líder de los comerciantes en el estado, Abraham Gallegos, aseguró que ahora ``el país está mejor que al inicio del sexenio'', mientras que el dirigente del Partido de la Revolución Democrática en el estado, Ricardo Gerardo Higuera, dijo que los avances en materia económica de los que Zedillo habló en su informe ``no se han reflejado en la mesa de la mayoría de los mexicanos''.

En Mexicali, Baja California, al menos 550 familias se sumaron al apagón convocado por el Frente Cívico Mexicalense durante el segundo Informe del presidente Ernesto Zedillo, en protesta por la falta de atención del gobierno federal para solucionar el problema de las altas tarifas de energía eléctrica que aplica la Comisión Federal de Electricidad en la región, informó la la dirigente de esa agrupación y ex diputada perredista Silvia Beltrán Goldsmith. (Alejandro Romero, David Carrizales, Alfonso Gavito y Antonio Heras, corresponsales.